Municipios secuestrados
- ¡Ahí les voy!
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Leonardo Schwebel
En México, la línea entre la política y el crimen organizado se desdibuja cada vez más. El caso de Villa Hidalgo, Jalisco, refleja cómo la delincuencia organizada se infiltra en la vida pública, secuestrando no solo personas, sino instituciones. Jaime Cruz Villalpando, el alcalde reelecto de este municipio, y su esposa, Brenda Marisol Montañez Saucedo, son un ejemplo.
Cruz Villalpando, un hombre que pasó de ser porcicultor a empresario artístico y luego a director de una empresa de tejidos, llegó por primera vez a la alcaldía en 2021 bajo las siglas del extinto partido Fuerza X México, liderado por el polémico sindicalista Pedro Haces, conocido por el escándalo del “ranchito”. En 2024 repitió, pero esta vez bajo la bandera de Movimiento Ciudadano Su esposa también forma parte de la administración local como regidora.
El pasado fin de semana, Brenda Montañez fue víctima de un secuestro. En una entrevista para JLM Noticias relató que fue a recoger una camioneta al condominio Ruscello, en Jesús María, Aguascalientes, acompañada de un vecino. Ahí, un grupo armado les preguntó por su esposo y los llevó consigo. Según Montañez, el incidente fue resultado de un malentendido con un patronato que planeaba un evento y que habría difundido rumores de que el alcalde lavaba dinero para el crimen organizado. El objetivo del plagio, según ella, era presionar a su esposo para destituir al secretario de Seguridad Municipal, que a final de cuentas lograron.
Este caso no es un hecho aislado. En el municipio de Santa María de los Ángeles, la presidenta municipal, Minerva Robles Ortega, también reelegida por MC, renunció recientemente por “motivos personales” no aclarados. Estos sucesos pintan un panorama preocupante en Jalisco, donde la sombra de los grupos criminales parece alargarse sobre la política local.
Lo ocurrido en Villa Hidalgo y Santa María de los Ángeles no solo expone la vulnerabilidad de las autoridades locales, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar la gobernabilidad en regiones donde la delincuencia parece no tener límites.
Los municipios siguen luchando por liberarse de las garras de quienes, desde las sombras, parecen tener el control.
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