Reforma a la Ley de Hidrocarburos fue aprobada en lo general por el Senado

MÉXICO.- Las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la Ley de Hidrocarburos fueron aprobadas en lo general por el Senado de la República.

Dichas reformas que tienen como objetivo garantizar la soberanía y seguridad energética del país, así como combatir el comercio ilícito de combustibles y petrolíferos.

En sesión a distancia, con 65 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones se aprobó el dictamen enviado por la Cámara de Diputados que robustece el marco legal para combatir el huachicol y el contrabando de gasolinas y diésel.

La presidenta de la Comisión de Energía del Senado, Rocío Adriana Abreu Artiñano, presentó el dictamen y advirtió que "los permisos de importación han provocado distorsión y prácticas ilegales en el mercado, como la venta ilícita de combustibles al amparo de esta figura". 

Destacó que el robo y contrabando de combustibles tuvo un incremento sustancial en la última década, a la par de la liberación de la importación de hidrocarburos, lo que afectó gravemente el erario y generó una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.

La legisladora morenista denunció que el mercado ilícito de petrolíferos creció durante las pasadas administraciones y sólo durante los años 2016, 2017 y 2018, las pérdidas alcanzaron 147 mil millones de pesos, cifra superior al presupuesto de varias entidades federativas.

Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora Ana Lilia Rivera señaló que el proyecto tiene como objetivo reivindicar el rol preponderante de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sector, como garante de la seguridad y de la soberanía energética, así como del desarrollo nacional.

Indicó que mediante el combate frontal a las principales causas que han hecho que la transición de los últimos años impactara negativamente en la eficiencia y en la autosuficiencia energética del país, como lo son la corrupción pública y privada, el robo de combustible y el desabasto.

Por eso, agregó que "coincidimos con la iniciativa de origen y con las valoraciones de la colegisladora, respecto a que las reformas planteadas por el proyecto son idóneas y necesarias para desincentivar el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción y garantizar el abasto de combustibles". 

A nombre del PRI, Claudia Ruiz Massieu presentó un voto particular donde cuestionó a la mayoría, "hoy el grupo mayoritario honra como nunca, su compromiso de hacer historia.

Una historia de obediencia ciega por encima del interés nacional. Cuál es el objetivo del oficialismo al imponer su fuerza aritmética para avanzar en la aprobación de la vergonzosa agenda legislativa dictada desde Palacio Nacional.

Una agenda que es ajena a la construcción de acuerdos, repleta de inconstitucionalidades; tramitada sin el más mínimo análisis técnico y con la mayor celeridad posible por las mayorías parlamentarias en ambas Cámaras del Congreso de la Unión". 

La panista Xóchitl Gálvez advirtió en tribuna que "es también lamentable que por no moverle ni una coma los legisladores de Morena y sus aliados aprueben una ley que terminará en la Corte, porque así como está la iniciativa más tardará su publicación que en llegar a la Corte y luego será letra muerta". 

Mientras que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió las reformas, "se sustenta en la necesidad de fortalecer al sector energético desde una perspectiva de soberanía nacional a través del acceso igualitario la estabilidad financiera, el combate frontal contra la corrupción y la implementación de las mejores prácticas, esto significa garantizar la seguridad energética y fortalecer al Estado mexicano".

El dictamen señala que se busca reordenar diversas actividades económicas en el sector energético, con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.

La minuta propone facultar a la Secretaria de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos, cuando los titulares de los mismos cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Asimismo, plantea que se puedan suspender los permisos expedidos a permisionarios, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética o para la economía nacional.

El proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados también dota de seguridad jurídica al permisionario, pues le permite solicitar la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas y no se hayan originado ilícitos penales o infracciones administrativas. Otro de los objetivos es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior a la que pagaron.

Para ello, se establece la revocación de permisos de operación para los concesionarios que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos.

El documento indica que se aplicará la misma sanción a aquellos permisionarios que modifiquen las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipos sin la autorización correspondiente.

Por otro lado, plantea que, en el supuesto de no emitirse una resolución por parte de la Sener o de la CRE, en cuanto a la resolución de permisos dentro de los términos que marca la ley, esta se entenderá en sentido negativo.

Además, eleva a rango legal las disposiciones normativas establecidas en la política de almacenamiento mínimo de petrolíferos, y dispone que el otorgamiento de los permisos estará sujeto también a la capacidad de almacenamiento que determine la Sener, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

La reforma también elimina la posibilidad de que el Estado contrate a terceros con capacidad técnica, para operar el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.

cog