Ordena juez a FGR implementar Banco Nacional de Datos Forenses en 40 días

El juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) crear y poner en funcionamiento el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) en 40 días hábiles.

Tras emitir sentencia del amparo promovido por una de las familiares de personas desaparecidas, el juez dictaminó a las autoridades de la Fiscalía hacer todo lo necesario para establecer el BNDF, incluida la obtención de recursos económicos, creación formal de las herramientas tecnológicas, coordinación en grupos de trabajo de personas expertas en diferentes disciplinas o crear lineamientos y reglas para su funcionamiento.

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A la fecha, la FGR ha incumplido su obligación de crear y poner en operación esta herramienta de identificación, pese a que desde 2017 la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (LGD), impulsada y promovida por las familias de personas desaparecidas, estipula claramente que operar el Banco es una obligación a cargo de la Fiscalía.

Ante esto, Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, —desaparecido en Guanajuato— acompañada por el Centro Prodh, presentó la demanda de amparo el 30 de agosto de 2021.

En el fallo, el juzgado se pronuncia a favor de Olimpia, e indica que “no es ajeno al profundo dolor que provoca la desaparición” y reconoce la forma en la que las familias se ven obligadas a realizar una búsqueda por sí mismas y la existencia de obstáculos institucionales durante estos procesos.

La sentencia de amparo reitera la existencia del derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas y, en su caso, identificadas y establece que la omisión de la FGR genera una afectación directa para Olimpia como familiar al demostrarse durante el juicio la inexistencia del BNDF, y considera que la falta de implementación “limita injustificadamente la búsqueda” de su hermano y de todas las personas desaparecidas en el país.

Además, esta decisión toma en cuenta las recomendaciones y resoluciones provenientes de organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos.

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