Presidencia defiende Ley del Conahcyt y acusa que oligarquías quieren mantener privilegios

La Consejería Jurídica de la Presidencia de México señaló que existen oligarquías académicas y políticas que buscan revertir la Ley del Conahcyt con el objetivo de preservar sus privilegios.

A través de un comunicado, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a confirmar la validez de la ley al argumentar que garantiza el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, como establece la reforma constitucional de 2019.

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“Con la nueva ley del Conahcyt se salvaguardan las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, necesarias para el desarrollo democrático de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación.

"La Ley que legisladores de oposición buscan invalidar, tiene como propósito recuperar la confianza en la capacidad de los mexicanos y mexicanas para formar científicos de calidad mundial; pretende evitar la fuga de cerebros mediante el apoyo de posgrados nacionales, a los cuales ya se destinan cuatro veces más recursos que en 2018”, señaló.

Según la presidencia, con esta ley se evita que se transfieran recursos a empresas privadas transnacionales como Monsanto y Coca Cola o a “pequeñas élites oligárquicas” que vivían del erario.

Recordó que través de los 91 fideicomisos constituidos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada.

“Por ejemplo, cuando el ahora diputado federal Juan Carlos Romero Hicks encabezó Conacyt de 2006 a 2011, mediante el programa Innovatec, entregó recursos públicos por un total de 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SAB de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico”, señala.

Además, cuestionó que el diputado Santiago Creel Miranda, el último día de su gestión en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, haya solicitado a la SCJN dar atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023, con la finalidad de revertir una reforma “que permite que todos los estudiantes de posgrado en escuelas públicas cuenten con un tipo de beca, cuyos recursos se entregan directamente, sin intermediarios, lo que implica un incremento de más 38 por ciento en la inversión para 2023, en comparación con 2017”.

“El derecho de todas las personas para gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones debe ser garantizado por el Estado. Por ende, la SCJN debe confirmar la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación”.

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