La batalla judicial en Jalisco

Al Partido Acción Nacional (PAN) es al que menos le conviene la Reforma Judicial en Jalisco. La medida debilita su último bastión de poder institucional y expone su historial de control partidista sobre la justicia, mientras que favorece a Morena en un estado clave rumbo a 2027. No se trata solo de una batalla legal, sino de una lucha por la supervivencia política.

La situación de Movimiento Ciudadano (MC) es más ambigua. La reforma impulsada por la 4T le representaría riesgos, pero también oportunidades estratégicas. Como fuerza gobernante en el estado, MC tiene más margen de maniobra para negociar y adaptarse.

La aprobación de la reforma requiere 25 votos a favor de los 38 legisladores en el Congreso local, es decir, dos terceras partes. Actualmente, la suma de los 11 diputados de MC, los cinco del PAN, tres del PRI y posiblemente una morenista (Brenda Guadalupe Carrera García, quien en otras votaciones ha respaldado a MC), apenas alcanza 20 votos, aún lejos del umbral necesario.

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Durante el gobierno de Enrique Alfaro, el PAN cedió parte de su influencia en el sistema judicial, lo que permitió a MC tener cierto control sobre los tribunales. Esto le sirvió para blindar decisiones polémicas en temas como el manejo de la pandemia, enfrentamientos con el gobierno federal y megaproyectos urbanos.

Aunque en el discurso nacional MC se presenta como una alternativa neutral, en Jalisco ha replicado las mismas prácticas de los partidos tradicionales, colocando jueces afines a su proyecto.

El electorado de Morena y MC se cruza: ambos buscan captar a votantes desencantados del PRI y del PAN. Sin embargo, la ironía es que en Jalisco estos dos últimos partidos han terminado aliados de MC, pues temen que una reforma judicial exitosa de Morena le otorgue una victoria política y erosione la base de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

No obstante, a diferencia del PAN, que mantiene una oposición radical contra la 4T, MC tiene margen de negociación con Morena. Podría apoyar una reforma moderada a cambio de mantener cuotas de poder en los tribunales o evitar investigaciones contra Enrique Alfaro.

Además, MC no tiene una red de protección judicial tan arraigada como el PAN, que gobernó el estado por 24 años. Su influencia en el Poder Judicial es más reciente y menos estructural. Por ello, una reforma no le generaría un vacío de poder tan abrupto, sino que le permitiría moldear el sistema a su favor y beneficiarse. Mientras para el PAN es una cuestión de supervivencia, MC tiene margen de adaptarse sin fracturar su proyecto político.

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El PAN fue hegemónico en Jalisco durante casi dos décadas (1995-2013). Durante ese periodo, tejió una relación simbiótica con el Poder Judicial, asegurándose jueces y magistrados afines a su agenda.

Su discurso nacional como defensor de la autonomía del Poder Judicial choca con su historial en Jalisco, donde consolidó un sistema funcional a sus intereses. Una reforma que transparentara o democratizara el Poder Judicial dejaría expuestas prácticas como los nombramientos de jueces por cuotas políticas y no por méritos, el uso de tribunales para proteger a exfuncionarios panistas o frenar iniciativas de oposición.

Aunque perdió la gubernatura en 2012 ante Aristóteles Sandoval (PRI), el PAN sigue siendo la segunda fuerza en el Congreso local, con una base electoral urbana y conservadora. Sin embargo, la posibilidad de competir en un escenario con un sistema judicial menos favorable pone en riesgo su existencia. Una reforma podría priorizar los derechos colectivos sobre los intereses privados, lo que afectaría a sectores aliados al blanquiazul.

Por su parte, el PRI, en franco declive, carece del peso histórico del PAN en la estructura judicial. Su crisis nacional y su pérdida de relevancia en Jalisco lo han convertido en un espectador más que en un actor clave en el debate sobre la reforma. La llegada de Aristóteles Sandoval en 2013 y su asesinato en 2020 marcaron el debilitamiento definitivo del tricolor en la entidad.

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La cuenta regresiva está en marcha. Faltan cuatro días para que venza el plazo de aprobación de la Reforma Judicial, que aún debe pasar por los ayuntamientos para su validez. En este momento sigue trabada en el Congreso.

Morena quiere una reforma a nivel federal con tómbola, como lo hizo en el Congreso de la Unión, porque esto le permitiría desarticular redes de protección, facilitar investigaciones contra exfuncionarios y consolidarse rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

Para el PAN, un sistema judicial menos favorable pone en peligro su estructura de poder. MC, en cambio, tiene la flexibilidad de negociar con Morena o mantenerse con el statu quo. Con o sin reforma, tiene la capacidad de reinventarse y moldear el escenario político a su favor.

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