Keren pasará 50 años en la cárcel por un secuestro que no cometió; iba a cobrar una pensión

Un posible conflicto de intereses por parte de un juez para favorecer a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), respecto del caso Keren N., acusó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Esto, luego de que el juez José Eduardo Morales Sánchez, dictó una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Keren N., una joven mujer privada de su libertad en el penal femenil de Tlaxcala por un secuestro que no cometió y en el que tampoco participó.

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“Él es una persona cercana a la fiscalía y eso puede comprometer su imparcialidad al momento de juzgar un caso como este donde están siendo señalados policías ministeriales; es decir, policías de la fiscalía de haber cometido actos gravísimos como es la tortura en contra de una mujer”, dijo Neftaly Pérez, abogado del Centro Prodh.

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El abogado remarcó que Morales Sánchez fue parte de la terna que, en julio pasado, envió la gobernadora Lorena Cuéllar al Congreso local para elegir al nuevo titular de la FGJE. La terna estuvo integrada por José Eduardo Morales Sánchez, Soledad Reyes Zambrano y la actual fiscal, Ernestina Carro Roldán.

“Entonces, eso nos quiere decir que él es una persona cercana a la fiscalía”, insistió Pérez.

“Este no es un caso aislado y eso es lo que más nos preocupa; nosotros como organización hemos documentado otros casos cometidos aquí en Tlaxcala, el estado más chico del país, donde al aparecer no pasa nada de tortura y de violaciones graves a derechos humanos”, agregó.

Así surgió el caso Keren N: acudió a cobrar una pensión en Veracruz y fue detenida e inculpada por un secuestro que no cometió

Adelantó que el Centro Prodh ya prepara un recurso de impugnación en contra a de la sentencia, a fin de que Keren obtenga su libertad, aunque este proceso podría tardar más de un año.

​Keren N. fue detenida en diciembre de 2015, apenas unas semanas después de haber dado a luz a su hija por una cesárea y con un embarazo de riesgo, cuando acudió a un domicilio en Xalapa, Veracruz, de donde ella es originaria, pues fue citada por el padre de su hija que le daría el pago de pensión alimenticia.

Sin embargo, en lugar de recibir el apoyo económico para la menor recién nacida Keren N. fue sorprendida por un operativo policial, justo cuando llegaba al domicilio; policías federales y de investigación adscritos a la ahora FGJE la detuvieron junto con su hija en brazos y la acusaron de ser cómplice de un secuestro.

Melisa Zamora, también abogada del Centro Prodh, explicó que el secuestro sí ocurrió y que los responsables fueron al menos siete hombres, entre ellos Fernando N., la expareja de Keren, y otro hombre identificado como Beymar N. El primero de ellos obtuvo su libertad y no volvieron a saber de él.

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La abogada, también defensora en el caso, remarcó que en su momento Keren fue sometida a tortura y amenazas para que firmara una declaración autoincriminatoria y luego fuera sentenciada a 50 años de prisión en una primera ocasión; más tarde, como parte del proceso legal la imputada promovió un amparo con un fallo a su favor, lo que provocó que el juez tuviera que reporner el procedimiento y dictar una nueva sentencia.

Zamora indicó que el pasado 11 de noviembre el juez José Eduardo Morales Sánchez volvió a sentenciar a 50 años de prisión a Keren, a pesar de que él mismo reconoció que ella fue víctima de tortura y amenazas.

“El juzgado, en efecto, le da la razón a Keren al decir que se tienen por demostradas la tortura en su caso; es decir, el juez reconoce que fue víctima de tortura y de retención prolongada”, indicó.

“Sin embargo, al tener por acreditadas estas violaciones a derechos humanos en contra de Keren, únicamente considera que deben ser desechadas las declaraciones autoincriminatorias”, añadió.

La abogada aseveró que lo anterior significa que Keren ha sido juzgada con pruebas fabricadas e ilegales obtenidas bajo tortura ya reconocida por el juez.

“Es una lamentable sentencia porque por una parte se reconocen estas violaciones a derechos humanos, pero por otro lado, con estas evidencias, sostiene una acusación injusta contra Keren, y por supuesto se aleja de juzgar con perspectiva de género”, asentó.

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“¿Dónde está la justicia?”, cuestiona la madre de Keren

¿Dónde está la justicia?, cuestionó doña Ciria Hernández, madre de Keren N., tras recibir la noticia de que su hija, a pesar de ser inocente, fue sentenciada nuevamente a 50 años de prisión por un secuestro que ella no cometió.

La misma pregunta se hacen los hermanos y demás familiares de la joven que no ha vuelto a ver a su hija desde que fue detenida. Hoy Keren tiene 28 años de edad y su hija está por cumplir nueve, los mismos que ella lleva privada de su libertad en el penal femenil de Tlaxcala.

“No nos vamos a rendir hasta que las autoridades actúen con justicia”, indicó.

“Me siento muy decepcionada porque desde el principio yo mostré que mi hija era inocente y se ha juzgado, ¿con qué pruebas condenan a mi hija nuevamente a 50 años?”, añadió.

En su momento, doña Ciria aportó entre las pruebas para demostrar la inocencia de su hija el expediente médico que acreditaba su hospitalización y estado de salud después de haber dado a luz, lo cual significaba que ella no estaba en condiciones como para participar en un secuestro, pero esos documentos se extraviaron.

“No es justo que nosotros estamos viviendo un proceso que nos ha arruinado la vida injustamente, es injusto, es injusto lo que hemos vivido nueve años. Mi hija sin poderla ver, sin estar cuando ella le duele la cabeza y darle un abrazo”.

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