Poder Judicial alista batalla legal contra reformas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los jueces y magistrados federales del país elaboraron una “demanda de amparo modelo” con la que enfrentarán leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión y diversos legisladores que, dicen, afectan la autonomía del Poder Judicial de la Federación. 

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Dicha demanda de garantías se comenzará a utilizar para echar atrás lo aprobado en días recientes por la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.

Funcionarios del Poder Judicial revelaron a MILENIO que éste es el inicio de la batalla legal que emprenderán contra el nuevo gobierno, encabezado por el partido Morena, y que responde al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Comentaron que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación puso a disposición de todos los juzgadores la demanda de amparo, en la que se propone combatir desde ahora los estatutos y diversas iniciativas de reformas, por estimarlas violatorias de la independencia y autonomía del PJF y, por lo tanto, contrarias a la Constitución y los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 

Mencionaron que el recurso legal plantea que cada juzgador es titular y depositario del Poder Judicial  y por tanto se constituye como garante natural de su independencia, por lo que la asociación de magistrados asume su responsabilidad impulsando el ejercicio cívico, ineludible de defensa de uno de los pilares del Estado de Derecho y salvaguarda de los derechos fundamentales.  

“Éste es el inicio de una defensa integral que se desarrollará estrictamente dentro de los cauces legales que ofrece nuestro orden jurídico, frente a un conjunto de iniciativas que desconocen la autonomía constitucional del Poder Judicial de la Federación, que pretende establecer una intromisión indebida y sistemática en el funcionamiento de un órgano independiente en franca contravención al principio de división de poderes". 

“Estas leyes e iniciativas se han acompañado de una corriente generalizada de descrédito al Poder Judicial de la Federación y a todos los juzgadores que no corresponde a la realidad y podría afectar la confianza y credibilidad ciudadanas en la administración de justicia con graves daños a la estabilidad social”, detalla el documento.  

Con esta decisión, se abre el frente más importante que enfrentará judicialmente cada una de las propuestas del nuevo gobierno que encabezará López Obrador, a partir del 1 de diciembre, cuyas propuestas, algunas, ya han sido aprobadas por el Congreso de la Unión.

De manera individual, jueces y magistrados han promovido amparos, por ejemplo, contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el próximo Presidente de la República. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que la mencionada ley es inconstitucional. 

ZNR

Los jueces y magistrados federales del país elaboraron una “demanda de amparo modelo” con la que enfrentarán leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión y diversos legisladores que, dicen, afectan la autonomía del Poder Judicial de la Federación. 

Dicha demanda de garantías se comenzará a utilizar para echar atrás lo aprobado en días recientes por la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.

Funcionarios del Poder Judicial revelaron a MILENIO que éste es el inicio de la batalla legal que emprenderán contra el nuevo gobierno, encabezado por el partido Morena, y que responde al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Comentaron que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación puso a disposición de todos los juzgadores la demanda de amparo, en la que se propone combatir desde ahora los estatutos y diversas iniciativas de reformas, por estimarlas violatorias de la independencia y autonomía del PJF y, por lo tanto, contrarias a la Constitución y los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Mencionaron que el recurso legal plantea que cada juzgador es titular y depositario del Poder Judicial  y por tanto se constituye como garante natural de su independencia, por lo que la asociación de magistrados asume su responsabilidad impulsando el ejercicio cívico, ineludible de defensa de uno de los pilares del Estado de Derecho y salvaguarda de los derechos fundamentales. 

“Éste es el inicio de una defensa integral que se desarrollará estrictamente dentro de los cauces legales que ofrece nuestro orden jurídico, frente a un conjunto de iniciativas que desconocen la autonomía constitucional del Poder Judicial de la Federación, que pretende establecer una intromisión indebida y sistemática en el funcionamiento de un órgano independiente en franca contravención al principio de división de poderes". 

“Estas leyes e iniciativas se han acompañado de una corriente generalizada de descrédito al Poder Judicial de la Federación y a todos los juzgadores que no corresponde a la realidad y podría afectar la confianza y credibilidad ciudadanas en la administración de justicia con graves daños a la estabilidad social”, detalla el documento. 

Con esta decisión, se abre el frente más importante que enfrentará judicialmente cada una de las propuestas del nuevo gobierno que encabezará López Obrador, a partir del 1 de diciembre, cuyas propuestas, algunas, ya han sido aprobadas por el Congreso de la Unión.De manera individual, jueces y magistrados han promovido amparos, por ejemplo, contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el próximo Presidente de la República. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que la mencionada ley es inconstitucional.