De casi mil mdp, hoyo en institutos y tribunales electorales de estados

En los institutos y tribunales electorales de los estados, las historias de dispendios abundan: consejeros y magistrados que se autorizan bonos, vales, pagos en exceso, impuestos que se retienen a los trabajadores pero que no se entregan a Hacienda, proveedores que no dan recibos de cobro, deudas mal financiadas, trabajos pagados que no se realizaron, etcétera.

Una investigación realizada por MILENIO, basada en una revisión de las auditorías practicadas a estas instituciones por parte de los órganos superiores de fiscalización en cada una de las entidades, revela lo anterior y ofrece detalles de los derroches e irregularidades.

El robo de la camioneta del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Sinaloa se convirtió en un tema de conversación entre los auditores del Congreso del estado. El asunto fue incluso reportado por los principales medios de comunicación locales.

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Resulta que Guillermo Torres Chinchillas denunció en 2019 el supuesto atraco, pero no presentó copia de la denuncia que respaldara su dicho. Se trataba de una Toyota RAV4 XLE con un costo de 374 mil 800 pesos. El Tribunal le había otorgado la SUV para el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, el magistrado no reportó de inmediato ese supuesto robo. Fue hasta noviembre de 2020 cuando Torres Chinchillas dio a conocer, ante la administración del Tribunal, el presunto hurto, pero no presentó evidencia para corroborar su versión. Aun así, según auditorías, la camioneta fue dada de baja del inventario del tribunal sin mayor trámite.

El tribunal reconoció a este diario que la denuncia no ha sido entregada, aunque afirman tenerla en sus archivos, porque la “auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2019 aún sigue su curso y sigue en etapa de requerimientos de documentación comprobatoria y justificativa”.

En 2020, los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de Colima, encabezados por Nirvana Rosales Ochoa, se otorgaron irregularmente “compensaciones” que sumaron un probable desfalco a su presupuesto por 2 millones 268 mil pesos y se repartieron vales para gasolina cuyo uso no fue comprobado.

Ese año también, tres integrantes de ese instituto electoral, Noemí Sofía Herrera, Ayizde Anguiano y Raúl Maldonado, antes de concluir su encargo como consejeros cobraron vacaciones a las que no tenían derecho.

En Nayarit, magistrados y mandos superiores del Tribunal Electoral recibieron cada mes de 2018, sin la debida justificación, vales de gasolina que al final del año sumaron un desfalco de 360 mil pesos.

Esos vales nunca fueron autorizados y, además, no hubo evidencia de que ese consumo de gasolina lo usaran para traslados relacionados con el desempeño de sus funciones.

En ese mismo tribunal electoral, el de Nayarit, los magistrados electorales, encabezados por Gabriel Gradilla Ortega, se aprobaron, a unos días de la Navidad de 2018, un bono por “trabajos extraordinarios”, sin que esas prestaciones estuvieran autorizadas en el presupuesto.

El bono, que buscaba motivar el “aumento en la productividad” tanto de magistrados como de mandos superiores, mandos medios y trabajadores de confianza, representó ese año un boquete al erario del tribunal por 3.2 millones de pesos, de acuerdo con auditorías.

La punta del iceberg

Entre 2018 y 2020, de acuerdo con los informes más recientes de las auditorías estatales, al menos 29 institutos y tribunales locales sumaron inconsistencias por al menos 977 millones 918 mil 280 pesos de recursos públicos han sido utilizados de manera irregular o sin la documentación que compruebe que se aplicaron de manera correcta.

Este monto de anomalías refleja sólo las cuentas que han podido ser revisadas, pero existe un conjunto de institutos y tribunales que no son fiscalizados por las auditorías de sus estados y sobre los que, en consecuencia, no existe información del manejo de sus recursos.

Por ejemplo, MILENIO no encontró auditorías a los institutos y tribunales electorales de Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas o Tabasco, estado en el que ni siquiera existe sitio de internet de la auditoría estatal.

Tampoco se encontraron informes de los tribunales de Aguascalientes y Zacatecas, mientras que, en los órganos de Michoacán, por ejemplo, no se mencionan los montos de las irregularidades encontradas.

Puebla, sin rastro de 302 millones

Pero no todo son derroches personales de magistrados y consejeros, sino que muchas de esas cuentas pendientes también revelan una mala administración de las finanzas en ese tipo de instituciones.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de Puebla identificó que el Instituto Electoral de esa entidad no entregó documentación comprobatoria del uso de 302 millones de pesos durante 2019, la cifra más alta de irregularidades entre institutos electorales locales.

“No remitió la integración del saldo observado, pólizas de registro contables y presupuestarias, transferencias electrónicas, CFDI, recibo de la ayuda, solicitud de recursos, convenio y autorización y aprobación de su Consejo General”, dice el informe.

Sin que la auditoría lo especifique, ese monto es el costo de la elección extraordinaria para gobernador que se celebró en 2019, luego de la muerte, en diciembre de 2018, de la gobernadora Martha Erika Alonso.

Ese mismo Instituto Electoral también tiene cuentas pendientes por aclarar por 183 millones 955 mil pesos que tampoco tienen un soporte documental de su ejercicio.

En Querétaro, se encontraron pagos del Instituto Electoral por 11 millones 832 mil pesos a 73 proveedores de bienes y servicios que no estaban registrados en el padrón de proveedores y que no firmó contratos con 18 proveedores de bienes y servicios, lo que afectó su presupuesto por 4 millones 712 mil 792.56 pesos.

