Sin identificar, 14 mil cuerpos van a la fosa común en los últimos seis años

MÉXICO.- El sexenio de Enrique Peña Nieto dejó un récord de personas que murieron sin nombre ni identidad: nunca antes tantos mexicanos fueron enviados a fosas comunes.  

Una investigación de MILENIO en registros oficiales revela que los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de 28 estados enviaron a las fosas comunes a por lo menos 14 mil 15 cuerpos sin reclamar entre 2013 y septiembre de 2019.

La cifra, histórica, significa que 11 de cada 100 víctimas de homicidio doloso en esos estados no fueron reclamadas y hoy yacen sepultadas sin identidad.

En términos oficiales, son miles de hombres, mujeres y niños que fueron catalogados y remitidos a la fosa como NN —Ningún Nombre— a ritmos nunca antes vistos, de acuerdo con una base de datos elaborada por este diario mediante medio centenar de solicitudes de transparencia a secretarías de Salud, servicios médicos forenses estatales, fiscalías y procuradurías de justicia.

Este atlas de cadáveres no identificados permite dimensionar parte de la crisis forense y de seguridad por la que atraviesa el país desde el sexenio de Felipe Calderón. Aunque es una aproximación, las cifras apuntan a que si se pusieran en fila los ataúdes de quienes terminaron en la fosa común —delincuentes, ciudadanos comunes, migrantes, podría cubrirse la distancia de la Basílica de Guadalupe a Xochimilco, o unos 25 kilómetros.  Es el equivalente a tres veces la altitud del monte Everest.

Cuatro estados no dan datos

La investigación también da cuenta de cuáles son los estados que simplemente se rehúsan a publicitar esta información, por lo que las cifras finales serían sustancialmente mayores: pese a reiteradas solicitudes vía transparencia, Estado de México, Morelos, Nayarit y Tlaxcala no proporcionaron datos.

En el caso nayarita, cabe destacar, no existen registros porque se sospecha que fueron manipulados durante la gestión de Édgar Veytia al frente de la Fiscalía del Estado, en tiempos en que colaboraba con el crimen organizado. 

En el caso mexiquense, por tratarse del estado con la mayor población y tasa de homicidios, es un hueco estadístico importante. Nunca, en los nueve años que se han hecho solicitudes de esta índole, el gobierno del Estado de México ha accedido a revelar esta información.

Aun así, por primera vez desde que se realiza este ejercicio, la gran mayoría de los estados sí accedieron a entregar la información contabilizada por sus servicios médicos forenses.

Pese a las resistencias, el mapa de muertes NN cada vez es más completo. Con base en las respuestas recibidas, se desprende que más de la mitad de los cadáveres sin identificar en el país (56 por ciento) se encuentran en cinco estados: Baja California (2 mil 921), Jalisco (mil 556), Ciudad de México (mil 430), Nuevo León (mil 107) y Sonora (935).

En contraparte, los estados con menos cuerpos enviados a fosas comunes son: Oaxaca, con 13; Campeche, con 26; Aguascalientes, con 78, y Colima, con 84.

Pero ahí obra también la duda: Colima es el estado con la mayor tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes en el país, pero de manera inconsistente reporta tasas extremadamente bajas de cuerpos sin identificar.  

Es una cifra que se derrumba con lo que denunciaba hace un año el presidente de la comisión de Servicios Públicos del ayuntamiento de Colima, Francisco Rodríguez: “con el tema de la inseguridad llegan gran cantidad de cadáveres a la fosa común y es un tema que está reventando”.

En lo que toca a los datos oaxaqueños, el número bajo se sustenta en que hasta 2018 no existía un registro de cuerpos NN; entró en funcionamiento apenas hasta este año. Todo lo ocurrido antes -y los cadáveres no identificados de otros tiempos-, no existe.

Aumenta registro de casos 

Junto con las tendencias de otros años, 2019 se perfila para terminar como el segundo año con más cuerpos sin identificar, ya que hasta septiembre suma mil 667 personas enviadas a fosas comunes.

De mantener el mismo ritmo, se llegará hasta los 2 mil 222 casos, solo superado por el último año del gobierno de Peña Nieto.

El registro de los dos últimos años revela un incremento de los cuerpos sin identificar en el país, pues entre 2013 y 2017 los Semefo registraron un número estable de envíos de restos mortales a fosas que oscilaba entre los mil 457 y mil 777 casos respectivamente.

Pero si las fosas comunes están a tope, los servicios médicos forenses también ya trabajan al límite de sus capacidades.

La ola de violencia que vive México genera un promedio de 80 muertes violentas cada día, las cuales saturan los forenses del país que se desempeñan con recursos limitados y tecnología que resulta obsoleta para enfrentar la carga de trabajo.

En ese sentido, este año la investigación incluyó también otro tipo de peticiones a las autoridades sanitarias.

Por ejemplo, el número de gavetas disponibles, para determinar cuántas instalaciones forenses se encuentran saturadas o los salarios del personal, así como las plazas disponibles.

Las cifras concuerdan con el diagnóstico del gobierno federal respecto a que se vive una crisis forense en el país.  Solo 20 entidades reportaron el número de espacios disponibles en sus instalaciones.

En total, suman apenas 2 mil 443 lugares, los cuales resultan insuficientes para atender la demanda nacional, que es de por lo menos 29 mil homicidios anuales.

A las precariedades con las que se desempeñan los médicos forenses se suma la irregularidad de sus salarios, que oscilan entre los 26 mil 700 pesos mensuales en San Luis Potosí o los casi 6 mil pesos en Tabasco.

Entidades con un alto índice de cuerpos enviados a fosas públicas cuentan con salarios aceptables, como Baja California y Jalisco, donde un médico percibe 20 mil 450 y 21 mil 447 pesos mensuales, respectivamente.

Los presupuestos que reportan los Semefo para cubrir los salarios mensuales  muestran disparidades muy grandes: el gobierno de Querétaro, por ejemplo, destina 2.7 millones de pesos para pagarle a 155 trabajadores, mientras que en Chiapas solo se tiene una partida de 409 mil pesos para repartir entre 345 servidores públicos.

cog