Al descubierto, transa superior a mil mdp en el gobierno de Silvano Aureoles

Un reluciente elevador para 22 personas llega al piso tres, abre sus puertas y exhibe un muro de concreto que impide el acceso. Algunos trabajadores de Ciudad Salud de Morelia, Michoacán, hablan de esta pifia como símbolo del millonario derroche de recursos que se realizó para erigir esta fortaleza hospitalaria.

Los peritos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) conceden razón a los empleados: realizaron 11 pliegos de observaciones, 16 recomendaciones y 25 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).

Sin embargo, los accesos a los dos nuevos hospitales de Ciudad Salud son monumentales: techos altos, pasillos amplios, pisos de cerámica para tránsito pesado, casi todo luce majestuoso e impecable.

Aviva la esperanza de que habría un antes y un después en la atención médica para los michoacanos, como dijo en noviembre de 2020 el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Se trata del Hospital General y el Hospital Infantil, la mayor obra pública realizada en el sexenio anterior, donde se invirtieron más de 3 mil millones de pesos: 2 mil 600 millones de dinero federal y 400 millones de recursos estatales.

El perredista presumió estas obras como uno de los principales logros de su administración.

Una investigación impulsada por el Programa de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO, en colaboración con MILENIO, revela que el gobierno de Michoacán realizó licitaciones presuntamente simuladas o irregulares en diversos contratos que suman mil 127 millones de pesos.

La revisión de los contratos arroja que algunas de las empresas beneficiadas están vinculadas a aliados políticos del gobernador Silvano Aureoles (2015-2021).

Fue el caso de GCQ Construcciones, relacionada con Carlos Herrera Tello, ex secretario de Gobierno y ex candidato al gobierno de Michoacán, y Samedic, de Alexis Nickin Gaxiola, yerno del ex candidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, las cuales obtuvieron contratos por 376.4 millones de pesos y 160 millones de pesos, respectivamente.

Otro consorcio favorecido fue el integrado por la alianza Roth’s Ingeniería y Constructora Tzaulan, la cual ganó el mayor contrato de su historia: 430.2 millones de pesos en una licitación irregular que permitió competir a Constructora Erlort y Asociados, propiedad de los mismos dueños de Roth’s, Manuel Leonardo, Luis Erwin y Luz Eugenia Rodríguez Torres.

Es el único contrato que han ganado estas empresas en Michoacán, donde les aprobaron diez convenios para obtener 160.1 millones de pesos adicionales y un año y medio más de tiempo para entregar la obra, sin sanción alguna.

Además de las presuntas licitaciones a modo, la ASF halló múltiples irregularidades en estos dos hospitales: pagos por obras no ejecutadas, convenios no justificados, intereses bancarios no reportados, entre otras anomalías, que sumaron 751.6 millones de pesos en observaciones.

Por otra parte, la suma de contratos y convenios de ambos hospitales dan un total de mil 842 millones de pesos para el Hospital General y mil 349 millones de pesos en el Infantil. La diferencia entre ambos fue de 492.7 millones de pesos, cuando el primero fue construido para 250 camas y el segundo solo para 100.

Contratos para los aliados

Como secretario de Gobierno, Carlos Herrera visitó en varias ocasiones el Hospital General, conocido también como Civil. En un video de septiembre de 2020 se le ve maravillado con la capacidad de la obra.

“Espero que no, pero si algo me pasa, yo quiero estar en el Civil. La neta”. Y lo estuvo, pero como apoderado de GCQ Construcciones.

El brazo derecho de Aureoles era representante legal de Quality Construcciones desde marzo de 2010. Esta compañía cambió su nombre a GCQ Construcciones en 2016. Su poder era tan amplio que incluso podía vender la empresa.

GCQ no tenía experiencia en hospitales y para solventarlo se alió con Pátzcuaro. Ganaron la tercera etapa del Hospital General en abril de 2018 por un monto de 376.4 millones de pesos.

