Dan prisión preventiva a 2 ex servidores públicos de CdMx presuntamente relacionados en red de espionaje
Ambos ex funcionarios fueron acusados de estar implicados, activamente, en escuchas telefónicas, intervención de mensajes y correos electrónicos a periodistas y personajes de la política.
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Dan prisión preventiva a exservidores públicos/ FGJ
Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a unos servidores públicos de la Ciudad de México, por la posible comisión del delito de asociación delictuosa, por su probable relación en red de espionaje.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que, derivado de los datos de pruebas, presentados ante el Ministerio Público (MP), se les otorgó a estos hombres la prisión preventiva justificada, por su presunta participación en el delito de asociación delictuosa.
A través de un comunicado, la FGJ indicó que se trata de dos ex servidores públicos capitalinos, identificados como Gustavo 'N' y Arturo 'N', a quienes se les encontró como colaboradores del servicio público capitalino en el periodo de 2013 a 2018.
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Ambos hombres fueron señalados de participar, activamente, en escuchas telefónicas, intervención de mensajes y correos electrónicos, así como del seguimiento frecuente de personajes importantes de la política y periodistas, lo que se desprende de una posible asociación delictuosa.
En la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juez escuchó la formulación de imputación, presentada por la representación social de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para decretar la medida cautelar, misma que calificó de válida.
Por su parte, la defensa legal de ambos individuos solicitó un periodo para poder presentar distintas pruebas para beneficiar a los acusados; el tiempo de prórroga fue concedido por el juez de control.
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¿Cuánto se les podría dar de prisión?
De acuerdo con el Artículo 211, del Código Penal Federal, a quien revele, indague o utilice información confidencial, se le castigará con una condena de seis a 12 años de prisión, agravando así su condena si se trata de la intervención por parte de un servidor público.
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RG
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