Así fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió reponer el proceso contra el asesino de Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, luego de que este interpusiera un amparo para ser liberado.
El 23 de marzo de 1994 se recordará como el día en que fue asesinado Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, en Tijuana, Baja California.
Esa tarde, mientras caminaba por la colonia Lomas Taurinas hacia su camioneta tras finalizar un mitin, recibió dos disparos, uno de los cuales impactó en su cabeza y le causó la muerte tres horas después.
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Rodeado por simpatizantes y su equipo de seguridad, el candidato fue atacado por Mario Aburto, quien fue detenido posteriormente por la multitud que minutos antes había escuchado a Colosio hablar sobre la necesidad de que el gobierno sea sensible a los reclamos y demandas de las comunidades.
Colosio recibió disparos en el abdomen y la cabeza, siendo la herida en el cráneo la que le causó la muerte.
Un día después del atentado, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari declaró que el asesinato de Colosio Murrieta era una ofensa para todos los mexicanos y un agravio a las instituciones.
También se ofrecieron detalles sobre la trayectoria de las balas y la lucha de los médicos por salvar la vida del político del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los partidos políticos (PAN, PRD, PDM, PARM, PPS, PVEM, PFCRN) también emitieron pronunciamientos, señalando que un hecho de esta magnitud desestabiliza a la nación.
¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio?
Mario Aburto, un obrero originario de Zamora, Michoacán fue el hombre acusado de asesinar al ex candidato a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hasta octubre de 2024, ha sido la única persona condenada por tal crimen.
Según el expediente del Caso Colosio, publicado por la Procuraduría General de la República en 2020, Aburto confesó en 16 ocasiones ser el autor de las heridas de Colosio. El 22 de diciembre de 1994, fue condenado a 45 años de prisión, y en 2024 cumplirá 30 años encarcelado.
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De 1994 a 2004, Aburto estuvo preso en el penal de Almoloya de Juárez. De 2004 a 2012 estuvo en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
Posteriormente, fue llevado al penal federal de Huimanguillo, Tabasco, y en última instancia se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato.
“Declaró voluntariamente ante el fiscal federal, que efectivamente él accionó la pistola tipo revólver calibre 38 especial, habiendo logrado impactar con uno de los proyectiles la cabeza del candidato presidencial, y que, al disparar en otra segunda ocasión, cuando alguien lo sujetaba e iba cayendo, el impacto dio en el abdomen de Luis Donaldo Colosio Murrieta e inmediatamente varias personas lo sometieron, y lo arrestaron”, indican las constancias del expediente del caso en aquel año.
Mario Aburto y su familia han denunciado ser víctimas de tortura. En 2019, Rubén Aburto, padre del confeso asesino de Colosio, envió una carta al ex presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando la reapertura del caso.
En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por presuntos actos de tortura y obstrucción en el acceso a la salud de Mario Aburto. Como resultado, en 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la reapertura de la investigación por el homicidio del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.
En octubre de 2023, un Tribunal Colegiado otorgó un amparo a Mario Aburto, anulando la sentencia de 45 años de prisión que recibió en 1994 por el asesinato de Colosio. El fallo determinó que Aburto debía ser juzgado bajo el Código Penal del Estado de Baja California, en lugar del Federal, lo que abrió la posibilidad de que pudiera salir de prisión en marzo de 2024.
El 29 de enero de 2024, el caso Colosio volvió a ocupar la agenda pública cuando la FGR reveló nuevos detalles sobre la identidad de un presunto segundo tirador que habría participado en el asesinato del entonces candidato presidencial.
Según la FGR, ese segundo tirador era Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La FGR solicitó una orden de aprehensión contra este presunto segundo tirador, pero Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, rechazó emitir dicha orden.
El 23 de octubre de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reponer el proceso del caso Mario Aburto, tras la impugnación interpuesta, por lo que continuará en prisión.
Corte ordena reponer procedimiento; Mario Aburto seguirá en prisión
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el 23 de octubre de 2024 el amparo que un Tribunal Federal otorgó a Mario Aburto Martínez, quien pretendía recobrar su libertad tras cumplir 30 años preso por el homicidio del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio.
La ministra Lenia Batres Guadarrama emitió el voto decisivo, en el que decidió apoyar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para que se escuche a las víctimas del crimen, es decir, a la familia del candidato.
El pasado 25 de septiembre, la Primera Sala abordó el tema, pero Alcántara Carrancá y la ministra Loretta Ortiz Ahfl votaron por revocar el amparo que le daría su libertad.
La ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron por confirmar el amparo.
Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer el asunto, ya que, en 1996, cuando era juez de Distrito, declaró inocente a Othón Cortés, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) de ser el segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio.
El empate provocó que se llamara a la ministra Lenia Batres, quien forma parte de la Segunda Sala para emitir el voto del desempate.
Sin emitir alguna declaración sobre el tema, la ministra acudió a la Sala y votó a favor del sentido del proyecto de Alcántara Carrancá..
El Ministerio Público Federal argumentó que el Tribunal Colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en estado de indefensión a las partes.
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