En riesgo, 6 mil mdp de ahorradores: Condusef

El dinero de más de 583 mil personas de 28 estados del país está en riesgo por tenerlo invertido en algunas de las 97 cajas de ahorro popular a punto de la quiebra, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Se trata de más de seis mil 209 millones de pesos que forman parte de los activos de dichas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), que están clasificadas como impedidas de captar, debido a su situación de insolvencia y que, por recomendación de Condusef, no deben operar más ni recibir depósitos de parte de sus socios, pues de hacerlo incurrirían en una ilegalidad.

De acuerdo con los datos del organismo, 30 de esas cajas en riesgo, es decir, 31%, se ubican en Oaxaca, 14 en Michoacán, 13 en Jalisco, 11 en Veracruz, 10 en Guanajuato y nueve en Puebla, mientras que las restantes se reparten en 22 entidades federativas, excepto Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

En entrevista con MILENIO, el titular de la Condusef, Mario Di Costanzo, explicó que la clasificación de esas 97 cajas de ahorro significa “que el dinero ahí está en riesgo” porque el mal manejo de sus recursos las orilló a la quiebra.

“No son ilegales. No es que sean ilegales per sé, sino la actividad de captar; quizá lo que hicieron antes de que se emitiera este estatus no fue ilegal, pero si captan más sí es ilegal porque ya no son seguras ni viables”, detalló.

Además, existen otras 135 cajas de ahorro que fueron clasificadas dentro de la categoría D, las cuales ni siquiera están en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de constituirse y operar.

Las Socaps son entidades financieras que operan en regiones rurales, alejadas de zonas urbanas, en donde los bancos no tienen presencia.

Además, de las 97 cajas consideradas en riesgo de quiebra e impedidas de captar, la Condusef también tiene identificadas al menos 10 en proceso “de consolidación”, con más de 131 mil socios y más de 931 millones de pesos en activos, que al no cumplir con los requisitos legales para operar deberán optar “por una salida ordenada” con el apoyo de los esquemas que ofrecen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Condusef.

Mientras concluye su proceso de consolidación, estas no pueden abrir nuevas cuentas de ahorro o crédito, pero sí pueden administrar las ya existentes, aunque sus socios no deben realizar depósitos adicionales.

Di Costanzo explicó que una de las principales propuestas para resguardar el dinero de los usuarios de estas cajas en riesgo es la “consolidación” con cajas de ahorro mayores que pudieran darle un respaldo financiero a éstas y a otras que incluso no están registradas ante las plataformas de la Condusef.

Sin embargo, la parálisis en la que se encuentra la llamada ley Ficrea en el Senado ha impedido que se concrete la consolidación de dichas cajas para garantizar la seguridad de los usuarios que han invertido allí su dinero.

 Un sector en crecimiento

 En solo 800 de los 2 mil 492 municipios de México hay una sucursal bancaria, mientras que en el resto predominan las cajas de ahorro popular, según la Condusef.

Mientras los bancos atienden a aproximadamente 78 millones de personas, las Socaps, clasificadas en diferentes niveles, dan servicio a unas 10 millones de personas que mantienen una cartera de 100 mil millones de pesos, y cumplen con funciones de ahorro, préstamo y recepción de remesas.

Por número de socios, las cajas de ahorro “impedidas de captar” se encuentran en segundo lugar, solo después de las 156 cajas de ahorro autorizadas que tienen más de seis millones de socios y activos por más de 122 mil millones de pesos.

“Al ser tantas cajas de ahorro, hay muchas que ya, por ejemplo, ahorita no pueden captar recursos, están en un estatus en rojo y sin embargo, si la gente no sabe, puede ir a depositar su dinero en esos lugares y finalmente arriesgar su dinero”, dijo el titular del organismo.

También hay 491 cajas básicas (entre las que se cuentan las 135 que no cumplen con requisitos), que son tan pequeñas que aunque se les permite realizar operaciones de ahorro y crédito, no cuentan con seguro de depósito, pero que tienen al menos 291 mil socios y más de dos mil millones de pesos en activo y 18 en proceso de autorización, que tampoco cuentan con dicho seguro.

 “Hay cierto segmento de estas cajas, de un segmento básico para abajo, en donde no está muy clara o no es muy segura la protección al usuario”, advierte Di Costanzo.

Para atender a ese sector, las reformas a la Ley de Crédito Popular o ley Ficrea buscaban extender la protección mediante una mejor organización y más disposiciones a cumplir, “para que esta obligatoriedad o este ingrediente de protección fuese para todos”, dijo el funcionario.

La urgencia de esta reforma radica en que en las comunidades rurales donde no hay sucursales bancarias, en muchas ocasiones solo tienen la posibilidad de recurrir a estas cajas de ahorro básicas o sin registro.

Uno de los principales retos de política pública es “cómo hacemos que en esta comunidad exista una caja de ahorro con todas las garantías de protección”.

Para Di Costanzo, “esto se hace, creo yo, es una opinión muy personal, mediante este esquema de fusiones, en donde la caja grande, que tiene la infraestructura, llegue hasta donde estaba esta chiquita, que a lo mejor tiene una influencia muy regional o muy local, pero que dada su constitución o su funcionamiento puede generar un mayor riesgo”.