Se gesta "genocidio silencioso" con migra en EU; cortes dejan casos en la impunidad

Videos de las cámaras de la patrulla fronteriza captaron lo ocurrido aquella trágica noche, cuando el agente Lonnie Swartz vació su arma en el cuerpo de José Antonio, un adolescente de 16 años. Hubo tres testigos, pero ninguno fue llamado a declarar. El crimen ocurrió hace una década, pero aún sigue sin hacerse justicia.

El agente fronterizo descargó 34 balas, diez de ellas en la espalda del joven. Su abuela Taide Elena ha sido incansable en el reclamo de justicia de su nieto.

A unos cuantos metros del muro fronterizo en Nogales, Sonora, asegura a MILENIO que “se abrió una puerta, una pequeña ventana” que le da una pequeña esperanza a la familia: la demanda civil que podría reparar económicamente el daño y más allá de ello, significaría un reconocimiento público de que los agentes de la patrulla fronteriza son responsables de matar a inocentes sólo por creer que representan algún riesgo.

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“Genocidio silencioso”, le llaman los expertos. Aunque los dispararon salen de policías estadunidenses, los jueces no los condenan cuando las balas caen en México, denuncian familiares.

Al menos seis de estos homicidios han ocurrido de esta manera. De 2010 a la fecha, otros 230 crímenes sucedieron en territorio estadunidense.

Los familiares de José Antonio Elena, Sergio Adrián Hernández Güereca, Guillermo Arévalo, Juan Pablo López, José Alfredo Yáñez y Ramsés Barrón y cientos más han visto cómo se esfuma el anhelo de justicia cuando se trata de procesar a un agente de CBP ante una Corte federal norteamericana.

Estas seis familias han encontrado que, agotada la vía penal, pueden, por la ruta civil, encontrar la justicia que demandan. Como cada año se realizó una misa que reunió a cientos de personas y familiares de víctimas de asesinatos transfronterizo.

Hace dos años, el 25 de febrero, la Corte de Estados Unidos dio portazo a la demanda de justicia. Lo hizo por el caso de Sergio Adrián Hernández Güereca, asesinado en Ciudad Juárez con balas que atravesaron desde El Paso.

Un juez determinó que los agentes de la patrulla fronteriza no podrían ser procesados judicialmente porque la bala salió de Estados Unidos. Con esta decisión se canceló la justicia para el resto de las víctimas.

Ana María Salazar, integrante de la Red de Víctimas de la patrulla fronteriza, aseguró que, frente a esta decisión, se abre la vía civil a través de la compensación económica.

“El Congreso de Estados Unidos debe cambiar esa ley, las familias lo están pidiendo y buscamos que el gobierno de Joe Biden repare el daño y que el Departamento de Seguridad Interior tome medidas. Debería haber una Comisión de la Verdad para que se aclare todo lo que ocurre, que pidan disculpa pública y que haya una reparación del daño”.

La Red de Víctimas identificó seis casos de mexicanos asesinados del otro lado del muro fronterizo, mientras que en territorio estadunidense han documentado al menos 230 más.

“Me imagino que debe haber muchos más porque si niegan lo que pasa delante de los ojos de todos, si niegan lo que han filmado, si desaparecen los videos, ¿Qué pasará cuando se encuentran con los agentes en el desierto y están solos?”.

Jenn Budd, ex agente de la Patrulla Fronteriza, decepcionada por la corrupción de la agencia, decidió, después de siete años de servicio convertirse en activista y ahora encabeza la lucha legal de las familias para llevar los casos a la Corte nuevamente a través de nuevos recursos legales que buscan la compensación económica, aunque ninguno de los agentes responsables terminen en la cárcel.

En su opinión, la brutalidad de la patrulla fronteriza contra los migrantes ha causado un genocidio silencioso que debe ser frenado, empezando por dejar de encubrir los abusos de algunos agentes y que son investigados por una oficina de incidentes críticos, cuyo nombre cambió a Oficina de Responsabilidad Profesional, pero también depende la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por sus siglas en inglés.

Mientras tanto, Guadalupe Güereca, madre de Sergio Adrián y Taide Elena, abuela de José Antonio, aseguran que si existe una esperanza de que los crímenes no queden impunes, ellas pelearán mientras tengan fuerza.

“Una compensación, eso sería, pero de que nos sirve a nosotros. Bueno tampoco nos sirve de nada que lo encierren, pero nuestro niño ya no va a regresar, cualquiera de las cosas ya no lo vamos a tener, pero yo por mi parte me sentiría más satisfecha si me dicen que está en la cárcel, así le dieran tres meses, nomás para que pise la cárcel y sepa lo que es", reclama la abuela del pequeño José Antonio, parada junto a la cruz colocada sobre la banqueta donde quedó su cuerpo.

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