Gobierno de CdMx arrebata bienes de banda criminal por caso Bar Heaven; dejan desamparados a familiares

Nueve años después de que en mayo de 2013 un grupo criminal, con apoyo de policías capitalinos, secuestró y asesinó a 13 clientes del Bar Heaven de la Zona Rosa, en Ciudad de México, las familias de estas víctimas fueron informadas que el rancho de 65 hectáreas al que sus hijos fueron conducidos para ser torturados y ejecutados, ha sido oficialmente otorgado en propiedad al gobierno capitalino, mediante un juicio de extinción de dominio.

También se les informó que los recursos obtenidos por la venta del predio no se destinarán a la reparación del daño ocasionado por el asesinato de sus parientes, su atención médica o psicológica, ni a apoyar la educación de los 10 niños que quedaron en orfandad. 

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Esta decisión se basa según la interpretación de los magistrados Martha Lucía Elizondo, Marco Antonio Velasco Arredondo y Alicia Pérez de la Fuente, de que “no existe daño qué reparar”.

Los recursos que se obtengan por la venta del rancho “La Negra” se agregarán a los presupuestos de funcionamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalinas, a partes iguales, tal como confirmaron los integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de CdMx. 

Las autoridades capitalinas tomaron esta decisión, a pesar de que la Ley de Extinción de Dominio local establece que “el derecho a la reparación de daño, para la víctima o persona ofendida del delito, será procedente” mediante juicios en los que legalmente se despoje a criminales de sus bienes, “cuando obren suficientes medios de prueba” para demostrar que esos bienes fueron usados para la comisión de delitos como homicidio, feminicidio o secuestro.

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En este caso, una jueza local consideró suficientes las pruebas de que este predio fue utilizado para realizar actividades criminales, específicamente el secuestro y ejecución de las 13 víctimas del Bar Heaven. 

No obstante, también determinó que los deudos de las personas asesinadas no tenían derecho a reclamar que esos bienes se destinaran a la reparación del daño porque no lo solicitaron dentro del plazo que se les otorgó para ejercer ese derecho, de solo diez días hábiles, del 16 al 29 de agosto de 2019, que transcurrieron sin que las familias fueran notificadas directamente, aunque así lo habían solicitado. 

Este fue el primer argumento de los magistrados capitalinos para negar el derecho de los deudos a reclamar reparación del daño; luego vinieron más.

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​Derechos cancelados 

En diciembre de 2020, la jueza local Judith Cova, quien llevaba el caso, concedió la extinción de dominio sobre el rancho en beneficio del gobierno capitalino y sin tomar en consideración la reparación del daño a los deudos, quienes impugnaron ese mismo año mediante un recurso de apelación, cuyo análisis fue asignado a los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. 

Las víctimas, según denunciaron en entrevista, nunca fueron notificadas por el Tribunal sobre los avances de la queja interpuesta o de su conclusión desfavorable ni tampoco por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), encargada de su representación jurídica. 

“A finales de 2021 yo estuve mandando correos electrónicos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque no nos daban razón de nada –explica Julieta González, madre de Jennifer Robles, una de las jóvenes raptadas del Bar Heaven–. De ahí nos derivaron a la Ceavi de la Ciudad de México, y fue cuando nos enteramos de que ya se había perdido la apelación”.

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La resolución de la Primera Sala Civil concluye que el reclamo de los deudos es “fundado”, y lo califica como “inoperante”, pues las víctimas “dentro del término de diez días (hábiles) que les fue concedido para manifestar lo que a su interés conviniera, no hicieron valer circunstancia alguna, menos aún el derecho que les concede la ley”. 

​Abandono

 “En todo este tiempo, nos ha afectado la ausencia en muchos sentidos –señala Lucía Fonseca, hermana de Eulogio Fonseca, otro de los jóvenes raptados–. Fue, sigue siendo y creo que cada día que pase el dolor se va acrecentando, ha sido muy doloroso ir y venir, y no lograr nada. Y para nosotros, el dolor es de una dimensión enorme, pero para las autoridades no es nada”. 

Julieta González añade por su parte: “No busco dinero, busco verdad y justicia, porque estuvo tan mal hecha la investigación, que a 9 años y medio, yo no sé qué fue lo que pasó. Pero también hay un daño que debe ser reparado, un daño material e inmaterial, y se requiere una reparación integral”.

COG