Reprocha México a EU la operación secreta para detener a Salvador Cienfuegos 

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard dijo que México expresó por escrito su descontento con el gobierno de EU por no haber compartido información sobre el operativo para detener a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en el sexenio de Peña Nieto, actualmente preso en Los Ángeles, por presuntos nexos con el narcotráfico.  

“Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento de que no se haya compartido información y se valorarán una serie acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio”, aseguró en Palacio Nacional.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que ante este asunto su gobierno actuará “con prudencia”, al recordar que EU se encuentra en periodo de elecciones “y no queremos que se manipule nuestra postura.  

“Vamos a esperar, ya la semana que viene vamos a informar más, tenemos que actuar con mucha prudencia hemos llevado buena relación con el gobierno de EU y queremos seguir manteniendo buenas relaciones”, expresó.  

López Obrador agregó que “independientemente si es responsable o no el general Cienfuegos” se defenderá al Ejército “que es una institución fundamental del Estado y no se puede hacer juicios a tabla rasa y culpar a todos los miembros del Ejército, porque se cometería una injusticia y socavando una institución muy importante para la seguridad interna y de la soberanía.  

“Nosotros somos libres, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política para hacer valer los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y hacer valer la independencia como lo que somos: un país soberano. Nosotros no hemos permitido ningún acuerdo para que agentes de gobiernos extranjeros, y en particular de EU, participaran en asuntos que solo corresponde atender a los mexicanos”.  

EL MÁS TEMIDO EQUIPO LEGAL  

El general Cienfuegos enfrentará los cuatro cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero en una de las fiscalías donde han desfilado, en los últimos 20 años, una serie de fiscales que han logrado acusar, e incluso detener y enjuiciar, a narcos de alto perfil como Héctor y Arturo Beltrán Leyva, Joaquín El Chapo Guzmán, Ignacio Coronel y Vicente Carrillo Fuentes, así como a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit.  

La fiscalía del Este de Nueva York cuenta con uno de los equipos legales más temido en EU, especializados en crimen organizado y que en los últimos 30 años lleva un registro caso imbatible contra los capos mexicanos.  

En esas paredes —donde fue sentenciado a cadena perpetua El Chapo y se abrió proceso contra los Beltrán Leyva, los Zambada y quienes presuntamente los protegían como García Luna— están ocho abogados, incluyendo al actual Seth DuCharme, que llegó apenas en julio por Richard Donahue, a quien le tocó firmar la sentencia del Chapo, la orden para que se detuviera al general Cienfuegos (agosto 2019) y a García Luna, (diciembre 2019).  

Todos ellos tienen algo en común, la presencia de la fiscal asistente Andrea Goldbarg, abogada de origen argentino, que halló en la difícil ruta de perseguir y consignar narcos su vocación. En 2005 se involucró en el caso del colombiano Juan Carlos Ramírez, Chupeta, años después fue invitada por Washington, DC, para dirigir una unidad de investigación dirigida contra capos mexicanos: “Una vez que llegué a este trabajo, supe que era exactamente lo que se supone debía hacer”, dijo a The Record, una publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston de la cual es egresada.  

Goldbarg atribuye gran parte de su éxito a escuchar las comunicaciones intervenidas de los agentes de la DEA con los que trabaja y a las charlas con testigos cuya cooperación necesita para avanzar en los casos.  

Participó en las investigaciones que llevaron a la cadena perpetua tanto de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, como de El Chapo.  

Goldbarg, ahora asignada a la oficina del fiscal del distrito sur de Florida, ha iniciado casos contra miembros de cárteles mexicanos como el de Sinaloa, pero también de Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los agentes de la DEA con los que colabora es Víctor Vázquez, quien testificó en el juicio contra Joaquín Guzmán. 

Vázquez, junto a su pareja Andrew Hogan, fueron claves para la captura de Guzmán en Mazatlán, en febrero de 2014. En su libro Hunting Chapo, el retirado agente Hogan detalló el método de las intercepciones: “Era un proceso arduo que tomaba semanas y ya después un abogado auxiliar estadunidense las revisaba y alguien más las llevaba hasta un tribunal federal para que un magistrado las firmara”.  

Las intercepciones las han continuado quienes se quedaron en la corte de Brooklyn; uno de ellos es Michael Robboti, quien ahora encabeza las investigaciones contra García Luna, Cienfuegos e Iván Reyes Arzate, un ex alto mando policiaco mexicano.  

“Los mexicanos no sabían que agentes federales estadunidenses podían interceptar mensajes PIN en Blackberry”, abundó Hogan en su libro.  

