Perfilan despenalizar el aborto en Nuevo León
La diputada priísta Jessica Martínez, presentó hoy una iniciativa de reforma al Código Penal para despenalizar el aborto en Nuevo León.
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Marcha pro aborto en Guadalajara durante 2022. | Cuartoscuro
Ante el vencimiento de la iniciativa presentada hace un año, la diputada priísta Jessica Martínez, presentó hoy una iniciativa de reforma al Código Penal para despenalizar el aborto en Nuevo León.
En un comunicado, Martínez Martínez busca que el aborto sea permitido después de la décima segunda semana de gestación y no antes, pues ayer en sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reconoció que la prohibición absoluta del aborto voluntario viola los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, en consecuencia, pueden promover amparos para demandar a los gobernadores y congresos locales, por no haber reformado sus códigos penales para garantizar el derecho a decidir.
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La priísta dijo que se busca la reducción de las penas punitivas por cursos de salud reproductiva y atención psicológica hacia las mujeres y personas gestantes que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo.
“No es posible que a estas alturas se considerando a las mujeres únicamente como entes reproductores a quienes hay que castigar si buscan ejercen un rol que va más allá de lo establecido y que los principios religiosos se pongan por encima de la salud y la vida de miles de ellas que demandan el actuar de su Congreso para generar adecuaciones a las leyes, códigos y reglamentos que permitan la creación de políticas y programas para lograr el efectivo ejercicio y respeto a los derechos humanos de las mujeres”, apuntó la diputada.
La actual legislación establece al aborto como la muerte del producto desde la concepción, imposibilitando a las mujeres y personas gestantes la posibilidad de interrumpir el embarazo e incluso hacer uso de métodos anticonceptivos completamente legales.
La iniciativa de reforma contempla modificar los artículos 327 y 328 del Código Penal.
También se busca que no sean procesadas penalmente las personas que deciden practicar la interrupción del embarazo y que se proporcione una verdadera atención de salud digna como lo merecen todas las personas.
“La negativa para despenalizar el aborto continúa vigente y hace necesaria la exigencia y discusión tanto desde las organizaciones de la sociedad civil, como por parte de las mujeres que, por su propio derecho, tienen interés legítimo en promover la despenalización del aborto y buscar el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos en el sentido más amplio”, indicó.
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