Eliminación de prisión preventiva oficiosa beneficiaría a criminales en México

La posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa podría beneficiar a cientos de personas que no están implicados en delitos de alto impacto, pero delincuentes de mayor peligrosidad, entre ellos, del crimen organizado o abusadores sexuales, podrían regresar a las calles para enfrentar sus procesos en libertad.

Hasta junio sumaban 92 mil 595 Personas Privadas de la Libertad sin sentencia, de acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

Entre las primeras personas que podrían ser beneficiadas con esta medida destacan Brandon Flores y Alejandro Kulhiger Flores, hermano y tío de Óscar Andrés Flores, El Lunares, presunto líder de La Unión Tepito, quienes hoy enfrentan un proceso por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Mario Alberto Cárdenas Medina, El Betillo, líder del Cártel del Golfo. Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, quien enfrenta el delito de delincuencia organizada, entre otros.

Néstor Carvajal Colotla, El Viejón, presunto líder del grupo criminal Sangre Zeta Nueva, el cual mantiene una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para operar el robo de hidrocarburos y otros delitos en el estado de Puebla.

Esteban Méndez Durán, El Ojos, quien presuntamente asumió el liderazgo del grupo de La Unión Tepito.

Héctor Pardo Valdovinos, El Paisa o El Chapa, identificado como el presunto encargado de reclutar personas para el CJNG.

El empresario Teófilo Zaga Tawil, señalado de saquear fondos del Infonavit, por más de cinco mil millones de pesos. José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos.

El abogado Juan Collado Mocelo, quien enfrenta un proceso por supuestos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Diana Karen Pérez Ramírez, La Princesa de Tláhuac o La Negra, identificada por el gobierno federal como la sucesora de Luis Felipe Pérez Flores, El Felipillo, presunto líder del Cártel de Tláhuac.

Inconvencional

En el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que someterá a discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que propone declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa porque atenta contra tratados internacionales y supone una condena sin sentencia, deja claro que esta medida cautelar no puede decretarse en automático, sino que los jueces tienen que revisar caso por caso.

Desde la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el artículo 19 constitucional solo contemplaba seis ilícitos con prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego.

Sin embargo, en 2019 el Congreso de la Unión aprobó aumentar el catálogo de delitos e imponer la misma medida cautelar en casos de desaparición forzada, delitos en materia de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

La reforma se aprobó para tratar de desalentar que la gente no cometa estos delitos que hoy son considerados graves. No obstante, la medida ha provocado un aumento del número de personas en reclusión.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha externado su preocupación y ha señalado que la existencia de la prisión preventiva oficiosa es claramente violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, también ha declarado públicamente que esta medida cautelar es inconvencional, por lo que se prevé que apoye el proyecto del ministro Aguilar Morales.

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