Gobierno de México busca que se entreguen ganancias por el tráfico de armas
En la demanda presentada en una corte de Arizona, asegura que casi la mitad de los distribuidores irían a la quiebra sin el dinero del tráfico de armas.
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El gobierno mexicano presentó el lunes en la Corte Federal de Distrito de Arizona una demanda en contra de cinco distribuidores de armas, a los cuales señala por participar en el tráfico de armas estilo militar y municiones junto a los cárteles mexicanos.
La administración federal busca que se emitan varias medidas para reparar los daños causados, entre ellas, que entreguen las ganancias que habrían generado por la venta de armas que terminaron en manos de sicarios mexicanos, ingresos que, asegura, son vitales para la sobrevivencia de varias de estas empresas.
En total, presentó 13 cargos relacionados con negligencia, alteración del orden público, enriquecimiento injusto y violación de diveras leyes, entre ellas la ley contra el crimen organizado RICO.
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A través de diferentes estudios, el gobierno mexicano determinó que "cada acusado es probable que haya lavado decenas de miles de dólares, sino cientos de miles de dólares de dinero de cárteles de la droga".
El gobierno mexicano detalla que “en los últimos cinco años, cada uno de los acusados se encuentra entre las 10 distribuidoras con el mayor número de armas recuperadas en México y rastreadas hacia un distribuidor en Arizona.”
En su demanda para un juicio civil, solicita que se obligue a las distribuidoras demandadas Diamondback Shooting Sports, SNG Tactical, Loan Prairie, Ammo A-Z y Sprague’s Sports a cambiar sus prácticas de venta y que haya un monitoreo de estos cumplimientos, con cargo a las propias empresas.
También busca que se les involucre en el financiamiento de estudios y campañas de prevención del tráfico de armas, que haya una reparación monetaria del daño y que las ganancias identificables vinculadas al tráfico de armas sean devueltas. Sin este ingreso, México asegura que cerca de la mitad de los distribuidores de armas de fuego irían a la quiebra.
Según un cálculo basado en trazabilidad de armas recuperadas en escenas de crímenes en México, las cinco distribuidoras venden anualmente entre 840 y 2 mil 203 armas, que finalmente fueron traficadas a través de la frontera sur de Estados Unidos, en su mayoría las que identifica como “las armas favoritas del narco”: rifles AR15, fusiles de asalto AK-47 y rifles de precisión antiaéreos Barrett calibre .50.
México señala que los distribuidores de armas ignoran “red flags” o alertas en las transacciones de armas de fuego, como la venta a intermediarios, a granel o repetidas, y que esas prácticas ya han sido identificadas por los cárteles, que hacen de esas firmas sus distribuidoras preferidas.
En Texas hay cerca de mil 500 distribuidores de armas, y se encuentra, por ejemplo, el “Corredor de Tucson”, una de las tres rutas más importantes de tráfico de armas en Estados Unidos, que corre desde Arizona hacia Nogales, Sonora. Además, los condados de Maricopa y Pima son las principales fuentes de estos instrumentos hacia México, después del condado de Hidalgo, en Texas.
El gobierno mexicano asegura que las firmas señaladas “saben o deberían saber que sus prácticas de negocios temerarias e ilegales, que incluyen ventas a intermediarios y a granel de armas estilo militar, suministran a peligrosos criminales en México y Estados Unidos”, como los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.
Además, explica que las empresas participan en este esquema debido a que les genera dinero y que particularmente en Arizona estas prácticas han vuelto al estado en el “epicentro” del tráfico de armas hacia México, con lo que además de violar leyes mexicanas, incumplen normativas estadunidenses, incluyendo la Ley Federal Contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado.
En la demanda, aseguran que se trata de una “causa común de México y Estados Unidos” en materia del combate al suministro de armas de guerra a cárteles, por lo que hizo un llamado a que se tomen en cuenta una determinación que permita reducir los daños causados por las armas de fuego en ambos lados de la frontera.
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