México empeora en corrupción en países de AL

México descendió un lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

De acuerdo con la medición, la calificación de México empeoró por un punto al pasar de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia.

Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción y a nivel regional, México ocupa una de las perores posiciones en América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia.

A nivel regional, México ocupa la misma posición que Honduras y Paraguay, y es el país peor evaluado del G20, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero no es todavía un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo que es un riesgo de impunidad y corrupción para el sector público y privado.

De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar en transparencia de 102 países y logró posicionarse como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad.

Los resultados mostraron que la corrupción es un problema institucional: Chile y Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.

Para abatir el rezago, Transparencia Internacional recomendó a México asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el país e incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas "empresas fantasma".

Además, recomendó la creación de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.

Así como avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.