México rebasa el medio millón de desaparecidos; cada año suma más de 8 mil
El fenómeno está ligado a la trata de personas y no al narcotráfico dicen en el Estado de México, con la mayor alza de casos de niñas y jóvenes desaparecidos.
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Mujeres investigan por medio de testimonios las denuncias que nunca se realizaron. | Jorge Carballo
Febrero de 2023. En los linderos boscosos de La Marquesa, municipio mexiquense de Lerma, las autoridades descubrieron nueve fosas clandestinas con decenas de restos humanos no identificados. La escena es impactante, pero forma parte de una problemática nada nueva que se empeña en evidenciar un fenómeno tan escabroso como complejo, donde detrás de cada desaparecido suele haber autoridades omisas o corruptas.
Las cifras que rodean a este fenómeno no son alegres. Según Transparencia Internacional, en su ranking de corrupción, México ocupa el lugar 54 de 183 naciones. La impunidad engorda la cifra anual de más de 8 mil personas por la mañana que salen de su casa y que jamás vuelven. El último reporte de Impunidad Cero, sólo siete de cada 100 homicidios fueron esclarecidos durante los últimos seis años.
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Voces expertas en la materia y activistas, cuentan a MILENIO que, a través de sus investigaciones y localización de fosas clandestinas, exhumaciones, registros y recolección de testimonios que nunca presentaron una denuncia, el número de mexicanos y mexicanas que han sido borrados de los registros presentes suman, por lo menos, 500 mil. Un dato que rebasa estratosféricamente las cifras oficiales.
Pero incluso la cantidad de desapariciones que sí son reconocidas son escalofriantes. Por ejemplo, durante 2022 en Veracruz fueron descubiertas 60 fosas clandestinas. En Jalisco, durante ese año, fueron localizados 41 sitios con restos humanos no identificados, y 23 de esos lugares eran fosas con varios cuerpos. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2022, descubrió 128 puntos de enterramientos clandestinos en suelo jalisciense, muchos más que los 23 de 2021 o los 27 en 2020.
La situación parece descontrolada y los datos se quedan cortos. En 2019 una declaración del subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas, fue motivo de titulares en la prensa internacional: “México se ha convertido en una enorme fosa clandestina”. Entonces se barajaba el número de solo 40 mil personas desaparecidas. Tres años más tarde, la cifra oficial llegó a 107 mil y Encinas estimaba que el número de cadáveres encontrados sin identificación era de 37 mil.
La ONU, sin embargo, reveló un dato dramático: cada hora, una persona desaparece en México. Es decir, cada año hay más de 8 mil 700 desaparecidos.
Así pues la cifra oficial de fosas clandestinas que se manejaba en 2021, que era de casi 5 mil, deberá revisarse en virtud de que en este año, cada mes, aparecen más entierros clandestinos principalmente en el Estado de México, Veracruz o Guerrero.
Desapariciones también son cuestión de género
Al teléfono está Patricia Olamendi, abogada experta en derechos humanos y ex representante de ONU Mujeres en Centroamérica. Señala que las desapariciones no existirían sin la complicidad del Estado y que son indisociables de la violencia de género.
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Su postura se basa en hechos como el ocurrido en la fosa común de Arroyo El Navajo, considerada como el cementerio clandestino más grande de Ciudad Juárez. Ahí se encontraron los cuerpos de 27 mujeres que fueron torturadas y asesinadas después de dos años de haber sido secuestradas y explotadas sexualmente. Esa ciudad chihuahuense se convirtió desde hace décadas en sinónimo de feminicidio, desapariciones e impunidad.
También consultada por este diario, Arussi Unda, activista del colectivo Brujas del mar y considerada por la revista Time y la BBC como una de las personas más influyentes del 2020, supone que el número de feminicidios diarios es muchísimo mayor a los 11 que declara el actual gobierno. Para ellas, el número de mujeres desaparecidas y asesinadas todos los días se acerca a 20.
