Los zapatos que descalzan las mentiras del Estado

Eduardo Reyes se acerca al perímetro de alambre de púas del rancho Izaguirre con las manos temblorosas, no por la edad, sino por el remordimiento. “Nunca lo busqué”, repite como un mantra venenoso.

Durante siete años, mensajes anónimos al WhatsApp le aseguraron que su hijo Rubén estaba “bien” con sus captores y le advirtieron que no lo buscara más. Las amenazas llegaban desde números desconocidos que se autodestruían de inmediato. “Me aterrorizaba”, confiesa, mirando hacia las fosas donde otros padres intentan desterrar la verdad que él no se atrevió a enfrentar. Su nuera, más valiente o más desesperada, cree reconocer entre las fotos de evidencias unos tenis pegados con carbonato: los mismos que Rubén calzaba la última vez que lo vio con vida en Etzatlán.

En este paisaje de desolación, las corporaciones de seguridad, que en septiembre abandonaron el rancho, ahora actúan como cómplices de un guion macabro. Guardia Nacional, policías estatales y forenses de la FGR custodian el predio con la eficacia de quienes protegen secretos, no verdades. “No son hornos”, insisten las autoridades, más preocupadas por debatir semántica que por enfrentar el monstruo alimentado por el silencio y la indiferencia. Pero los hornos —llamémoslos “barbacoyeros” o “artefactos prehispánicos”— no son lo más aterrador. Lo espantoso son las más de 15 mil desapariciones en Jalisco.

Mientras funcionarios federales hablan de “avances en colaboración interinstitucional”, familias como la de Eduardo Reyes siguen reconociendo tenis pegados con carbonato entre montañas de zapatos mugrosos, botas con agujeros y huaraches descosidos. Izaguirre es México: un país donde la esperanza se reduce a identificar prendas de vestir en bolsas de plástico, mientras los gobiernos, en lugar de apagar el fuego, se dedican a debatir cómo nombrar las cenizas. Las desapariciones no son cifras: son un mapa de impunidad. Y cada vez que un funcionario corrige “no son hornos”, se delata. Al final, ni los informes forenses ni los titulares efímeros devolverán a los desaparecidos.

Solo quedarán las suelas rotas de menos de 200 zapatos —insiste la policía en minimizar el número—, mientras hay más de 124 mil personas sin paradero, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

El sol de Teuchitlán caía a plomo sobre el rancho Izaguirre cuando el reportero Juan Carlos Munguía, de Multimedios, vio a Esperanza caminar con la mirada clavada en el suelo. Cada paso era una batalla contra el miedo; cada respiración, un intento por no ahogarse en el recuerdo de aquella llamada que partió su vida en dos: “Señora, su hijo no llegó a casa”.

Dos años y medio después, allí estaba ella, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, rastreando entre los matorrales resecos y las piedras afiladas, sosteniéndose como podía. Para ella, el aire se espesó. No era el calor, sino el peso del dolor. Entre prendas desgarradas y objetos dispersos, sus manos se detuvieron en unos tenis desgastados. No era un cuento de Allan Poe; era la realidad más aterradora. Los reconoció al instante: las mismas suelas rajadas que su hijo Juan Manuel había remendado una y otra vez.

“Sentí que me mutilaban el alma al imaginar todo lo que mi hijo sufrió”, confesó después, con la voz quebrada por un llanto que ya no tenía lágrimas. “Pensar en su sufrimiento… es como si el corazón me latiera en pedazos”. En su mente se mezclaban las imágenes: el Juan Manuel de 22 años que soñaba con entrar a la Secretaría de la Defensa Nacional. “Jefa, voy a ser tu orgullo”, le había prometido.

Cada prenda encontrada era un espejo roto: reflejaba esperanza y, a la vez, la destrozaba. ¿Era mejor creerlo enterrado bajo esa tierra maldita o seguir alimentando la ilusión de encontrarlo vivo en algún camino polvoriento? “Yo antes tenía la esperanza de que lo iba a encontrar. Ahora solo quedan los tenis, pero yo quiero a mi hijo”, dijo, mientras abrazaba a una anciana.

En medio del caos, su voz se alzó como un faro para otros padres: “Hablen con sus hijos. Acérquense, aunque duela. Porque el silencio es el mejor aliado de los monstruos que se los llevan”, exclamó, desencajada, mirando hacia los cerros, como si desde allí pudiera llegar un eco de Juan Manuel.

A unos metros, otro padre muerto en vida, el señor Romero, golpeaba con furia la cerca de metal. Llevaba dos años buscando a Sebastián, su hijo desaparecido en Tonalá a los 24 años. “El gobierno anterior fue nuestro peor enemigo: nos desaparecían las fichas, nos rociaban gas pimienta. ¡Hasta a nuestros desaparecidos nos los desaparecen!”, gritó al vacío, a ningún funcionario en particular.

En unas horas, los fiscales —el federal con corbata impecable, el estatal con zapatos bien boleados— tomarán un escenario pulido para leer sus discursos. Hablarán desde Palacio Nacional y desde el Congreso de Jalisco. Darán sus resultados concluyentes y minimizarán la tragedia nacional. Pero en algún rincón de las montañas, estos padres seguirán aflojando la tierra con sus propias manos, esperando encontrar a los hijos que el Estado se niega a nombrar.

ampliar