Leyes que han sido aprobadas en México gracias a la lucha feminista en los últimos 10 años
Desde derechos reproductivos hasta violencia de género, te decimos aquí las leyes que han sido aprobadas en México gracias al feminismo.
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Desde la despenalización del aborto hasta la Ley ingrid, la lucha feminista ha logrado avances legales en México | Especial
En los últimos diez años, la lucha feminista en México ha impulsado una ola de cambios legislativos que buscan garantizar el reconocimiento a los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género.
Desde la despenalización del aborto en varios estados hasta la Ley Olimpia contra la violencia digital, el activismo ha logrado convertir exigencias en normas jurídicas. Aquí en TELEDIARIO te decimos algunas de las leyes más relevantes que han sido aprobadas gracias a la lucha de colectivas y movimientos feministas.
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¿Qué se ha logrado con el feminismo en México?
Si bien la lucha feminista en México data desde inicios del siglo XX, el movimiento ha cobrado una especial relevancia en la última década debido a la visibilización masiva de problemáticas que afectan a las mujeres, como son la violencia de género y los feminicidios, impulsando que, en los terrenos legales, se debatan sobre modificaciones y anexos a leyes que especifiquen conductas punibles, así como crear otras que reconozcan derechos que antes eran perseguidos en todo el país.
Uno de los avances más significativos ha sido la despenalización del aborto en varias entidades federativas, además de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres que interrumpen su embarazo.
Desde 2019, estados como Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Quintana Roo han reformado sus códigos penales para garantizar el acceso al aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Esta victoria ha sido posible gracias a años de movilización de colectivas feministas que exigieron el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
Asimismo, los derechos reproductivos no son los únicos avances que ha logrado esta lucha, pues también ha llegado al ámbito político. En 2019, se aprobó la reforma constitucional conocida como Paridad en Todo, la cual obliga a que las mujeres tengan representación igualitaria en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en organismos autónomos, municipios y otros espacios de toma de decisiones para el país.
Este cambio ha permitido que más mujeres ocupen cargos de relevancia y ha sido clave para garantizar que las políticas públicas incluyan una perspectiva de género.
Además, el activismo feminista también ha impulsado mejoras en materia laboral. En los últimos años, se han aprobado reformas que amplían los derechos de las trabajadoras, incluyendo la ampliación de la licencia de maternidad, así como el acceso a seguridad social y prestaciones de ley a las trabajadoras del hogar.
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¿Qué leyes se han aprobado en México gracias al feminismo?
En el ámbito de leyes aprobadas, existen cinco que se han destacado no sólo por sus casos de origen, sino también por el cambio que representaron en la legislación moderna.
Ley Olimpia
La Ley Olimpia es un conjunto de reformas legales en el Código Penal y La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, que sancionan la violencia digital y la difusión no consentida de contenido íntimo.
Surgió a raíz del caso de Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento por parte de su expareja sentimental en el estado de Puebla; este acto, cuando Olimpia fue a denunciarlo, no era procedente debido a que no estaba tipificado.
Tras esto, Olimpia decidió emprender una lucha para que este tipo de agresiones fueran castigadas debido al impacto en la dignidad, la vida privada y la seguridad de las víctimas de estos actos, ocasionando daños de manera psicológica y moral.
Esta ley, aprobada a nivel federal, incluye a la Violencia Digital como un delito, el cual se basa en la difusión, reproducción, exhibición, comercialización, intercambio de contenido sexual a través de los medios digitales, sin el consentimiento de las personas que aparezcan en éstos.
La legislación establece sanciones de hasta seis años de prisión, así como de 300 a 600 días de multa, más el pago por reparación de los daños y perjuicios que ocasionó la persona infractora.
Ley Ingrid
El feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero de 2020, desató indignación nacional no sólo por la gravedad del crimen, sino por la filtración de su expediente de la Fiscalía capitalina donde se mostraban imágenes explícitas de su cuerpo, las cuales se difundieron en medios de comunicación y redes sociales, lo que revictimizó a Ingrid y a su familia.
Ingrid era una joven de 25 años que fue asesinada y desollada en un departamento de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero a manos de su pareja sentimental, Erick Francisco 'N', quien había intentado esconder partes del cuerpo y tirarlos por la taza del baño para no ser capturado, todo mientras su hijo era testigo de los hechos.
En respuesta, se aprobó la Ley Ingrid, un conjunto de reformas legislativas que sancionan a funcionarios públicos que revelen, filtren o difundan información, archivos, imágenes, videos o grabaciones de víctimas de feminicidio y otros delitos, las cuales constituyen lesiones a la dignidad de la persona y la memoria de las víctimas, impidiendo que su sufrimiento sea convertido en espectáculo mediático.
Las penas pueden ir de dos a ocho años de prisión, con agravantes si la filtración se realiza contra mujeres, niñas y adolescentes, así como si fue un funcionario público el que lo difundió.
Ley 3 de 3
En 2023, el Congreso aprobó la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, la cual impide que ninguna persona que haya cometido delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violación a la intimidad sexual y/o violencia política contra las mujeres o en razón de género, así como deudores de pensión alimenticia, ocupen cargos públicos o de elección popular.
Este avance responde a la exigencia feminista de garantizar que quienes tomen decisiones en el país no sean agresores. La ley busca evitar que funcionarios con antecedentes de violencia tengan acceso a puestos de poder donde puedan seguir ejerciendo violencia institucional.
Ley Malena
La Ley Malena es un decreto que castiga los ataques con ácido y otras sustancias químicas corrosivas como una forma de violencia de género.
Se nombró así en honor a María Elena Ríos, una saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido en septiembre de 2019 por órdenes de su expareja.
Con la Ley Malena, se tipifica este delito como violencia y se establecen penas de hasta 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño causado y los agravantes dependiendo de la afectación que reciba el cuerpo de la víctima.
Ley Monse
La Ley Monse es una reforma que busca endurecer las penas para quienes encubran delitos de feminicidio u homicidio. Esta legislación elimina las excusas absolutorias que anteriormente permitían a familiares o personas cercanas al agresor evitar sanciones penales por encubrimiento debido a su relación afectiva o de parentesco con el acusado.
Con la implementación de esta ley, aquellos que oculten, auxilien o protejan a los responsables del delito enfrentan penas de tres a 10 años de prisión y multas hasta por 500 Unidades de Medida (UMA).
Esta ley surge como respuesta al caso de Montserrat Bendimes, una joven de 20 años originaria de Veracruz que fue asesinada en abril de 2021 presuntamente por los golpes que le propinó su pareja, Marlon. Tras el crimen, los padres de este sujeto ayudaron a su hijo a escapar y abandonaron el cuerpo de Monse en un hospital.
Luego de la captura de los tres involucrados, se les otorgó libertad condicional a los padres de Marlon por “omisión de auxilio”.
Esta reforma representa un avance significativo en la protección de las mujeres y en la búsqueda de justicia para las víctimas, al cerrar espacios de impunidad y garantizar que quienes participen en el encubrimiento de feminicidios sean sancionados, sin importar su relación con el agresor.
A pesar de estos avances, la lucha feminista en México sigue enfrentando grandes desafíos. La violencia de género continúa siendo una crisis nacional, con altos índices de feminicidios y desapariciones. Además, aunque muchas leyes han sido aprobadas, su implementación sigue siendo un reto, ya que la impunidad llega a persistir en algunos casos.
Sin embargo, los logros obtenidos en la última década demuestran que la movilización y la exigencia social tienen un impacto real en la construcción de un país más justo para las mujeres.
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