Fiscalía de CdMx imputa a Edgar Tungüí por autorizar ilegalmente 257 mdp para reconstrucción por 19-S

El ex comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, quien suma un año y ocho meses preso en el reclusorio Norte, es imputado por la Fiscalía General de Justicia por autorizar ilegalmente un monto superior a los 257 millones de pesos para apoyos a cinco inmuebles tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En la imputación contra el ex funcionario, a la que MILENIO tuvo acceso, se detallan los cinco predios por los que Tungüí Rodríguez es acusado por la fiscalía capitalina de aprobar el otorgamiento de recursos para trabajos de rehabilitación en cuatro alcaldías sin que las edificaciones cumplieran con los lineamientos del programa de reconstrucción.

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En los cinco casos, por los que se han ejecutado el mismo número de órdenes de aprehensión contra Tungüí por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, los apoyos para los inmuebles se entregaron sin que se contara con la totalidad de los los diagnósticos socioeconómicos de los departamentos de las edificios o unidades habitacionales; además, en tres casos se otorgaron recursos superiores a los que correspondían.

El primero de estos inmuebles es el edificio 2A Educación del Multifamiliar Tlalpan, ubicado en la alcaldía Coyoacán, para el cual, el 25 de junio de 2018, se autorizaron 32 millones 335 mil 013 pesos, medida que el Ministerio Público considera ilegal “por contravenir lo estipulado en los lineamientos”, ya que no se presentaron los estudios socioeconómicos de todos los departamentos.

En el documento la fiscalía señala que, según el programa de reconstrucción, a cada departamento se le entregaría un monto de 300 mil pesos y que al tratarse de 40 domicilios, el monto para las obras debió ser de 12 millones de pesos, “por lo que a dicho predio le fueron entregados 20,335,013 pesos extra de lo que le correspondía”.

La segunda propiedad es el 550 de Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, la cual corresponde al monto más alto aprobado por el ex funcionario. Se trata de una cantidad de 116 millones 972 mil 376 pesos, autorizados el 22 de junio de 2018 de manera ilegal porque solamente se entregaron 321 diagnósticos socioeconómicos de los 390 departamentos.

Un tercer inmueble es el número 47 de la calle Versalles, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, para el que se otorgaron 9 millones 243 mil 365 pesos el 26 de septiembre de 2018. En la imputación se detalla que este es un condominio que consta de 32 departamentos, de los cuales faltaron nueve diagnósticos socioeconómicos para justificar la asignación de los recursos.

Para el cuarto domicilio, ubicado en el 166 de la calle Aluminio, en la colonia Popular Rastro, alcaldía Venustiano Carranza, el 22 de junio de 2018 se aprobaron 46 millones 319 mil 259 pesos por concepto de rehabilitación, sin embargo, solamente se recabaron 63 estudios socioeconómicos de los 120 departamentos.

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Además, según los lineamientos del programa, este mismo predio debió contar con una cantidad de 36 millones de pesos para la obras, no obstante, “se otorgó un excedente de dinero por la cantidad de 10,319,259 pesos”.

El quinto inmueble es Morelia 107, ubicado en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, para el que se asignaron 52 millones 783 mil 983 pesos y del que no se entregó ninguno de los diagnósticos socioeconómicos de los 32 departamentos, además de que a este predio le correspondía la cantidad de 9 millones 600 mil pesos, por lo que se autorizaron 43 millones 183 mil 983 pesos adicionales.

En el más reciente informe de labores de la fiscalía, la titular de la dependencia Ernestina Godoy señaló que las investigaciones por casos de corrupción en pasadas administraciones dejaron al descubierto la existencia de un grupo criminal integrado por altos funcionarios, y anticipó que más servidores públicos serán detenidos.

“Quiero informarles que las evidencias que arrojaron las investigaciones relacionadas con diversas denuncias presentadas ante esta Fiscalía dejaron al descubierto la existencia de un grupo criminal organizado integrado por altos funcionarios públicos de gobiernos anteriores, destinado ese grupo a sustraer miles de millones de dinero público.

“No se trata de hechos aislados o actos que pudiesen realizarse sin el conocimiento y participación de las más altas autoridades de esa administración. Tenemos todos los elementos de prueba para sustentar las acusaciones penales a las personas que ya tenemos detenidas y próximamente presentaremos a los jueces el material probatorio para sujetar a proceso a otras personas, la investigación continúa”.

ZNR