Empresa hidroeléctrica abandona Guatemala
Tras varios años de conflictos la empresa Hidro Santa Cruz decide retirarse.
GUATEMALA (AP) — Tras varios años de conflicto social generado por la instalación de una hidroeléctrica, la empresa Hidro Santa Cruz, de capitales españoles, anunció que se retira de Guatemala.
Desde su inició el proyecto hidroeléctrico fue duramente criticado por las comunidades donde pretendía instalarse. Argumentaron que iba a provocar contaminación ambiental, que la construcción de una represa en el río Canbalam evitaría su cauce natural y que la población no fue consultada.
En un "campo pagado" publicado en medios de comunicación, la empresa dijo que renunció a "los derechos otorgados por el Estado de Guatemala asociados al Proyecto Canbalam" ubicado en el municipio de Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango en la región oeste de Guatemala.
Destacó que el proyecto "por razones diversas, no ha adquirido la aceptación de un parte significativo de los habitantes del territorio en que pretendían instalarse". Reiteró que el proyecto era respetuoso del ambiente.
En 2009 varias comunidades realizaron una consulta de buena fe en la que rechazaron la instalación de la hidroeléctrica, que tenía los permisos y licencias para operar. Al continuar el proyecto se agravaron los conflictos con agresiones a comunitarios, retención de trabajadores de la hidroeléctrica por pobladores, quema de maquinaria propiedad de la empresa y detenciones de líderes comunitarios acusados de diversos delitos.
En 2016 un tribunal absolvió a siete líderes comunitarios que eran acusados del secuestro de trabajadores de la hidroeléctrica, que habían permanecido casi tres años en prisión por estos hechos.
Para Héctor Reyes abogado de los líderes comunitarios juzgados, en Guatemala se criminaliza la lucha por mantener libre de contaminación los territorios "los criminalizan por la defensa de la tierra y el territorio", dice y agrega que "estamos contentos de que se vayan, pues así se respeta la decisión de la población.
Mientras aún quedan más de 60 órdenes de aprehensión de pobladores acusados por diversos incidentes relacionados con la instalación de la proyectada hidroeléctrica.
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