Consiguen amparo más de 15 mil contra Ley de Remuneraciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El número de trabajadores del Gobierno Federal que ha promovido amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos asciende a 15 mil 608 quejosos, quienes lo hicieron a través de 3 mil 431 demandas de garantías. 

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De acuerdo con funcionarios del Poder Judicial de la Federación, 430 inconformes son jueces, 578 magistrados, 4 mil 364 secretarios, 991 actuarios, 4 mil 901 oficiales y mil 160 son externos. 

Los externos pertenecen a la Procuraduría General de la República, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Petróleos Mexicanos, Instituto Politécnico Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Federal de Competencia, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

De igual manera, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, además del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos señala que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, es decir, 108 mil pesos mensuales. 

Sin embargo, el estatuto permanece congelado porque Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió una suspensión a la minoría del Senado encabezada por el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quienes interpusieron una acción de inconstitucionalidad.

El pasado 7 de diciembre, el ministro admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad de la minoría del Senado. 

Ante esta situación, la Mesa Directiva del Senado impugnó el acuerdo a través de un recurso de reclamación. Lo mismo hizo la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Cámara de Diputados. 

IH