Jalisco, rezagado en materia ambiental por incumplimiento de leyes
En el estado escasean las acciones concretas de los gobiernos que garanticen la protección de los recursos naturales, señaló la directora del Instituto de Derecho Ambiental.
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Jalisco, rezagado en materia ambiental por incumplimiento de leyes
Jalisco se encuentra rezagado en temas ambientales porque la ley no se cumple, lo que resulta en la ausencia de acciones concretas de los gobiernos que garanticen la protección de los recursos naturales, como los ríos, bosques y mares, aseguró la directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.
Ejemplo de ello es el río Santiago, el cuerpo de agua más contaminado de México por los desechos que las industrias arrojan sin ser tratadas y que no reciben sanciones por hacerlo.
“A pesar de tener leyes o un esquema completo en la aplicación estamos muy rezagados. Nuestras instituciones no están funcionando y es así que los conflictos siguen aumentando. No es posible que tengamos el problema de la presa El Zapotillo, que tengamos el problema de un mal manejo, que hoy en día sigamos incidiendo con el río Santiago”, dijo.
A pesar de la intervención de las comisiones de derechos humanos a nivel estatal, federal e incluso internacional, como la Corte Interamericana (CIDH), que emitió el 7 de febrero del 2020 medidas cautelares para que el gobierno de Jalisco atienda la contaminación del río y las afectaciones en la salud que ésta ha provocado en las comunidades de los municipios de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, no se puede hablar de un avance significativo, puntualizó Gutiérrez Nájera.
La directiva cuestionó la efectividad de las secretarías e instituciones que atienden los problemas ambientales, como es el caso de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco (Semadet), que desde hace más de una década no ha ampliado su capacidad para monitorear la calidad del aire en los municipios del interior del estado como Ocotlán, Poncitlán y Jamay. También cuestionó el compromiso de los servidores públicos, debido a que son los presidentes y síndicos municipales quienes otorgan las licencias para los desarrollos de manera ilegal y con impactos severos al medio ambiente. La defensa del territorio y de los recursos naturales siempre ha sido de los colectivos y los ciudadanos, situación que urge cambiar, añadió Gutiérrez Nájera.
“Ahora la balanza se ha inclinado más que le dejan la carga a los ciudadanos. Eso tiene que cambiar”, finalizó.
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