Reconoce Coneval a Durango por buenas prácticas gubernamentales
Durango con mejores instrumentos para monitoreo y evaluación: CONEVAL.
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Ciudad de México.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reconoció al Estado de Durango como una de las entidades federativas con mejor aplicación de Instrumentos de Monitoreo y Evaluación en el 2017, una práctica referente del Gobierno del Cambio que encabeza el gobernador José Rosas Aispuro Torres.
Durango recibe una distinción especial por la Mejora de la Regulación del Desarrollo Social mediante la creación del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (INEVAP), responsable de normar y coordinar la evaluación de las políticas públicas y programas presupuestarios de los 3 poderes, destacó el mandatario al recibir el galardón de Buenas Practicas de Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas 2017.
Las entidades federativas que fueron reconocidas porque reflejan avances en la institucionalización y el fortalecimiento de instrumentos de monitoreo y evaluación, son Morelos, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Yucatán Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Campeche y Durango, así como el municipio de Hermosillo y Sonora.
La convocatoria contó con siete categorías, en las cuales los participantes postularon prácticas para la generación de evidencia para mejorar la toma de decisiones en políticas públicas estatales, tales como el uso de la información de monitoreo y evaluación para mejorar la política de desarrollo social, mejora de la regulación del desarrollo social, herramientas para el diseño de la política de desarrollo social; instrumentos de monitoreo, instrumentos y ejercicios de evaluación y rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información.
Cabe mencionar que el CONEVAL, impulsa la cultura de la evaluación mediante la difusión de las mejores prácticas de monitoreo y evaluación implementadas por las entidades para fortalecer sus sistemas, y realiza la entrega de reconocimientos cada dos años a los gobiernos estatales.
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