Tanto Arussi Unda como Olamendi coinciden en que no son 3 mil 500 mujeres las que mueren o desaparecen cada año, sino, por lo menos, 5 mil.
Sin embargo, para el gobierno de Andrés Manuel López Obradorlas desapariciones forzosas no parecen ser un tema prioritario, señala Olamendi, tampoco la relación que guardan con la violencia de género. No existe voluntad de investigar a fondo cuáles son las causas del fenómeno.
Se ha intentado “sacarse de encima este asunto simplemente con la creación de un registro de personas desaparecidas”, explica la experta. Pero esta estadística sólo suma los desaparecidos reportados mediante una denuncia, y después de eso no hay ningún mecanismo de seguimiento judicial a cada caso.
El problema adicional es que muchos familiares no denuncian por miedo al presunto contubernio que existe entre las autoridades y los criminales, con lo cual la cifra negra aumenta a niveles inciertos.
Hay lugares en los que el problema se recrudece a niveles fuera de proporción. Por ejemplo, el Estado de México es donde más ha crecido la desaparición de niñas y jovencitas en el país. “Las personas desaparecidas no son producto de la guerra entre narcotraficantes”, dice Olamendi, “ya es momento de entender que muchas de las mujeres que desaparecen son víctimas de explotación sexual”, denuncia.
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No por nada en la entidad mexiquense la trata de personas creció 68% entre 2020 y 2021, según la oficina de la ONU contra el tráfico de drogas.
El Estado no resuelve las desapariciones
Si en algo coinciden las distintas voces del activismo que buscan personas desaparecidas es en la evidente ausencia del Estado a lo largo de todos los procesos, principalmente en lo que a la búsqueda de fosas se refiere.
Quizá el caso que mejor ejemplifica esta realidad es el de Colinas de Santa Fe, en Veracruz, donde se descubrió la fosa clandestina más grande de América Latina. La localización de ese sitio, en el que fueron encontrados 302 cadáveres, estuvo a cargo del colectivo Solecito. Lucy Díaz, su fundadora y madre de un hijo desaparecido desde 2013, recuerda ese momento en una conversación con MILENIO.
Relata que cuando, finalmente, las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos pudieron hacer los trabajos de excavación, investigación e inhumación en la fosa, las propias autoridades entorpecieron su trabajo.
“Tardaron tres meses en darnos los permisos para excavar, nosotras pagamos a los forenses y expertos en identificación de restos humanos, personas que cobran semanalmente un sueldo. Muchas madres que buscan a sus hijos no tienen recursos, pero entre nosotras nos hacemos cargo. El gobierno no nos ayuda en absoluto”, expresa la señora Díaz.
Cuando finalmente Solecito entró al predio, las autoridades les dijeron: “Por ahí no pueden buscar, sólo por aquí”. Pero Lucy y sus compañeras reclamaban que las dejaran trabajar. “Estamos aquí buscando a nuestros hijos con nuestros propios recursos, si no nos van a ayudar, no estorben ni impidan nuestro trabajo”, respondieron. Cuando ya nadie se entrometió en las excavaciones, inmediatamente aparecieron los restos humanos. “Con los guantes puestos rompíamos un terrón y veíamos cómo salían huesos, que después eran identificados como un tórax o un cráneo”.
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Este 2023 se cumplen 10 años de que Lucy busca a su hijo, quiere hallarlo con o sin vida. A los secuestradores, después de haber cobrado el rescate que demandaron por su liberación, los detuvieron, pero jamás los enjuiciaron. Hoy están libres.
Tampoco la autoridad estuvo involucrada en la localización del predio. Mientras Lucy y el resto de activistas se preparaban para una manifestación el 10 de mayo de 2016, un par de sujetos desconocidos llegaron y les entregaron 10 hojas con indicaciones y crucecitas. Eran los mapas del lugar de la fosa. Ellas jamás supieron quiénes eran esos hombres, ni por qué les habían dado esa información. “Fue un regalo muy peculiar por el día de las madres”, reflexiona Lucy.
