Alfredo Del Mazo deja gobierno de Edomex con pendientes en seguridad, niveles de corrupción y empleo

En los últimos seis años el Estado de México se convirtió en la segunda economía más grande del país al captar más de 529 mil millones de pesos en inversiones y acumular 8.3 puntos porcentuales de crecimiento. Asimismo, a través de 95 anuncios de inversión captó más de 215 mil millones de pesos que, de acuerdo con estimaciones oficiales, en el corto plazo generarán cerca de 350 mil nuevos empleos; además de la creación de 85 mil nuevas empresas y el aumento de desarrollos industriales de 113 a 161.

Sin embargo, para el sector productivo en general hay temas que siguen representando un dolor de cabeza y serán todo un reto para la nueva administración, desde el crecimiento económico, la mejora regulatoria, corrupción, infraestructura en parques y zonas industriales hasta las verificaciones e inspecciones, informalidad, la pobreza laboral, empleabilidad para los jóvenes, competitividad, productividad, y seguridad.

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Las diferentes cúpulas empresariales han coincidido en que si bien hubo acompañamiento del sector público para la formalización e instalación de nuevos capitales en los distintos parques y zonas industriales, además del asesoramiento y apoyo para que otras consolidarán la ampliación de sus procesos de producción; la mejora regulatoria y la tramitología siguen siendo el “Talón de Aquiles”, por lo que en su momento han presentado algunas alternativas para que el nuevo gobierno las tomen en cuenta.

Catálogo General de Unidades Económicas, una opción

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), ha llamado en diversas ocasiones a establecer reglas claras y giros comerciales bien definidos y uniformes para acelerar la llegada de inversiones, dar certeza jurídica y uniformidad a los lineamientos municipales para evitar actos de corrupción o abuso de autoridad.

A decir de su presidente, Mauricio Massud Martínez, hasta el momento cada uno de los 125 municipios tiene determinado un número distinto de giros y las condiciones en las que se emiten las licencias, pues mientras en Teoloyucan hay 904 giros y en Tlalnepantla 861, en Valle de Chalco solo hay 111, por ello, su propuesta es crear un “Catálogo General de Unidades Económicas” para tener el mismo número de giros y trámites para obtener una licencia de funcionamiento y se apliquen los mismos criterios de revisión. Además de alinearse al catálogo que marca el Inegiy los acuerdos señalados en el T-MEC sobre 375 giros en general.

Por su parte, el Consejo Coordinador Estado de México (CCEM) ya presentó su agenda económica a las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso Local para reformar las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa, seguir impulsando la simplificación administrativa y la mejora regulatoria para que todos los trámites sean electrónicos o digitales como una medida para combatir la corrupción y evitar los excesos en las verificaciones e inspecciones administrativas.

“Hoy emitir un simple acuerdo demora entre dos y seis meses y los juicios tardan tres años o más, por ello hemos propuesto simplificar los trámites del Código de Procedimientos Administrativos haciéndolos más sencillos y expeditos, incorporando el procedimiento oral y la emisión inmediata de sentencias al concluir las audiencias”, ha referido su ex presidenta Laura González Hernández.

También ha solicitado que se destinen más recursos para la rehabilitación de vialidades en parques y zonas industriales, pues si bien el año pasado se consiguió una bolsa de 80 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de 10 calles en los parques Lerma y Toluca, el monto es insuficiente para resolver el estado deplorable, inaceptable y de abandono en que se encuentran muchos parques industriales.

Corrupción, un problema sistemático

Según el World Justice Project (WJP, por su sigla en inglés) publicado en junio pasado, el Estado de México tiene un Estado de Derecho muy precario, al situarse en el lugar 29 entre las 32 entidades del país, los cual provoca incertidumbre para la atracción de inversión. Solo en el factor de “Ausencia de Corrupción” la entidad logró una calificación de 0.31 de 1, que es la máxima, lo cual refleja la debilidad en la rendición de cuentas.

En los subfactores Ausencia de corrupción en el ejecutivo la entidad obtuvo 0.28, en Ausencia de corrupción en el judicial 0.43, Ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia (0.23) y Ausencia de corrupción en el legislativo (0.30). Comparado con el año pasado, la entidad no registra un avance sustancial en la erradicación de esta problemática, la calificación fue de 0.30 y se ubicaba en el lugar 30, el puntaje es mínimo.

En relación al factor de Cumplimiento regulatorio alcanzó el tercer lugar con una calificación de 0.44, además se coloca en el número 12 en el factor Orden y Seguridad con un puntaje de 0.52 sobre 1. “Urgen mecanismos que fortalezcan y garanticen la certeza jurídica, aminoren la burocracia y eviten que se obstruya la inversión”, refirió la ex líder del CCEM.

Urgen empleos formales

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, por su ingreso corriente trimestral el Estado de México se ubicó en el lugar 22 a nivel nacional, con 57 mil 233 pesos, es decir, 11 por ciento menos que el promedio nacional, que fue de 63 mil 695 pesos, aunque tuvo una mejora de 649 pesos en comparación con 2020 cuando fue de 56 mil 584.

