Crece violencia sexual contra niñas de Veracruz: de 615 embarazos solo 17 pudieron abortar
La cifra pone a Veracruz como el tercer lugar nacional en embarazos infantiles, siendo el abuso sexual la principal razón de estas gestaciones en niñas menores de 15 años de edad.
Con un total de 615 casos en todo el 2024, el estado de Veracruz se posicionó en el tercer lugar nacional en embarazos infantiles, muchos de ellos resultado de algún tipo de violencia sexual.
En ese mismo periodo se realizaron únicamente 17 interrupciones voluntarias del embarazo a pesar de que ya existen hospitales públicos que pueden hacerlos. La baja cifra se debe a que a la mayoría de las niñas madres no se les dio opción de interrumpir su embarazo, no importando que la gestación haya sido resultado de una violación.
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Así lo han alertado Adriana Fuentes, Aracely González Saavedra y Maribel Apatlax, integrantes de la Organización Equifonía A.C., asociación civil que promueve y defiende los derechos de las mujeres y las niñas
Niegan derecho de aborto a niñas de 10 a 14 años víctimas de abuso sexual en Veracruz
Los 615 casos de embarazo corresponden a menores que van de los 10 a los 14 años y los mismos casi siempre derivan del delito de violencia sexual.
Más alarmante aún, desde el 2019 la entidad veracruzana se mantiene en tercer lugar: “Veracruz ocupó el tercer lugar nacional en embarazo infantil que se da en menores de 15 años, es diferente del embarazo adolescente (a partir de los 16 años). En 2024 las cifras cerraron 615 casos de niñas que tuvieron un parto, desafortunadamente no podemos hablar prevención, pero sí podemos hablar de aminorar los riesgos e impactos para estas niñas”.
La organización conformada por mujeres de diferentes disciplinas informó que los municipios con mayor número de embarazos infantiles son Xalapa, con 43 casos; Minatitlán, con 40; Oluta, con 30 de ellos, y Veracruz, que registró 29.
La lista también incluye a Orizaba, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, Perote y Cosamalopan, que registraron de 11 a 18 casos.
La estadística fue recopilada con datos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de Secretaría de Salud (2024).
Por su parte, Equifonía señala que las autoridades tienen la responsabilidad de salvaguardar y garantizar el bienestar de todas las niñas y mujeres.
“Como sociedad la tenemos de no sumar a discursos de odio. Cada vez que la comunidad juzga y una autoridad es omisa ante los casos de violencias contra niñas y mujeres, se perpetua la vulnerabilidad de las víctimas”, señalaron.
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Siguen sin justicia casos de violencia sexual contra menores en Veracruz: sufren atentados por denunciar a su agresor
Aquí también existen casos de menores víctimas de violencia sexual que no han recibido justicia:
Caso Gabriela | La adolescente víctima de acoso y violencia tras denunciar a su agresor
Gabriela era una adolescente de 17 años cuando fue víctima de violencia sexual en Ixhuatlancillo. Su agresor es miembro de “Mujeres voluntarias para el desarrollo de Ixhuatlancillo” y estuvo en prisión preventiva dos años hasta que una jueza determinó su liberación.
La familia de Gabriela, indígena, señala que la jueza que atendió el caso fue parcial con los testigos que presentaba el agresor, quien es un líder social.
Desde que decidió denunciar a su agresor, Gabriela ha sido objeto de atentados por parte de la comunidad del Ixhuatlancillo, quienes se han organizado en la plaza principal para atacarla, manteniéndose omisas las autoridades municipales.
El asesinato de su perro, un intento por atropellarla, el robo en su casa, las burlas y el acoso, son algunos de las agresiones que obligaron a la familia de Gabriela a huir de su hogar.
Caso Fátima | Pasa de ser víctima a ser juzgada como presunta agresora
Otro es el caso de Fátima, quien pasó de denunciar como víctima, a ser juzgada como “agresora”.
Madre de tres hijos menores de edad en Coscomatepec de Bravo, decidió separarse del padre tras vivir una serie de violencias durante siete años. Éste comenzó a acosarla y como represalia hurta electrodomésticos y deja de pagar la pensión alimenticia.
A su forma y posibilidades físicas y económicas la mujer de 37 años ha procurado la vida de los menores, aunque con varias negativas al pedir atención de las autoridades municipales actuales: en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto Municipal de las Mujeres; y el centro de salud.
La exigencia comunitaria a Fátima era de cierto comportamiento al que no respondió, y la madre del agresor interpuso una denuncia contra Fátima por el delito de omisión de cuidados.
Al buscar acompañamiento ante la injusticia, las autoridades del ayuntamiento han sido omisas justificando con opiniones negativas que la misma comunidad ha alimentado.
La violencia comunitaria contribuye a la impunidad y a que las víctimas desistan en seguir los difíciles procesos correspondientes.
Ante ello Equifonía exige al alcalde de Ixhuatlancillo, Fernando Ochoa Vega, y de Coscomatepec, José Luis Alonso Suárez, a procurar por la justicia en estos casos, así como a la Fiscalía de Veracruz y el Poder Judicial hacer lo propio.
EG
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