García Luna comandó batallón de tortura, montajes y atropellos como 'superpolicía'
Montajes, tortura y desapariciones forzadas se atribuyen a la corporación que encabezó el ex secretario de Seguridad, incluido el asesinato de dos alumnos de Ayotzinapa.
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García Luna / Archivo
Aunque el montaje mediático que armó el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en contra de Florence Cassez e Israel Vallarta ha sido el más conocido, existen otros 44 casos de violaciones a derechos humanos, montajes y desapariciones forzadas que permitió el ex policía durante su mandato.
Y es que, aunque el juicio en Estados Unidos se concentra en su relación con la delincuencia organizada, los fiscales de Nueva York han indagado en las historias de las otras víctimas del “superpolicía”, tal es el caso del ex comandante de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien reveló a MILENIO que había colaborado con los funcionarios estadunidenses que integran el expediente contra García Luna.
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Tan solo entre los años 2007 y 2012, cuando se desempeñó como la mano de hierro del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, García Luna y sus policías recibieron 44 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Una investigación de MILENIO, basada en los archivos de la dependencia y los informes publicados anualmente, durante 2007 hubo cuatro acusaciones, en 2008 se emitieron cinco, en 2009 descendió a tres, mientras que en 2010 —cuando recrudeció la guerra contra el narcotráfico y con ello los operativos— se abrieron ocho expedientes. Para 2011 se disparó a 15, siendo el año con más violaciones, y para terminar el sexenio se registraron nueve.
Los expedientes consultados revelan que el secretario de Seguridad acostumbrada rechazar las recomendaciones, alegando que sus policías no tenían nada que ver en las torturas cometidas, desacreditando las declaraciones de los testigos y las víctimas, incluso ante el Congreso mexicano.
El contenido de los expedientes muestra que García Luna comandó un batallón de policías federales que hicieron de la tortura, los atropellos a los derechos humanos, los montajes y hasta los homicidios un modus operandi que creó una estela de terror y desconfianza en el país, tanto que, en el sexenio siguiente, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública.
Asesinados a sangre fría
Antes de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Genaro García Luna ya había sido denunciado por haber cometido atropellos en contra de los normalistas. El 12 de diciembre de 2011 sus subordinados asesinaron sin contemplación a dos estudiantes en una carretera de Guerrero.
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Ese día hubo una manifestación donde participaron unos 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, acompañados por otros colectivos, los cuales arribaron a bordo de varios autobuses para manifestarse en la carretera federal número 95, conocida como la Autopista del Sol.
Fue casi al mediodía cuando llegaron al lugar camionetas pertenecientes a la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, de las cuales descendieron el director de la 3a. Compañía de la 15a. Unidad de Apoyo a Operativos Conjuntos con 17 elementos. Después arribaron más.
Los elementos lanzaron granadas de gas lacrimógeno y fueron sometidos de manera violenta por elementos de la Policía Federal, quienes además les apuntaron con sus armas e hicieron disparos al aire. Los estudiantes que lograron evitar el enfrentamiento corrieron y se perdieron en el cerro.
De acuerdo con los expedientes consultados, la policía que recibía órdenes de García Luna asesinó a dos estudiantes a sangre fría y disparó a otros tres, que quedaron tendidos sobre la carretera federal. Se llevaron detenidos a 24 normalistas, quienes fueron torturados en sus instalaciones. A otros los obligaron a tocar las armas homicidas, para intentar inculparlos de los homicidios de sus compañeros, denunciaron.
La feria del pueblo
Ese mismo año en Cuernavaca, Morelos, un joven llamado Jethro Ramsés Sánchez, se encontraba en las tradicionales fiestas, cuando empezó una riña entre varios jóvenes. Él, de 26 años, ingeniero electromecánico que estaba estudiando su maestría, fue detenido primero por policías municipales.
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La tragedia comenzó cuando los muchachos, en lugar de ser presentados ante el Ministerio Público, fueron entregados a elementos de la Policía Federal. Fueron ellos quienes argumentaron que pertenecían a una organización del narcotráfico.
Los elementos policiacos los entregaron a un convoy de 20 militares que pasaban por la región. Ese mismo día, Jethro y un amigo fueron llevados al cuartel de la 24ª Zona Militar en donde, según testimonios, fueron terriblemente torturados.
