No tengo ninguna aspiración: Cervantes; urge a aprobar Fiscalía General

Al entregar su renuncia como procurador general de la República ante el Senado, Raúl Cervantes aseguró que no tiene ninguna aspiración política.

El funcionario aseguró que algunos legisladores han usado su nombre para no avanzar en la aprobación de leyes que permitan una mejor impartición de justicia, sin embargo enfatizó que no tiene "ninguna aspiración fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país".

"Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mi supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México", dijo a los senadores.

Aseguró que con su decisión de renunciar a la Procuraduría General de la República busca que los legisladores no continúen postergando la toma de decisiones en el país y que espera que tanto el Senado como la Cámara de Diputados "tengan la altura de miras" para aprobar las leyes que aseguren una Fiscalía General, las procuradurías y fiscalías en los estados.

"A efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento.

"Espero que el Senado de la República como en la Cámara de Diputados tengan la altura de miras y aprueben a la brevedad las leyes que aseguren una Fiscalía General, procuradurías y fiscalías en los estados eficaces, autónomas e independientes y con arquitectura institucional homologada, diseñada para asegurar justicia a todos los mexicanos", dijo Cervantes Andrade ante los coordinadores convocados esta mañana.

¿Qué dijo Raúl Cervantes a los legisladores?

En la reunión privada con los coordinadores, Raúl Cervantes presumió que durante el año que estuvo al frente de la dependencia se logró la aprehensión de gobernadores corruptos y alcaldes que pactaron con la delincuencia organizada.

El ex procurador dijo que deja lista la investigación de uno de los mayores esquemas de corrupción internacional vistos en América Latina y en México, que corrompió funcionarios públicos al obtener contratos de manera indebida.

Cervantes ponderó que en estos 12 meses no sólo se ha elaborado el nuevo diseño institucional para mejorar la procuración de justicia.

“También hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables. Ahí están los casos de varios ex gobernadores que, sin distingo partidista, ahora enfrentan a la justicia mexicana por los abusos y excesos que cometieron con recursos públicos. Alcaldes que pactaron con la delincuencia, también han sido procesados”, dijo a los legisladores.

Diría que sólo se pudo avanzar gracias a la confianza que se ha forjado con varios de nuestros pares en el extranjero, por lo que desde aquí les agradezco.

“Ya con ello, en los siguientes días, se harán las imputaciones correspondientes ante el Poder Judicial Federal”.

Cervantes apuntó que dichos logros no son suficientes.

 “Y no podemos ir más rápido, ni ser más eficientes si no hacemos Ya la transición a un nuevo esquema institucional que asegure, día a día, mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad. No se trata de personas. Se trata de construir mejores instituciones”.

El ex procurador pidió a los legisladores concretar las reformas pendientes para que esté listo el Sistema Nacional Anticorrupción y dijo que en 10 días presentarán las conclusiones de la consulta Nacional “Construyamos Justicia” a la Suprema Corte, al Gabinete de Seguridad, a la Conferencia Nacional de Procuradores, a la Academia y a la opinión pública.

“En este documento se abordan a detalle los retos y requerimientos necesarios para hacer avanzar la justicia en nuestro país”, que permitirá mejorar la legislación federal, pero también homologar los códigos penales de los estados, “para, con todo ello, armar el andamiaje de las nuevas instituciones encargadas de la procuración de justicia”.

Dijo que el Constituyente no se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma para que, con completa autonomía, los fiscales o Ministerios Públicos puedan decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal y que los titulares sean los que impulsen las políticas públicas en materia de criminalidad.

“Sólo así se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”.