Reforma energética no deja ganancias esperadas, advierte Fundar

La recaudación de ingresos petroleros no está registrando los niveles esperados, tras la implementación de la reforma energética, e incluso están representando un costo para las finanzas públicas en México, advirtió un estudio del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

 Tan sólo de 2013 a 2017, los ingresos petroleros cayeron en 54.5 por ciento, mientras que la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) pasó del 8.3 a 3.8 por ciento, cuando la legislación dice que dichos ingresos deben representar el 4.7 por ciento del PIB, de acuerdo con el Anuario 2017.

Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio de la organización. Además, el estudio advirtió que en 2017 no hubo recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las empresas que explotan el petróleo, que “supuso pérdidas para el Estado por 5 mil 527.8 millones de pesos”.

En dicho documento, Fundar emitió una serie de recomendaciones para garantizar finanzas públicas sanas que resulten de un aprovechamiento de la reforma energética, entre las que destacan una reforma legal para garantizar una contribución fija de ingresos públicos por los contratos de exploración y extracción, así como eliminar el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), por no ser transparente.

Como parte de las conclusiones del análisis financiero desarrollado en el documento, la organización asegura que los presuntos beneficios que traería la reforma energética, tales como obtener más recursos para sectores como salud, educación e infraestructura, “están aún lejos de cumplirse”.

Además, manifiesta una preocupación por la opacidad con la que opera el FMPED, que es el mecanismo en el que se recaudan y se administran los ingresos petroleros provenientes de las empresas productivas del Estado y de los concesionarios.

El texto, coordinado por Beatriz Adriana Olivera Padilla y Aroa de la Fuente López, explica que de 2013 a 2017 hubo una caída del ingreso petrolero del 54.5 por ciento, motivada por factores como los precios del petróleo en el mercado mundial, la plataforma de producción petrolera y los cambios introducidos por la reforma hacendaria de 2013.

“Todos estos factores tuvieron también un efecto en el porcentaje del PIB que representan los ingresos petroleros, incluyendo los que corresponden al Gobierno Federal y a Pemex (…) Su contribución ha caído de manera pronunciada desde 2013, pasando de representar el 8.3 por ciento a tan solo el 3.8 por ciento en 2017. Esta cifra se sitúa debajo del porcentaje de 4.7 por ciento con el que, según la reforma constitucional en materia energética y la Ley del FMPED, los ingresos petroleros deberían de contribuir al Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Para las investigadoras, llama la atención que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “no presenta información que explique por qué el Estado está asumiendo costos del ISR de las empresas petroleras ni por qué este ingreso resultó negativo cuando, en el estimado para ese año, este ingreso aparecía en ceros”.

La investigación detalla que uno de los principales cuestionamientos a la SHCP es por qué si existen 421 asignaciones vigentes de Petróleos Mexicanos en marzo de 2018 y 55 contratos adjudicados en 2017, en vez de ingresos hay pérdidas por ISR.

“Para 2015 y 2016 se recaudaron por este concepto 5 mil 232 millones de pesos y 221 millones, respectivamente”, agregó. Ante estos datos, Fundar asegura que “urge que la SHCP explique la causa de la disminución en este tipo de ingresos y el hecho de que para 2017 hayan supuesto un gasto fiscal para el Estado”.

Entre otras recomendaciones, Fundar considera necesario que la SHCP publique información que permita prever la contribución a las arcas públicas que representará cada asignación y contrato y actualizarla ante cambios en el escenario, como los precios del petróleo.

Asimismo, SHCP debería publicar previsiones sobre el impacto que representaría la disminución de producción de Pemex y cómo el sector privado compensaría esa disminución, para cumplir con el objetivo de que los ingresos petroleros sumen el 4.7% del PIB que establece la legislación en la materia.