La elección de GCQ representaba un potencial conflicto de intereses por cuatro motivos más: Herrera era alcalde de Zitácuaro y la ley federal de servidores públicos le impedía concursar por obras de gobierno; uno de los dueños de GCQ es su concuño Juan Carlos Pérez Olivares; la empresa tenía denuncias penales por incumplimiento de obras en el municipio de Tuxpan; y era pública su amistad con el gobernador, que en abril de 2019 lo nombró secretario de Gobierno.

La revisión al fallo y a las propuestas económicas arrojó evidencia que sugiere un proceso simulado, ya que Edificaciones Tres Ríos y Lerma Edificaciones, las principales contendientes por ser ejecutoras de la segunda etapa, fueron descalificadas pese a estar 60 millones abajo de GCQ.

El argumento fue que redactaron mal el nombre de la licitación. Las dos empresas se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un concurso desleal, pero ésta los remitió a la Contraloría estatal, donde nada procedió.

Eduardo Ostos, abogado del consorcio GCQ-Tzaulan, dijo en entrevista para este reportaje que tras el cambio de razón social no se otorgó un nuevo poder a Carlos Herrera y que éste no ha ejecutado ningún acto de representación de la empresa, “por lo que se presume solo una omisión en cuanto a la formalidad para revocar expresamente las facultades”.

GCQ se llevó dos jugosos contratos durante la administración silvanista. El otro fue en 2017 para la remodelación y ampliación del Centro de Convenciones de Morelia por 188.2 millones de pesos; compitió sólo contra RECAM Construcciones, la misma empresa que hizo los trabajos de mejoramiento en la Casa de Gobierno en 2020.

Algunos constructores del estado aseguran que durante la pasada administración se entregaron obras públicas a las compañías “favoritas” del gobernador, lo cual hizo quebrar a varias compañías por falta de proyectos o de pagos.

“Ya no acudíamos a las licitaciones porque sólo validábamos los concursos amañados entre ellos”, aseguró un constructor en esta situación que pidió omitir su nombre.

A la caza de Samedic

Samedic fue creada en 2013 en la Ciudad de México, pero ingresó al Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) hasta agosto de 2020.

En el Registro Público de la Ciudad de México aparecen como dueños Pablo García Retana y Alan Mayorga Rueda. Alejandro Méndez Gutiérrez es el administrador único; Ander Capistrán Garza, el delegado especial, y José Eduardo Vieyra Hernández, el representante legal.

La conexión existente entre Alexis Nickin Gaxiola (yerno del priísta Roberto Madrazo y dueño de Hova Health) con Samedic se da a través de Pablo García Retana, socios en la empresa Squad I Burks, dedicada a la seguridad privada, aunque Nickin tiene 49 de las 50 acciones.

Durante la administración de Aureoles, Samedic obtuvo 498 millones de pesos en cinco contratos:

2017: 109.8 mdp. Compite contra Hova Health por servicio médico hospitalario.

2018: 109.8 mdp. Concursante único por imagenología e infraestructura médica.

160.07 mdp. Adjudicación directa para equipamiento del Hospital General.

5.7 mdp. Compite con dos empresas por equipo médico y de laboratorio

2019: 113.2 mdp. Concursante único para equipamiento y mantenimiento de 30 unidades médicas.

Los Servicios de Salud de Michoacán (SSM) otorgaron a Samedic la única adjudicación directa que existió en todo el proceso de construcción y equipamiento de los hospitales con el argumento de que con antelación se realizaron dos licitaciones, una nacional y otra internacional, “no llegando a concretarse la formalización de los contratos”.

La adjudicación se firmó el 29 de agosto de 2018, 54 días después de la primera licitación y 12 días antes de la segunda.

Samedic subcontrató a pequeñas empresas para colocar camas, esterilizadores, mesas de acero y diversos instrumentos médicos en ambos hospitales. Uno de los subcontratistas que pidió reservar su nombre asegura que sólo les dio el anticipo y, concluidos los trabajos, desapareció.