Es justamente el caso del general Cienfuegos a quien, presuntamente, le interceptaron comunicaciones de su Blackberry, según consta en el Memorando de Detención Permanente ingresado el viernes y que en voz de su abogado se declaró dispuesto a “limpiar su nombre” de esas acusaciones.   

dezr

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard dijo que México expresó por escrito su descontento con el gobierno de EU por no haber compartido información sobre el operativo para detener a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en el sexenio de Peña Nieto, actualmente preso en Los Ángeles, por presuntos nexos con el narcotráfico.  

“Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento de que no se haya compartido información y se valorarán una serie acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio”, aseguró en Palacio Nacional.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que ante este asunto su gobierno actuará “con prudencia”, al recordar que EU se encuentra en periodo de elecciones “y no queremos que se manipule nuestra postura.  

“Vamos a esperar, ya la semana que viene vamos a informar más, tenemos que actuar con mucha prudencia hemos llevado buena relación con el gobierno de EU y queremos seguir manteniendo buenas relaciones”, expresó.  

López Obrador agregó que “independientemente si es responsable o no el general Cienfuegos” se defenderá al Ejército “que es una institución fundamental del Estado y no se puede hacer juicios a tabla rasa y culpar a todos los miembros del Ejército, porque se cometería una injusticia y socavando una institución muy importante para la seguridad interna y de la soberanía.  

“Nosotros somos libres, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política para hacer valer los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y hacer valer la independencia como lo que somos: un país soberano. Nosotros no hemos permitido ningún acuerdo para que agentes de gobiernos extranjeros, y en particular de EU, participaran en asuntos que solo corresponde atender a los mexicanos”.  

EL MÁS TEMIDO EQUIPO LEGAL  

El general Cienfuegos enfrentará los cuatro cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero en una de las fiscalías donde han desfilado, en los últimos 20 años, una serie de fiscales que han logrado acusar, e incluso detener y enjuiciar, a narcos de alto perfil como Héctor y Arturo Beltrán Leyva, Joaquín El Chapo Guzmán, Ignacio Coronel y Vicente Carrillo Fuentes, así como a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit.  

La fiscalía del Este de Nueva York cuenta con uno de los equipos legales más temido en EU, especializados en crimen organizado y que en los últimos 30 años lleva un registro caso imbatible contra los capos mexicanos.  

En esas paredes —donde fue sentenciado a cadena perpetua El Chapo y se abrió proceso contra los Beltrán Leyva, los Zambada y quienes presuntamente los protegían como García Luna— están ocho abogados, incluyendo al actual Seth DuCharme, que llegó apenas en julio por Richard Donahue, a quien le tocó firmar la sentencia del Chapo, la orden para que se detuviera al general Cienfuegos (agosto 2019) y a García Luna, (diciembre 2019).  

Todos ellos tienen algo en común, la presencia de la fiscal asistente Andrea Goldbarg, abogada de origen argentino, que halló en la difícil ruta de perseguir y consignar narcos su vocación. En 2005 se involucró en el caso del colombiano Juan Carlos Ramírez, Chupeta, años después fue invitada por Washington, DC, para dirigir una unidad de investigación dirigida contra capos mexicanos: “Una vez que llegué a este trabajo, supe que era exactamente lo que se supone debía hacer”, dijo a The Record, una publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston de la cual es egresada.  

Goldbarg atribuye gran parte de su éxito a escuchar las comunicaciones intervenidas de los agentes de la DEA con los que trabaja y a las charlas con testigos cuya cooperación necesita para avanzar en los casos.  

Participó en las investigaciones que llevaron a la cadena perpetua tanto de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, como de El Chapo.  

Goldbarg, ahora asignada a la oficina del fiscal del distrito sur de Florida, ha iniciado casos contra miembros de cárteles mexicanos como el de Sinaloa, pero también de Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los agentes de la DEA con los que colabora es Víctor Vázquez, quien testificó en el juicio contra Joaquín Guzmán. 

Vázquez, junto a su pareja Andrew Hogan, fueron claves para la captura de Guzmán en Mazatlán, en febrero de 2014. En su libro Hunting Chapo, el retirado agente Hogan detalló el método de las intercepciones: “Era un proceso arduo que tomaba semanas y ya después un abogado auxiliar estadunidense las revisaba y alguien más las llevaba hasta un tribunal federal para que un magistrado las firmara”.  

Las intercepciones las han continuado quienes se quedaron en la corte de Brooklyn; uno de ellos es Michael Robboti, quien ahora encabeza las investigaciones contra García Luna, Cienfuegos e Iván Reyes Arzate, un ex alto mando policiaco mexicano.  

“Los mexicanos no sabían que agentes federales estadunidenses podían interceptar mensajes PIN en Blackberry”, abundó Hogan en su libro.  

Es justamente el caso del general Cienfuegos a quien, presuntamente, le interceptaron comunicaciones de su Blackberry, según consta en el Memorando de Detención Permanente ingresado el viernes y que en voz de su abogado se declaró dispuesto a “limpiar su nombre” de esas acusaciones.   

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