Jethro perdió el conocimiento y fue declarado muerto por un médico del cuartel. Por órdenes de un coronel, trasladaron forzadamente a Jethro de Cuernavaca a Puebla, en donde fue inhumado de forma clandestina, mientras que al amigo de la víctima mortal lo soltaron en medio de la carretera.
Estudios forenses han revelado que las autoridades sepultaron a Jethro aún con vida. Un crimen orquestado por la Policía Federal y algunos soldados. Estos casos forman parte de las recomendaciones emitidas por la CNDH.
Los montajes
Pero no solo la Comisión llevaba la contabilidad de los abusos de la Policía Federal, sino que otros organismos internacionales han denunciado que durante el sexenio de Calderón y el mando de García Luna se cometieron atropellos a los derechos humanos.
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Human Rights Watch reveló que la policía comandada por García Luna aplicaba sistemáticamente torturas para conseguir que los detenidos confesaran mediante coerción o proporcionaran información sobre los cárteles de las drogas.
“Mediante este análisis, Human Rights Watch pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigan adecuadamente”, dijo en un estudio publicado para finalizar ese sexenio.
Y aunque no todos los abusos terminaron en recomendaciones, las quejas contra la Policía Federal que llegaron a la dependencia fueron incrementando año con año. En la mayoría de los casos, las denuncias estaban relacionadas con su lucha contra el narco.
Los estados donde más quejas se presentaron contra la corporación comandada por García Luna fueron Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Estado De México y Ciudad de México.
“Es posible determinar que hay un nivel constante de quejas por hechos de tortura, malos tratos, o penas crueles, inhumanas y degradantes”, dice la CNDH en un reporte.
“El (Ciudadano) señaló que el 15 de junio de 2012, entre las 15:30 y 16:00 horas, se encontraba afuera del negocio 1 en la calle Abasolo en el municipio de Puruándiro, Michoacán cuando pasaron tres o cuatro camionetas de PF, lo interrogaron, le revisaron su vehículo encontrándole, según la versión de la autoridad, un paquete de marihuana. Lo detuvieron, se llevaron su vehículo y, con la cabeza cubierta con su propia camisa, lo trasladaron a su domicilio donde lo interrogaron y lo golpearon hasta que aceptó los delitos que le inculpaban”.
En 2007 se registraron 136 quejas contra los policías de García Luna, mientras que en 2008 fueron 191, en 2009 hubo 324, en 2010 denunciaron 595, para 2011 ocurrieron 767 y en 2012 fueron 802. El crecimiento lucía imparable.
Así se leen muchos casos y quejas que se presentaron en contra de la Policía Federal y dirigidas al secretario de Seguridad, quien, en lugar de aceptarlas, justificaba constantemente las violaciones de sus uniformados.
Cuando llegó al cargo de secretario de Estado, García Luna ya conocía bien de torturas y montajes. Había practicado lo que lo caracterizaría a él y su policía por el resto del sexenio.
El caso de violación y tortura más representativo fue definitivamente el de Florence Cassez e Israel Vallarta, quienes presuntamente fueron levantados por elementos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
“La grabación hecha de la escenificación del ‘montaje televisivo’ dejó en evidencia que Vallarta fue golpeado y sometido, para responder a las preguntas encaminadas a auto incriminarse, realizadas por la persona que cubría la nota periodística y que los hechos ocurrieron de forma diversa a lo señalado por los elementos de la entonces AFI en su informe de puesta a disposición”, dice el informe de la CNDH.
La historia es conocida: fueron presentados como secuestradores y torturados por la policía que comandaba García Luna. Cassez fue liberada en 2013, mientras que Israel Vallarta continúa en una prisión exigiendo justicia.
Y aunque García Luna ahora está encarcelado en una prisión, sus montajes y violaciones continúan saliendo a la luz. Y es que apenas en noviembre del 2022, la familia Le Baron denunció públicamente que el 13 de septiembre de 2006 fabricó un montaje para presentar a 11 personas como presuntos secuestradores.
El montaje, denunciaron, es una réplica del caso de Vallarta: también les inventaron hasta un nombre, a su supuesta banda de secuestradores llamados Los Mohamed.
Hoy en Estados Unidos estos actos pesan sobre el secretario de Calderón, un funcionario público que gozó de enorme poder y ahora está recluido en un centro de detención en Nueva York, en espera de su sentencia.
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