“Me pueden dar un dato para poder localizarlos y cobrar lo que se me adeuda… ya no aguanto la presión de mis proveedores”, señala un mail enviado a estas reporteras por el empresario.

Flexibilidad inexplicable

Roth’s y Tzaulan ganaron la segunda etapa para construir el Hospital Infantil a pesar de que la primera nunca había construido un hospital y la segunda, constructora del Instituto Jalisciense de Cancerología y del hospital de Ciudad Madero, Tamaulipas, presentaba retraso en esta última. Los dueños de Tzaulan son Lilliane, Jorge Armando y José Guillermo Vázquez López.

Los SSM se pusieron muy estrictos con sus competidores al descalificar a Luviano, constructor de la primera etapa, por sobrepasar el presupuesto autorizado de 450 millones de pesos, o a Edificaciones Tres Ríos, por llenar mal los formularios, al escribir cinco días festivos en lugar de siete, mientras que a los dueños de Roth’s se les permitió concursar dos veces a través de Erlort, en clara simulación de concurso.

La obra debía arrancar el 9 de enero de 2017 y concluir el 31 de diciembre de 2017. La realidad fue que tardaron 17 meses más y cobraron 37 por ciento extra al contrato original, lo que contraviene la Ley de Obras que sólo permite el 25 por ciento.

Contratos generosos

El Hospital General se dividió en tres etapas: cimentación, construcción y equipamiento. Los ganadores fueron Ingenieros Civiles Asociados (ICA), con un contrato de 61.9 millones de pesos; Edificaciones Tres Ríos y Lerma Edificaciones obtuvo uno por 535.9 millones; GCQ Construcciones, en alianza con Constructora Pátzcuaro, se benefició con 376.4 millones, más un adendo modificatorio por 4.6 millones.

El equipamiento médico se dio en dos licitaciones por 653.3 millones de pesos y una adjudicación directa de 160 millones de pesos, la cual recayó en Samedic; el mobiliario implicó una licitación por 39.7 millones de pesos y otra más para el equipo de cómputo, por 10.4 millones de pesos.

El Hospital Infantil fue dividido en cimentación y construcción. Quedó en manos de Inmobiliaria y Constructora Luviano, con un contrato por 85 millones de pesos, y Roth’s - Tzaulan, que sumó un monto final de 590 millones 340 mil 249 pesos, el mayor presupuesto de toda la obra. Para el equipo médico hubo una licitación de 624.8 millones de pesos, otra para mobiliario por 34.5 millones de pesos y una más para cómputo por 15.1 millones de pesos.

A excepción de ICA, todas las empresas ganadoras obtuvieron en Ciudad Salud los contratos más jugosos de su historia, de acuerdo con la base de datos de Poder, una asociación civil que aglutina los contratos públicos.

El elevador que da a la pared

La calidad de los constructores quedó exhibida en ese elevador para 22 personas que, al llegar al tercer piso y abrir sus puertas, muestra una pared de concreto que impide la salida.

Los peritos de la ASF hallaron que los SSM pagaron 63 y 126 millones de pesos por conceptos no previstos, no justificados y no contemplados en los catálogos, lo que sugiere un indebido seguimiento a las obras, que hoy se mira en fallos importantes, como la falta de rampas al interior, inundaciones por lluvia o por aguas negras, además de dudas en la cimentación del Hospital Infantil.

El gobierno de Aureoles no presentó ninguna denuncia en contra de sus funcionarios y quien podría hacerlo, el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, está en una situación incómoda debido a que su secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, desempeñó ese mismo cargo en 2017, por lo que su firma aparece en algunas licitaciones y convenios. Esta propuesta de reportaje fue seleccionada en la Convocatoria 2021 del Programa de Apoyo al Periodismo en México de la Unesco. Su contenido es responsabilidad de las autoras. Editor del Programa: Francisco Sandoval Alarcón.

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