En Veracruz, el órgano de fiscalización detectó una deuda del Instituto Electoral, a finales de 2018, por más de 33.7 millones de pesos de ese ejercicio y de años anteriores, que incluye contribuciones fiscales pendientes de pago, “situación que podría generar un pasivo contingente, como resultado del fincamiento de créditos fiscales y/o capitales constitutivos con actualizaciones, multas y recargos por parte de la autoridad correspondiente”.

Ayudas, dietas… y abusos

En 2018, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó dar “ayudas sociales” a consejeros distritales y municipales por 9.9 millones de pesos, pero no les exigió a los beneficiarios un comprobante fiscal que respaldara la entrega de esas supuestas ayudas, por lo que no existió evidencia de esos pagos.

Ese mismo instituto entregó recursos económicos por concepto de “apoyos administrativos y secretariales” durante la jornada electoral de 2018 por 2.7 millones de pesos, sin especificar a cuántas personas se les entregó el dinero y quiénes fueron los que cobraron.

Ese año, un magistrado del Tribunal Electoral de Baja California Sur recibió pagos por más de un millón de pesos por concepto de “haber de retiro”, sino que ese tipo de remuneraciones estuvieran establecidas en la ley.

En Baja California no se quedaron atrás. Los magistrados electorales de ese estado no sólo fueron polémicos en 2019 por aprobar, indebidamente, la ampliación del periodo de gobierno de Jaime Bonilla de dos a seis años, sino que sus remuneraciones también fueron irregulares.

Una auditoría encontró que, ese año, 2019, los magistrados Jaime Vargas Flores, Leobardo Loaiza Cervantes y Elva Regina Jiménez se repartieron un pago en exceso por un millón 265 mil pesos, adicional a su salario, por concepto de “dietas y retribuciones”.

Por su parte, en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, pagó en 2019, 100 millones 408 mil pesos a sus trabajadores sin recibir facturas que lo comprueben.

Pero un caso de abuso, documentado por la auditoría de Nayarit, es el de su tribunal electoral, el cual en su oficio de solicitud de ampliación presupuestal por más de 15.8 millones de pesos, dirigido al congreso local, simuló la necesidad de recursos adicionales.

“Se advierte que la solicitud simuló la necesidad del recurso y no contemplaba las necesidades de pago, en función de los compromisos reales contraídos o a contraer”, dice el informe.

La ampliación presupuestal que el tribunal pretendió, significó un incremento del 112.8 por ciento en relación con su presupuesto originalmente aprobado.

Institutos deben rendir cuentas: INE

Entrevistada al respecto, Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE, aseguró que, como toda institución pública, los institutos estatales deben rendir cuentas, pero que no le corresponde al INE la fiscalización y la revisión del uso de sus recursos públicos.

“Debe de haber rendición de cuentas, transparencia, tiene que hacerse una revisión puntual de cómo se están ejerciendo esos recursos públicos y si hay alguna irregularidad, llámese una autoridad electoral o cualquier otra autoridad, se tienen que deslindar responsabilidades y se tiene que aclarar eso y regularizar. Eso va por una cuerda completamente separada, es una función que se tiene que hacer de manera permanente y eficiente”, expresó la consejera.

Sin embargo, aclaró que “el INE no tiene injerencia en la forma en la que los OPLEs ejecutan los recursos públicos que les son otorgados”.

Explicó que, aunque la reforma electoral del 2014 estableció al INE como eje rector del modelo nacional de elecciones, en el que coexisten la autoridad nacional y las de los 32 estados, “eso no implica que esas autoridades locales hayan perdido su autonomía o se hayan convertido en extensiones del INE”.

Ravel consideró que, si se le adjudicara al INE la responsabilidad de fiscalizar a los institutos, tendría una carga aún más grande de trabajo.

“Implicaría no solamente que fuera la única autoridad fiscalizadora de todos los partidos políticos y de candidaturas independientes, sino ahora de los OPLES; tendríamos que engrosar la estructura del propio instituto y generar perfiles especializados en este tipo de auditorías, estaríamos hablando de un modelo completamente distinto”, comentó.

Además, se daría una duplicidad de funciones, pues fiscalizar recursos públicos de instituciones es responsabilidad constitucional de las auditorías estatales y contralorías locales.

Reforma electoral, contra el dispendio

En la iniciativa de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril, se propone la extinción de institutos electorales y tribunales locales para unificarlos en una sola autoridad.

Uno de los argumentos que esgrime la propuesta es que, además del presupuesto del INE, cada año se gastan más de 13 mil millones de pesos, tan sólo para sostener a los institutos locales.

El planteamiento incluye “suprimir” al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente.

“El INEC será la única autoridad administrativa electoral del país”, dice la propuesta, la cual añade que sus funciones absorberían las de los organismos públicos locales (OPL), es decir, “organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal”.

Por otra parte, en relación con los tribunales electorales, el documento de la iniciativa afirma que “hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral: como primera instancia, no brindan certeza a los procesos electorales”.

Sostiene que “el Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales”; por eso, la propuesta incluye que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea el que absorba las controversias electorales locales del país y que los integrantes de su Sala Superior, los siete magistrados serán electos popularmente, tal como se propone también para la integración del eventual INEC.

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