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Ministro responde tras ser detenido en Torreón; asegura no haber manejado en estado de ebriedad

A través de las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se publicó un comunicado de Javier Laynez Potisek.

Editorial Telediario Nacional /

Torreón, Coah.- El día de ayer se dio a conocer la noticia de la detención de Javier Laynez Potisek en la ciudad de Torreón por presuntamente conducir en estado de ebriedad durante el pasado fin de semana.

Laynez Potisek es uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este martes 12 de octubre, a través de sus redes sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un comunicado del propio Javier Laynez donde relata su versión de los hechos.

“No acostumbro a realizar aclaraciones o precisiones ante los medios de comunicación ni en las redes sociales. No obstante, permítanme con franqueza, humildad y con absoluta verdad exponer lo ocurrido el 9 de octubre de 2021 en Torreón, Coahuila”, escribe en las primeras líneas del comunicado.

Laynez fue contundente al mencionar que no aceptará que iba en estado de ebriedad, asegurando que no tuvo la oportunidad de probarlo.

“La detención que realizó el agente de la Policía Municipal de Torreón estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcoholímetro. Hasta el día siguiente, me enteré de que, para justificar la detención, el agente anotó la infracción de tránsito denominada ‘cambio intempestivo de carril’, lo cual jamás tuvo lugar”, señala Laynez Potisek.

Señaló que, a pesar de sus peticiones, nunca pudo ver ni hablar con un médico, con una autoridad, un juez, un ministerio público ni un representante de derechos humanos. Agregando que, al día siguiente, sus familiares pagaron la multa en efectivo para liberarlo, sin embargo, les negaron un recibo o comprobante.

“Quiero dejar claro, que estoy totalmente de acuerdo con la lucha y los operativos anti-alcohol. Nadie tiene derecho a manejar en estado de ebriedad y esta conducta debe ser sancionada con severidad. Sin embargo, estos operativos deben de sujetarse a estrictos estándares que eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de la ciudadanía”.

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