La ausencia del Estado es patente también para Yadira Cortés, activista de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, que brinda ayuda psicosocial a los familiares de desaparecidas. Confirma que en Chihuahua la situación sigue siendo crítica. “La gestión de la Comisión Especializada en la Atención a Víctimas del Estado (Ceave) es pésima. ¿Por qué? Pues porque el actual gobierno local le ha recortado 70% del presupuesto. Estamos ante la ausencia del Estado”, se queja.
Señala que la mayoría de las mujeres que el colectivo ha localizado ya están sin vida. Desde su perspectiva, la desatención del gobierno provoca el altísimo nivel de violencia intrafamiliar que se vive en esa ciudad. Cortés acusa que “eso fomenta las desapariciones, incluso es la causa de que muchas mujeres se suiciden… están desesperadas porque saben que nadie vela por ellas”.
Los criminales pueden salir libres
En la historia de Leticia Mora, fundadora de la Red de Madres Buscando a sus Hijos (RMBH), las autoridades, para mal, juegan un papel mucho más determinante. A pesar que el asesino y responsable de la desaparición de su hija ya está tras las rejas, “la tranquilidad nunca llega” debido a que el criminal puede salir libre de nuevo.
Su hija desapareció en 2011, estaba casada y era madre de dos pequeñas. Aun así, un ex novio la acosó durante meses hasta que, un día, cuando salió de su casa a comprar condimentos para la cena, la secuestró y la asesinó.
Leticia comenzó la búsqueda, pero, igual que les sucede a muchas madres, se encontró con cientos de trabas. “Seguro que se fue con el novio, espérenla”, le decían las omisas autoridades. Pero la señora no se dio por vencida y creó una asociación para mujeres que, como ella, dedican su vida a buscar a sus hijos. Luchó, hizo que su caso llegara a las manos de una fiscal dedicada a encontrar mujeres desaparecidas en distintos estados y, en el cruce de datos, apareció la información que llevó hacia la localización e identificación de su hija.
La desaparición sucedió en el Estado de México, pero después de dos años su cuerpo fue hallado en Hidalgo.
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Tras la investigación forense, las pruebas, incluida la química, concluyeron que el ex novio era el responsable. Fue enjuiciado y terminó en la cárcel. Pero Leticia Mora no está tranquila pues el asesino no ha recibido una sentencia irrevocable. “Utiliza todos los recursos para defenderse, pese a que todas las pruebas determinan su culpabilidad. Se ha amparado, incluso argumenta que fue torturado durante su detención”, añade.
Este sujeto incluso podría recibir una reducción de condena por buena conducta, posibilidad que indigna a Leticia, pero lo que más le enfurece es que nada ni nadie le podrá devolver a su hija, la madre de las dos niñas de las que ahora ella es responsable.
La RMBH también fue determinante para que el asesino de otra chica desaparecida esté tras las rejas. La señora Mora relata a MILENIO ese caso que estaba archivado en una oficina, sin seguimiento alguno y que iba a empolvarse para siempre. La madre afectada no tenía recursos económicos, pero la Red de Madres la ayudó.
“Juntas somos más fuertes”, afirma Leticia Mora. “¿Cuántos casos como ese existen, ignorados por las autoridades? Si no nos ayudamos entre nosotras, nadie más lo hará”, resume.
En 2009 la escritora colombiana Laura Restrepo, en su libro Demasiados héroes, describe a la perfección la situación actual de un país en el que la cifra oficial de desaparecidos es ínfima en comparación con la que reporta el activismo y la gente que busca con tierra en las manos a sus familiares:
“La muerte de un ser amado es cosa atroz, pero al fin y al cabo cerrada, concluida, sin vueltas hacia atrás ni hacia adelante. En cambio, su desaparición es una puerta abierta hacia la eterna expectativa, hacia la no respuesta, la incertidumbre, lo fantasmagórico, y no hay cabeza ni corazón humanos que puedan sufrirla sin acercarse en mayor o menor medida al delirio”.
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