Vinculan a proceso a madre y padrastro por trata de personas y explotación laboral a menor
Según las investigaciones, cuando la víctima no lograba reunir el dinero exigido, era sometida a amenazas, insultos y agresiones físicas.
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Las autoridades locales reiteraron su compromiso con la atención y seguimiento de este tipo de delitos, considerados de alto impacto social.
Autoridades judiciales vincularon a proceso penal a Adilene A. P. y Luis Ricardo O. B., madre y padrastro de una adolescente, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en modalidad agravada y explotación laboral.
Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.
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De acuerdo con la información presentada durante la audiencia inicial, la pareja se beneficiaba económicamente al obligar a la menor a vender panes de dulce en las inmediaciones de tiendas de autoservicio en las colonias Vistas del Norte y Riberas de Sacramento, en la ciudad de Chihuahua.
Según las investigaciones, cuando la víctima no lograba reunir el dinero exigido, era sometida a amenazas, insultos y agresiones físicas.
Menor era víctima de explotación laboral
Los hechos fueron documentados por la Unidad de Investigación del Delito de Trata de Personas, cuyos agentes recabaron pruebas consistentes en entrevistas, partes informativos y peritajes.
Con base en estos elementos, se determinó que la adolescente era víctima de explotación laboral bajo condiciones de violencia y coerción.
Adilene A. P. y Luis Ricardo O. B. fueron detenidos el pasado 27 de noviembre en la colonia Vistas del Norte mediante órdenes de aprehensión ejecutadas por la Agencia Estatal de Investigación. Tras ser presentados ante el juez del Distrito Judicial Morelos, se ordenó su vinculación a proceso y se les impuso prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (CERESO).
Este caso subraya la importancia de las acciones legales para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas de explotación.
Las autoridades locales reiteraron su compromiso con la atención y seguimiento de este tipo de delitos, considerados de alto impacto social.
Por el momento, las investigaciones continúan para determinar el alcance de los actos cometidos por los imputados y garantizar justicia para la adolescente afectada.
¿Cómo se castiga la trata de personas en México?
En México, la trata de personas se considera un delito grave y está regulado por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como por el Código Penal Federal y los códigos penales de los estados.
Las penas varían según la modalidad del delito y las circunstancias específicas, pero siempre buscan sancionar severamente a los responsables.
Penas generales por trata de personas
Prisión: De 5 a 30 años, dependiendo de la gravedad del caso, el tipo de explotación y el daño causado a la víctima.
Multa económica: Equivalente a cientos o miles de veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), utilizada para calcular sanciones económicas.
Modalidad agravada: Si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, o si el perpetrador es familiar, tutor o tiene una relación de confianza con la víctima, la pena puede aumentar hasta 50 años de prisión.
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Modalidades de la trata de personas y sanciones específicas
Explotación sexual:
Engaño, coerción o uso de violencia para forzar a una persona a realizar actos sexuales.
Pena: De 10 a 20 años de prisión.
Explotación laboral:
Forzar a una persona a trabajar bajo condiciones de abuso o sin justa remuneración.
Pena: De 8 a 16 años de prisión.
Mendicidad forzada:
Obligar a una persona a pedir limosna bajo amenazas o violencia.
Pena: De 8 a 18 años de prisión.
Trabajo o servicios forzados:
Utilizar la fuerza o engaño para someter a una persona a realizar actividades contra su voluntad.
Pena: De 6 a 12 años de prisión.
Tráfico de órganos o tejidos:
Explotación con fines de extracción de órganos.
Pena: De 15 a 25 años de prisión.
Uso de niños en actividades delictivas:
Obligar a menores de edad a participar en actos ilegales.
Pena: De 15 a 20 años de prisión.
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