Qué le pasó a los 43 de Ayotzinapa, según la "verdad histórica"
¿Qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa? El gobierno ha tratado de explicarlo con más de una versión, siendo la primera la que más errores tuvo, la llamada "verdad histórica".
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Jesús Murillo Karam fue el encargado de dar a conocer la verdad histórica del caso Ayotzinapa / Cuartoscuro y archivo.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se suscitó una serie de hechos violentos en los municipios de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco, en los que se vieron involucrados elementos del Ejército, la Policía Municipal y Marina, así como autoridades locales y miembros del crimen organizado. El saldo: 43 estudiantes normalistas desaparecidos, nueve personas asesinadas y 27 heridos.
A 10 años del crimen, el paradero de 40 de los 43 estudiantes sigue siendo un misterio, pese a las manifestaciones y exigencias de justicia de la ciudadanía, que cada 26 de septiembre sale a las calles a exigirle respuestas a un gobierno que no ha cerrado el caso en dos administraciones —Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
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Sin embargo, ya en dos ocasiones el gobierno federal ha tratado de explicar qué es lo que ocurrió esa noche de hace 10 años en Guerrero. La primera, dada durante el gobierno de Peña Nieto por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, recibió el nombre de “la verdad histórica”.
¿Qué le pasó a los 43 normalistas de Ayotzinapa, según “la verdad histórica”?
El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam —actualmente detenido—, dio una conferencia de prensa en la que se dio a conocer la que más tarde sería llamada "la verdad histórica".
En ella se informó que el objetivo de los estudiantes era interrumpir y estropear el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces presidente municipal de Ayotzinapa, José Luis Abarca Velázquez.
En respuesta, dicta esta versión, los estudiantes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala en Juan N. Álvarez, frente al Palacio de Justicia. A los 43 estudiantes entonces se les trasladó a la comandancia de la misma localidad.
Sin embargo, los estudiantes fueron después sacados de la comandancia de Iguala por policías municipales de Iguala y Colula, quienes le entregaron a los estudiantes a miembros del grupo delincuencial llamado Guerreros Unidos en Loma de Coyotes.
La primera supuesta entrega de los uniformados a los miembros del crimen organizado incluía a cuatro personas, una ya muerta, mismas que fueron después trasladadas a bordo de una camioneta. Tiempo después, la segunda entrega incluyó de 35 a 40 personas, que fueron llevadas en una camioneta propiedad de Gildardo López Astudillo, El Gil —actualmente encarcelado.
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La versión histórica señala al propio Gil, a quien López Obrador responsabiliza de obstaculizar las investigaciones, como aquel que dio la orden de desaparecer a los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos. La decisión fue comunicada a través del Fercho, quien se la hizo llegar al Cepillo —recientemente reaprehendido—, jefe de Guerreros Unidos en Colula.
El motivo por el que, según la verdad histórica, Guerreros Unidos decidió asesinar a los más de 40 estudiantes fue porque los estudiantes fueron confundidos como miembros de Los Rojos, agrupación criminal rival.
Luego de ser asesinados, los estudiantes fueron quemados en el basurero de Colula.
Contradicciones y otras versiones del caso Iguala
Luego de darse a conocer esta versión, diversas dudas surgieron y algunos sinsentidos se detectaron en la primera versión oficial brindada por el gobierno federal. Uno de los principales, el hecho de que hubiese sido imposible quemar 43 cuerpos humanos en el basurero de Colula en tan poco tiempo.
Por ello, con el cambio de administración y la llegada de López Obrador, se conformó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, que en su informe tuvo varias contradicciones con la verdad histórica.
Para empezar, se dijo que los estudiantes no querían arruinar el informe del DIF, sino tomar algunos autobuses para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha por la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre; sin embargo, no se percataron que en uno de los vehículos transportaba un material (aparentemente drogas) que quería ser recuperado por José Luis Abarca, alcalde de Ayotzinapa.
La versión de la Comisión para la Verdad apuntó a que los estudiantes fueron divididos en dos grupos: el primero le fue entregado a los integrantes de Guerreros Unidos y el segundo fue asegurado por policías de Huitzuco en Loma de Coyotes. En lo que coinciden ambas investigaciones es en que Guerreros Unidos buscaba a integrantes de Los Rojos, pero sólo les habrían llamado la atención tres, entre ellos El Cochiloco y El Chilango.
Mientras, según esta investigación, la orden de asesinar a todos los estudiantes fue del propio Abarca, quien habría dicho "me chingan a todos a discreción”, “mátalos a todos Iguala es mío” y "recuperan la mercancía".
El estudiante conocido como El Chilango habría sido asesinado por un miembro de Guerreros Unidos conocido como El Chucky, quien descuartizó su cuerpo y trató de desaparecer los restos; sin embargo, se desconoce cómo habrían sido asesinados los demás estudiantes.
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El destino de los cuerpos de los normalistas fue diverso y, posterior a ello, se realizó una reunión de José Luis Abarca con autoridades de México para que limpiaran la escena del crimen. Entre los presentes se encontraba Tomás Zerón, ex titular de la agencia especial de investigación criminal.
A estas líneas de investigación se suma la aportada por la periodista Anabel Hernández, quien en su libro La verdadera noche de Iguala aseguró que miembros del Ejército tuvieron un rol más protagónico en el crimen y fueron ellos quienes aseguraron y asesinaron a los jóvenes estudiantes.
La versión de Anabel Hernández apunta a que en los autobuses tomados por los estudiantes transportaban 2 millones de dólares en heroína, droga propiedad de un capo colaborador de Arturo Beltrán Leyva, cuyo cártel era el dominante en Guerrero por aquellos años.
Para no dejar testigos, los militares habrían tomado la decisión de asesinar a los 43. Sin embargo, esta versión ha sido rechazada por el gobierno de López Obrador, quien en su última carta enviada a los padres de los 43 afirmó que "no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes".
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