CJNG pagó para matar a un agente de la DEA
Desde una cárcel en Estados Unidos, presos y un par de mujeres planearon asesinar a un agente que testificaría contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
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El atentado contra el agente de la DEA se fraguó desde un centro de detención en Texas. | Reuters
El 26 de junio del 2020 fue capturado en la capital mexicana José Armando Briseño Santos, conocido como La Vaca, jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que valiéndose de un comando armado intentó en la mañana de ese día asesinar de 414 disparos al jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Como se sabe, el funcionario se libró del atentado gracias al blindaje de su vehículo y a la reacción de sus escoltas, no sin sufrir tres heridas y la pérdida de dos policías y una transeúnte inocente.
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Ese mismo día, a mil 600 kilómetros de ahí, se fraguaba un asesinato que realizarían miembros del mismo cártel en contra de otro policía, un agente especial de la oficina antidrogas, la DEA, pero en territorio estadunidense.
Contra toda la prudencia que recomendaban antiguos códigos mafiosos, tal acción fue echada a andar. Muchos aún recordaban cómo años atrás la muerte de otro agente de la Drug Enforcement Administration, Enrique Kiki Camarena, fue un elemento clave que terminó destruyendo al Cártel de Guadalajara. Aun así, el CJNG quería hacer su propia apuesta y arriesgar.
Videollamada para liquidar al agente
Enclavado entre praderas y grandes extensiones, salpicado de rebaños de ganado y casas de techos a dos aguas habitadas casi exclusivamente por gente blanca, se ubica el Centro de Detención Johnson, en el condado y ciudad que llevan ese nombre, al norte de Texas.
Desde ahí Manuel García Gómez, un integrante del CJNG, se sentó frente a una de las computadoras habilitadas durante la pandemia, justo cuando se prohibieron las visitas en las cárceles de ese país para evitar contagios de covid-19. El recluso se conectó a una videollamada y esperó hasta que respondió desde México Eva Denisse, su hermana menor.
Ella, durante la conversación, tomó su teléfono y le mostró a su hermano una fotografía que un informante del cártel le había conseguido después de varios meses. La imagen que aparecía en la pantalla era la de un hombre canoso, de unos 50 años:
“¿Es él?”, preguntó Eva aún con duda. “Sí, es él”, respondió su hermano con una amplia sonrisa.
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MILENIO tuvo acceso a testimonios, documentos y declaraciones de cómo durante ese día, mientras las autoridades en México repelían el ataque y regresaban el golpe al CJNG en territorio mexicano, en Estados Unidos esta organización se preparaba todo para asesinar a un agente de la DEA asignado al área texana.
El atentado tenía dos motivaciones: una era simplemente la venganza, y otra para que ese funcionario no pudiera testificar en contra de Manuel García, conocido por ser un operador mexicano de narcolaboratorios en ese país, detenido por el policía antidrogas en marzo del año 2020.
A García al parecer no le importaba repetir la historia de asesinato que la DEA no ha perdonado durante 38 años, la de Kiki Camarena a manos del Cártel de Guadalajara.
La estructura del CJNG en EUA
A inicios del año 2020 el Departamento de Justicia reveló un expediente que dejó en evidencia una de las redes más grandes en la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos.
Exhibieron el modus operandi de 28 personas que vendían y procesaban estupefacientes en laboratorios, lavaban dinero y lo enviaban a México a través de un sistema internacional como el que utilizan los migrantes mexicanos para enviar remesas a sus familiares. Un sistema que pasó desapercibido durante más de cinco años y que era operado desde Dallas por José Albino Valdovinos Jiménez, alias La Roca, representante de Nemesio Oceguera, El Mencho, líder del CJNG.
Valdovinos implementó cuidadosamente una estructura para sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero, asignando responsabilidades y roles específicos a cada una de las personas que trabajaban desde Estados Unidos.
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La ruta de la droga del cártel empezaba con el contrabando de grandes cantidades de metanfetamina a través de la frontera. Esta, en su presentación líquida, era introducida en las llantas de vehículos que pasaban de un país a otro. Entre los muchos nombres que operaban en este esquema de narcotráfico figura el de Joel Guillermo Torres, aliado del cártel en las garitas mexicanas y uno de los encargados de este engranaje.
Una vez dentro de Estados Unidos, la metanfetamina líquida era transportada a laboratorios de recristalización, montados, como lo ha reportado este diario, en casas ordinarias de diferentes barrios de Texas que estaban protegidas por células con sendos arsenales.
Justo en este punto es donde entra la historia de Manuel García Gómez, que operó uno de esos narcolaboratorio desde una casita beige, con dos árboles tipo encino en la entrada que ocultaban la vista hacia adentro de sus ventanas. Desde la texana zona boscosa donde se ubica el 106 de Margaret Lane, Ferris, se fabricaron y distribuyeron cientos de kilogramos de metanfetamina.
García Gómez pudo hacerlo apoyado por cómplices como Jorge Humberto Velazco Larios, quienes una vez que la dividían la metanfetamina en pequeñas cantidades, se vendía a traficantes de drogas de nivel medio y alto para su reventa en las calles.
Pero no tardarían en implementar la arquitectura financiera que incluía delitos de cuello blanco: tras vender la metanfetamina, el CJNG activó un método de lavado de dinero que salía de una empresa de ropa llamada Yoli’s Western Wear, y sus supuestos ingresos se transferían a México con la supervisión del gerente, Iván Noe Valerio.
