Estados Unidos libera a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas
Tomás Yarrington tenía casi tres años detenido en una cárcel de Estados Unidos.
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Tomás Yarrington / Especial
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El gobierno de los Estados Unidos a través del Agencia Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) confirmó la liberación de Tomás Yarringtón Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas, luego de ser señalado por cargos de tráfico de drogas, extracción, fraude y lavado de dinero, esto a un año de ser sentenciado por un juez.
De acuerdo con la página oficial, se dio a conocer que el ex mandatario, originario de Matamoros y quien formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejó de pertenecer a un centro penitenciario en Illinois el pasado 3 de julio. Bajo el registro 39549-479, la página oficial de la BOP indicó su estatus del extraditado desde Italia en el 2017.
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Apuntó que, al no encontrarse bajo custodia de la mencionada agencia, no especifica en qué calidad fue puesto en libertad, ya sea condicional, supervisada o bajo la custodia de algún otro sistema de justicia penal o correccional.
Cabe señalar que Yarringtón Ruvalcaba, jefe del Ejecutivo estatal entre 1999 y 2005, fue detenido en Florencia y enviado a los Estados Unidos; en enero del 2020 empezó su juicio en la corte federal con sede en Brownsville, Texas. Posteriormente, en marzo del 2021 se declaró culpable de lavado de dinero y aceptar sobornos bajo dicha función, se le desestimaron 10 cargos relacionados con el narcotráfico y su condominio en Puerto Isabel fue embargado. En 2023, un juez le otorgó una sentencia de 9 años y permaneció encarcelado en el reclusorio USP Thompson en la parte norte de la Unión Americana.
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Al concluir su período y ser relevado por Eugenio Hernández Flores, Tomás mostró abiertamente su intención de ser candidato del PRI a la Presidencia de México de cara a los comicios del 2006, contienda interna que ganó Roberto Madrazo Pintado.
Cinco años después empezaron los señalamientos por parte de la DEA, acusado de lavar millones de dólares a grupos delictivos dentro de su administración. Se presentaron solicitudes en San Antonio y Corpus Christi para confiscar propiedades adquiridas en dicha entidad, mientras se le suspendió su militancia priista en mayo del 2012.
También cargó con investigaciones realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), al atribuirle haber recibido más de 8.5 millones de dólares del crimen organizado para financiar su campaña en 1998.
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