Ambición de 'narquillos' detona boom de extorsiones en México

Saturnino cerró su restaurante después de que personas armadas, que afirmaron pertenecer a un cártel, le exigieron 120 mil pesos mensuales para continuar con el negocio. Eligió esa opción para evitar que lastimaran a su familia o a los empleados “Ya no quiero que corra más sangre”, sentenció resignado. No denunció porque creyó que si lo hacía el peligro sería aún mayor.

Eso sucedió hace unas semanas en Fresnillo, Zacatecas, donde las extorsiones presenciales y telefónicas son cotidianas. Hace cinco años, en los principales municipios del estado, incluida la capital, el cobro de piso solo se registraba en centros nocturnos, discotecas y bares. Pero a partir de 2020 esa modalidad criminal se extendió a otros comercios fijos e incluso contra locales ubicados en la vía pública.

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“El cobro de piso es parejo”, denuncia José Ángel Martínez, un reportero independiente de la localidad. Señala que los criminales van, por ejemplo, contra tortillerías, papelerías y carnicerías, pero también extorsionan a vendedores de elotes o congeladas. Las tiendas de abarrotes tienen que pagar a los criminales por vender cervezas y cigarros. Los cobros oscilan entre 5 mil y 50 mil pesos, según el giro del negocio.

Hay casos en los que, si no hay pago, las bandas atentan contra la vida de los extorsionados. Por eso muchos, como Saturnino, prefieren cerrar.

Zacatecas es tan solo un ejemplo de la crisis de extorsiones que se registra en todo el país. Es uno de los delitos del fuero común a nivel nacional que más ha crecido en el sexenio presente. En una conferencia mañanera de finales de enero pasado, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el aumento de esa modalidad criminal.

Los números oficiales corroboran que, a escala nacional, la tendencia va hacia arriba en las cifras de delitos y víctimas por cada 100 mil habitantes de 2015 a 2022. Mientras que los delitos de extorsiones crecieron en ese periodo 60.6 por ciento, por víctimas aumentó 65.3 por ciento.

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En ambas categorías, de 2021 a 2022 el aumento fue superior al 16 por ciento, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El número de delitos totales ha crecido en el país en los últimos años, con un aumento mayor en la presente administración. Los casos llegaron hasta 10 mil 340 en 2022.

La extorsión en el país ha tenido una escala de aumento sistemático ligado a tres condiciones que hace que los delincuentes en México vean esta práctica 100 por ciento lucrativa. Es un negocio redondo y rentable, sintetiza José Luis Cisneros, especialista en seguridad e investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco.

Una de esas condiciones es el deterioro en la credibilidad de las instituciones encargadas del ejercicio de la aplicación de la justicia en México. Otra, la corrupción. Y la tercera es que, al no existir una institución fortalecida que castigue estas prácticas, surgen transformaciones culturales que rompen valores como la empatía.

“Las consecuencias han sido graves. Las cifras crecen con el beneplácito de las propias autoridades, los sujetos no respetan la ley por esos mismos vacíos y debido a ello la extorsión es vista como una práctica ilegal que no tiene sanción”, expone el especialista.

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Cisneros explica que delincuentes de baja monta encuentran en la extorsión un camino para ir escalando en la estructura de los grupos criminales. Es una actividad delictiva que “brinda un estatus y ascenso social, enraizada siempre bajo la lógica de una cultura que transgrede y devasta los valores sociales. Cada vez las estafas son más racionales, las extorsiones más refinadas, y estos sujetos van escalando hasta convertirse en miembros de la delincuencia organizada”, añade.

Extorsiones que no se denuncian

En Zacatecas, tal como sucede en otras partes del país, los sujetos se presentan en los negocios y se identifican como integrantes de un grupo delictivo. Si los propietarios de los establecimientos se resisten, sufren ataques directos.

A nivel nacional, en 2022 se registraron 7.95 de este tipo de delitos por cada 100 mil habitantes. Por víctimas fue de 8.48. Ocho entidades del país rebasan ambos promedios. A Zacatecas se suman Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Querétaro y Veracruz.

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El caso del Estado de México resulta impactante porque registra más de 20 delitos por cada 100 mil habitantes, pero, en el caso de Zacatecas, es aún más dramático porque la media se dispara hasta más de 30 víctimas, pese a que es una entidad considerada militarizada, con presencia de decenas de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. “Sin embargo pareciera que no están aquí”, indica el reportero José Ángel Martínez.

