Lucha por los derechos de la comunidad LGBT

Para la diputada local, Mar Grecia Olivas, resulta fundamental tener presente que el reconocimiento de la dignidad humana conlleva el respeto a la diversidad cultural, funcional, etaria, de orientaciones sexuales y de identidades de género.

Indicó que el término “preferencias sexuales”, que reza en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Durango en relación a la no discriminación, se encuentra completamente rebasado, mencionó al presentar una iniciativa de reformas para actualizar el documento y sustituir este término por “orientación sexual”.

Por ello, agregó, el término que debe acuñarse en la Constitución no es pues la preferencia sexual, sino la orientación sexual, que es un término que el consenso científico del mundo demanda y que lamentablemente no se encuentra nombrado en ningún precepto de no discriminación.

Recalcó que la orientación sexual sí se refiere específicamente a la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad y es por eso que con esta iniciativa se busca actualizar la Constitución local, “pues se omitió una cuestión fundamental”.

Señaló que debe incluirse en la legislación la no discriminación por motivos de la identidad de género, cuestión diferente a la orientación sexual.

En ese sentido, opinó que el texto constitucional se encuentra en este momento obsoleto respecto a la terminología que debe imperar para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“El respeto de los derechos humanos se ha convertido en una prioridad para una servidora durante este periodo legislativo y esta iniciativa actúa en consecuencia”, expuso la diputada.

Además de las encuestas, existen cifras sobre los asuntos que resuelven instancias como el CONAPRED que también apuntan a la importancia de combatir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.

En año y medio (de enero de 2011 al 30 de abril de 2012), el CONAPRED conoció de 273 asuntos relacionados con presuntas violaciones a los derechos de las personas LGBT, de los cuales 237 fueron quejas en contra de particulares o personas morales y 36 fueron reclamaciones en contra de servidores públicos.

Los espacios más problemáticos para el ejercicio de los derechos de las personas LGBT, de acuerdo a las quejas, fueron los medios de comunicación, el trabajo, la prestación de servicios públicos, la familia, el espacio político-electoral y el religioso.

Tratándose de las reclamaciones, las más comunes estuvieron relacionadas con la negación de atención médica y el maltrato médico; la negativa a afiliar a las parejas del mismo sexo de los y las trabajadoras al régimen de seguridad social; el maltrato en instituciones educativas y el despido laboral.