Recomiendan reparar daños a deudos de ejecutado en Chiapas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó indemnizar a la esposa e hijos de un hombre detenido y ejecutado en 2015 por policías de Tila, en Chiapas, además de investigar de manera eficaz el homicidio y que se sancione a los policías y funcionarios involucrados en el caso.

Emitió una recomendación dirigida al fiscal general de Chiapas, Raciel López Salazar, y al presidente del ayuntamiento de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, señakó que se realizó una detención y ejecución arbitrarias de la víctima y faltó diligencia en las investigaciones de su muerte.

El organismo detalló en la recomendación 44/2017 que se comprobaron violaciones a los derechos del hombre, así como a su esposa, que pertenece a la etnia chol, y sus tres hijos.

Explicó que se violaron los derechos a la integridad personal y al acceso a la justicia, en la modalidad de inadecuada procuración de justicia.

El 21 de agosto de 2015 el organismo recibió la queja de una mujer chol, quien denunció la desaparición de su esposo el 17 de julio de ese año ante la Procuraduría de Justicia de Chiapas, pero sólo se inicio un acta administrativa.

La mujer reportó que su pareja desapareció en la comunidad de Nueva Esperanza, donde había acudido a una capacitación electoral como funcionario suplente de casilla para las elecciones municipales de Tila.

El 24 de julio de ese año el cuerpo del hombre fue localizado en el rancho San José Changuinic y su esposa presentó una denuncia ante la Procuraduría por desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria, de donde se radicó la averiguación previa por el delito de homicidio simple en agravio del fallecido, contra dos policías municipales.

El organismo dijo que comprobó que el hombre fue detenido por dos policías municipales de formar arbitraria 17 de julio de 2015 al salir de la capacitación. Los elementos policiacos golpearon y amenazaron de muerte a la víctima.

El 9 de junio de 2016, el Juzgado Tercero dejó en libertad a los policías por falta de elementos para demostrar su probable responsabilidad en el homicidio.

Mientras que el Ministerio Público no realizó diligencia alguna para robustecer la investigación sobre este hecho del 9 de septiembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017,

Por lo anterior, la CNDH pide reparación de daños a las víctimas supervivientes a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), que deberá incluir indemnización justa y atención psicológica, además de su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.

También indicó que se deberá investigar de manera eficaz el homicidio y que se ejecute la orden de aprehensión emitida contra los policías municipales involucrados, además de comenzar una sanción administrativa contra los funcionarios que violaron derechos humanos en el caso.

Mientras que al edil de Tila le solicitó un censo de seguridad en el municipio, realizado en coordinación con autoridades estatales para conocer los perfiles que los elementos policiacos deben cumplir.