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Valerio, con apoyo de familiares como su madre, Yolanda Mercado, su padre, Teodoro Valerio Pérez o su hermana Tris Yaneli Valerio, operaron un sistema de envíos internacionales como los que usan los paisanos para enviar dinero a México a través de 11 mil pequeñas transacciones, una seguida de otra para evitar despertar sospechas. Eso resultó durante algunos años.
El atentado, al descubierto
En mayo de 2020 finalmente cayeron en un operativo Manuel García Gómez y Jorge Humberto Velazco, que procesaban en narcolaboratorios en Texas la metanfetamina líquida proveniente de México. Empezaba un duro proceso judicial que intentaba dictar sentencia para condenarlos a muchos años en prisión.
A fines de ese mismo mes, solo unos días después de la detención de los miembros del CJNG, se presentó a declarar ante la Corte el agente de la DEA que había logrado su detención. Se le identificaba simplemente como “TH”.
Fue debido a su testimonio que el juez le negó una fianza a Manuel García, y con ello se esfumaron sus posibilidades de salir en libertad. Él y su socio Velazco fueron recluidos en el Centro de Detención del Condado de Johnson a partir de entonces.
Como es habitual, sus charlas fueron monitoreadas a través de la empresa Global Tel Link, que administra el sistema de comunicaciones de los reclusos en Johnson. Pero todo apunta a que ni Manuel ni Jorge sospechaban que eso podía suceder, pues sólo así se explica que idearan un plan por teléfono y videollamadas desde prisión para asesinar al agente de la DEA, que primero había declarado en contra de Jorge, y que próximamente lo haría en el juicio contra Manuel.
La idea de asesinar al agente empezó el 29 de mayo del 2020, solo dos días después de su testimonio ante el juez. En las primeras llamadas telefónicas al exterior, García discutió con un hombre –del cual no se reveló el nombre– sobre la posibilidad de que lo ayudara a contratar a alguien eficiente para asesinar al policía federal.
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Para Manuel García, la vida del agente valía 20 mil dólares. Pagaría por adelantado 5 mil y, una vez que se cumplieran el trabajo, los otros 15 mil.
El 8 de junio de ese año finalmente confirmó su plan para asesinar al agente de la DEA, gracias a que su cómplice Jorge Humberto habló con alguien llamado “Roberto”, quien confirmó que Eva, la hermana de Manuel, llevaría el dinero para arreglar el asesinato.
Dos días después Manuel llamó a su novia en México, Alicia Yuritzi Juárez, a quien le pidió que lo apoyara con la recolección de dinero para el atentado. Él contaba con 2 mil dólares y le pidió que ella aportara otros mil. Alicia aceptó.
Otras llamadas de Jorge Humberto y Manuel con el tal Roberto confirman que “una dama” sería la que llevaría el dinero. Fue así que Roberto entregó el dinero a la persona que se encargaría del asesinato del agente de la DEA. Roberto diría más tarde a Jorge Humberto que “la niña [Eva] está llamando diciendo que quiere enviar más [dinero]”, para completar el pago por el atentado.
Para el 15 de junio de ese año, también en llamadas telefónicas Manuel confirmó que su hermana y su novia tenían documentos con los datos para identificar al agente de la DEA que debía ser asesinado. Afirmó que eran “rudas” y “no tenían miedo” de involucrarse en el asesinato. “Puedes hablar abiertamente porque saben todo lo que está pasando”, aseguraba García.
Hoy se sabe que Eva Denisse García Gómez fue clave en la obtención de los datos para identificar con exactitud al agente de la DEA. “Ya estamos averiguando el nombre de la persona adecuada”, diría en una de las llamadas.
Fue hasta estos días cuando finalmente Manuel empezó a sospechar que tal vez podría estar siendo monitoreado; le expresó a su novia que le incomodaba decir el nombre del agente de la DEA por teléfono: “Hay que matar al que testificó en la corte en contra de Jorge Humberto Velazco Larios”, decía.
Un día después de estas llamadas, quien se identificaba como Roberto entregó un segundo pago de 2 mil dólares para el asesinato: “Estoy regresando de hacer esa mierda”, le diría a su contacto Jorge Humberto.
Para el 26 de junio finalmente se consiguió que alguien enviara por WhatsApp la fotografía del agente de la DEA. Fue cuando Eva Denisse se reunió con Manuel en la videoconferencia y preguntó si ese era al que había que matar. Manuel, frente a la pantalla de la computadora, asintió sonriente.
Según una revisión de sentencias que hizo este diario, Manuel García se declaró culpable apenas el 6 de febrero del 2022 por conspiración para asesinar al agente de la DEA. Por esa razón el 16 de septiembre pasado recibió una sentencia de 10 años en prisión, pena que corre simultáneamente con la de operar el narcolaboratorio, la cual ascendió a 18 años.
En el caso de su cómplice Jorge Humberto, este recibió una sentencia de 16 años en prisión por los cargos relacionados con tráfico de drogas y 10 años más por conspiración para asesinar al agente de la DEA.
En un documento judicial, el Departamento de Justicia revela que Eva Denisse García Gómez y Alicia Yuritzi Juárez Martínez, las mujeres que coordinaran desde afuera de la prisión el asesinato del agente de la DEA, no han sido arrestadas y probablemente se encuentran prófugas en su país de origen, México.
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