Los perjudicados, en muchos casos, prefieren no denunciar. Leopoldo Rodríguez Aranda, director general de Consultores en Gerencia Pública (Gesec), despacho especializado en seguridad y otras políticas públicas, opina que el delito de la extorsión es, prácticamente, invisible, pues tiene un alto índice que no se denuncia, por miedo o desconfianza a las autoridades.

Mientras la cifra negra de delitos (es decir, los que no se denuncian) en general en el país es en promedio de 92 por ciento, la de extorsión puede ser, calcula, de 98 por ciento en algunos estados.

“Primero, es un delito complicado de medir. Segundo, si hay más denuncias de extorsión, no significa que haya un mejor trabajo de la autoridad, sino todo lo contrario. Es decir, el delito está creciendo mucho más de lo que lo que la autoridad supone”, expone Rodríguez.

Confirma que la extorsión es un delito con gran rentabilidad económica para los criminales. Se invierte poco, y las ganancias son altas. No se necesita, explica el experto, de una gran estructura criminal, tampoco de muchas armas o grandes despliegues de fuerza. Basta con utilizar la “marca” de un cártel.

“En la mayoría de casos hablamos de gente que usa esas etiquetas y promete hacer daño si los comerciantes no pagan”, explica el consultor. 

Este método se utiliza en las extorsiones telefónicas y, desde luego, en las presenciales. Es suficiente con que las bandas efectúen una sola demostración de fuerza para intimidar a toda una región o zona. Las personas temen ser víctimas y pagan lo que se les exige.

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Si bien los casos de violencia física relacionados con extorsión contra personas, comercios o establecimientos no son tan numerosos, sí tienen un alto impacto en la percepción de la población, observa Rodríguez.

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Jóvenes “desechables” para extorsión presencial

Se ha señalado como responsables de las extorsiones en diversas entidades del país a los grupos criminales más poderosos del país y que se disputan las distintas plazas: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, Leopoldo Rodríguez, de Gesec, advierte que no existe evidencia de que los grandes cárteles estén relacionados con las extorsiones. Considera que las involucradas son bandas locales que se valen del nombre de un cártel para cometer el delito y que operan de manera estratificada: quienes van a cobrar la extorsión presencial son menores de edad o jóvenes considerados desechables, que a veces ni siquiera saben quién está detrás de la organización. Si los aprenden o asesinan, no afecta a la banda.

Que incluso extorsionen a las tienditas de la esquina, advierte Rodríguez, es indicativo que organizaciones poderosas como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación no participan, pero sí autoridades locales.

“Si alguien está dedicado al trasiego de drogas, un negocio multimillonario, ¿para qué te arriesgas a meterte a un campo donde las ganancias pueden ser altas, pero no se acercan a las que dejan el trasiego?”, cuestiona.

Sostiene, por ejemplo, que la mayoría de extorsiones telefónicas se ejecutan desde las cárceles del país. Son, dice, call centers especializados que operan con la venia, organización y protección de la autoridad penitenciaria. “No acaba ahí la cadena: los ejecutivos federales y estatales están detrás de esa protección”, acusa Rodríguez.

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Por otro lado, la extorsión presencial la hacen grupos que han comprobado que no se denuncia y no se persigue.

Concluye que este es un delito complejo, difícil de atender: “Las autoridades federales, estatales y municipales están imposibilitadas y sin ideas para atender los casos. De meterse de lleno, tendrían que investigar a altas autoridades, como al secretario de la seguridad en el estado. Y ahí se pone complicado”.

Crisis de valores y crimen

El especialista José Luis Cisneros menciona que cualquier esfuerzo con la intención de luchar de manera frontal estos crímenes de alto impacto tendría que tener al menos una condición fundamental: el diseño de una política de seguridad cuyo propósito sea la contención y disminución de la extorsión.

Sin embargo, enfatiza, “hoy la extorsión en México la hace todo el mundo, hasta el policía de la esquina”. Las transformaciones culturales en la vida de los mexicanos se dan porque hay un entorno que hace eficientes estas prácticas, que son “una expresión de la violencia estructural que se articula a una violencia delictiva”.

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Las crisis de valores, económica y política se reflejan en que, para los extorsionadores, es justificable esta práctica. “Dicen que no lastiman a nadie, aunque sí lo están haciendo. Uno se pregunta con qué calidad moral te quedas con los pocos ingresos de una familia, pero a ellos no les causa ninguna perturbación en lo absoluto”.

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Estos elementos, subraya, han formado franjas enteras de prácticas ilegales, “donde la delincuencia en nuestra sociedad se va a instituir como grandes grupos que llevan a cabo una serie de acciones marcadas por la ilegalidad, en una sociedad que las permite. No pasa nada”.

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