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Sobornos y colusión con el CJNG; estas son las acusaciones hechas contra el alcalde de Teuchitlán

José Ascención 'N' fue acusado durante su audiencia de haber recibido dinero a cambio de proteger a un cártel, además de mantener contacto con quienes estaban a cargo del rancho Izaguirre.

Dalia Rojas Guadalajara, Jalisco /

Durante la audiencia al presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, el Ministerio Público destacó el testimonio de cuatro testigos protegidos identificados como: Rojo, Verde, Azul y Australia, quienes acusaron al alcalde de haber recibido dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación, utilizar policías para resguardar el rancho Izaguirre y participar de algunos momentos de tortura en el predio.

Los testimonios presentados durante la audiencia del 9 de mayo señalaban al alcalde de tener conocimiento de las actividades del cártel en el rancho Izaguirre y que además usaba su autoridad para proteger y alertar a dicho grupo delictivo.

¿Cuáles fueron las acusaciones contra el alcalde de Teuchitlán en la audiencia?

Según el testimonio de Verde, entre abril y junio de 2024 el presidente municipal fue visto en varias ocasiones en el rancho Izaguirre, señalaba que José Ascención recibía 70 mil pesos de forma mensual por parte de Gonzalo Mendoza Gaytán, identificado como El Sapo o El 90 y uno de los miembros clave este grupo criminal. El dinero se le entregaba entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana en una brecha sobre Etzatlán.

Azul, otro de los testigos clave declaró que para comunicarse con José Ascención utilizaban celulares cacahuate de los cuales se deshacían después de las operaciones. Así lo constató en dos ocasiones, entre los meses de septiembre y octubre. Según su testimonio, el alcalde permitía a los integrantes del CJNG operar libremente en el municipio en vehículos con reporte de robo.

También les facilitaba armamento y patrullas de la policía municipal para vigilar que nadie escapara del rancho; los que lograban salir eran llevados de vuelta por los oficiales, quienen tenían sus radios intervenidos para informar al grupo delictivo de todos los movimientos que se hacían en el municipio.

Otro testigo, identificado como Rojo, declaró que vio al alcalde en dos ocasiones dentro del rancho, en el mes de septiembre. En una de las visitas, el edil junto a integrantes del cartel despertaron a uno de los reclutados y lo obligaron a abrir una fosa donde el presidente municipal arrojó una bolsa con órganos.

Verde declaró que "lejos de ayudar, el alcalde apoyaba a gente mala". En una noche de la primera semana de mayo del 2024, vio cómo Murguía Santiago llegó al rancho a reunirse con José Gregorio, alias “El Lastra”, quien estaba a cargo de las operaciones en este lugar.

A los cautivos los hicieron voltearse contra la pared aunque varios lo pudieron ver, pero al edil no le importó y dijo "al fin que los van a matar".

¿Cuáles fueron los argumentos de defensa a dichas acusaciones?

En sus declaraciones ante la FGR, el alcalde de Teuchitlán negó su participación y sostuvo que ni siquiera conocía la existencia del CJNG. Aunque la defensa del alcalde trataban de desestimar estas acusaciones y de que se evitara la agravante como funcionario público al aludir que durante el periodo en que ocurren las acusaciones, José Ascención se encontraría en campaña, y con licencia del cargo público, sin embargo esto fue desestimado y desechado por la juez al considerar que todas eran entrevistas de opinión y no de circunstancias.

El Ministerio Público señaló contradicciones en las declaraciones de la parte defensora, como el que el alcalde siempre estaba acompañado porque tiene una lesión en la columna que le impide realizar varias actividades. Sin embargo el día de su detención el presidente iba solo manejando su camioneta y a pesar de su lesión era capaz de manejar una cuatrimoto e ir al gimnasio por varias horas.

El alcalde terminó por ser vinculado a proceso y se determinó que continuará en prisión preventiva oficiosa, en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande. Para la investigación complementaria se otorgó un plazo de cuatro meses, para que la Fiscalía General de la República hable con las más de 250 víctimas que hay por este caso y en ese periodo de tiempo se intervengan mensajes, llamadas y estados de cuentas bancarias.

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