Los ingresos de los hogares mexiquenses provienen principalmente de remuneraciones por trabajo subordinado, ingresos por trabajo independiente y por transferencias en las que se incluye el tema de las remesas, programas gubernamentales, entre otros. Asimismo, más de 6 millones de personas viven en pobreza alimentaria según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por lo que la generación de empleos en la formalidad se vuelve una asignatura pendiente.

"Urge reivindicar el ingreso de las familias, mejorar su calidad de vida y ofrecer oportunidades de desarrollo, lo que permitirá disminuir los índices de inseguridad y estrés, así como incrementar el nivel educativo, de manera que se genere un 'círculo de valor' en permanente desarrollo”, ha explicado Massud Martínez.

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Al respecto, el CCEM considera que una vía para reducir la pobreza laboral y mejorar los ingresos de la población consiste en propiciar confianza para invertir a través de apoyo fiscal, financiero, laboral y educativo para los nuevos negocios y para los ya existentes crear cadenas de valor y generar proyectos conjuntos entre el sector público y privado.

Fortalecer competencias laborales

A la fecha 18.22 millones de mexiquenses viven sin un “trabajo digno”, es decir, no cuentan con las condiciones básicas para su desempeño laboral; además de carecer de prestaciones sociales, un salario que les garantice estabilidad y desarrollo económico, incluso, un contrato que les dé tranquilidad en su permanencia laboral.

Ese salario digno no llega porque las y los colaboradores no cuentan con las habilidades suficientes para ser más eficientes y generar valor agregado a lo que realizan. Por ello, tanto Concaem como el CCME han solicitado la especialización en lo técnico y la generación de habilidades blandas que permitan aumentar la rentabilidad de las unidades económicas.

De acuerdo con el reporte del Observatorio de Trabajo Digno de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el Estado de México 60.4 por ciento de los trabajadores no tiene seguridad social, 7 por ciento está subocupado, 32.9 por ciento tiene una jornada excesiva de trabajo y 39.2 por ciento carece de prestaciones sociales.

Oportunidades para los jóvenes

También hay más de un millón 500 mil jóvenes sin empleo aun cuando la entidad es la mayor empleadora del país. Del total de la población juvenil (4.2 millones) únicamente un millón 341 mil 704 de entre 15 y 24 años son económicamente activos, mientras que un millón 67 mil 49 en el rango de los 25 a 29 tienen un empleo.

Ante este panorama, el sector empresarial ha solicitado una política de empleo local para elevar el nivel de vida de las personas y la productividad, así como crear políticas financieras, fiscales y macroeconómicas para reducir considerablemente la tasa de desempleo; además fortalecer el nexo escuela-trabajo para transitar de una sociedad de oficios a una más competitiva, lo cual también requiere una inversión a largo plazo en materia educativa, sin dejar de lado las dificultades que enfrentan los jóvenes para insertarse en el mercado laboral.

También ha coincidido en la implementación del programa del primer empleo para trabajar con instituciones dedicadas a la formación profesional. Al igual que el emprendedurismo como una herramienta básica para el autoempleo y la generación de nuevas unidades económicas.

Persisten malos resultados en competitividad

El Estado de México, que alberga al mayor número de empresas y a la mayor planta laboral del país, también se ubicó en el lugar 21 entre las 32 entidades federativas en competitividad de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE) en su edición de junio pasado, lo cual debe propiciar una autoevaluación constructiva.

Si bien dentro del aspecto económico, la entidad se ha mantenido en la posición 8 y presenta una alta diversificación económica, tiene muy malas calificaciones en pilares claves para la competitividad y el desarrollo. Por ejemplo, el subíndice Derecho, que analiza el entorno de seguridad y jurídica, empeoró al descender de la posición 26 a la 28 por temas de percepción y otros aspectos como disponibilidad de servicios notariales por cada 100 mil habitantes.

La población considera que las prácticas corruptas en el gobierno son frecuentes ubicándose en la posición 28 de 32 entidades. “Nos mantenemos en la posición 21 desde el año pasado pese a nuestra cercanía con la Ciudad de México, que se ha convertido en la entidad más competitiva, y pese a ser la entidad de mayor presupuesto del país con 356 mil millones de pesos en este ejercicio fiscal”, resalta González Hernández.

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Seguridad, el gran pendiente

Si bien en el último año el sector productivo observó una disminución en los delitos de extorsión, homicidio, lesiones, robo y secuestro en municipios como Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan; más de 31 mil inmuebles conectaron sus cámaras de video vigilancia a los C5 de Toluca y Ecatepec, y se instalaron botones de pánico; hay delitos como el robo a negocios que persisten y laceran la tranquilidad y el bolsillo de muchos empresarios.

De acuerdo con los resultados del Monitor de Seguridad Coparmex sobre el Robo a Negocios, dados a conocer hace unos días, de enero a julio de este año uno de cada dos negocios en el país ha sido víctima de un delito, ya sea robo de mercancía, por extorsión o por cobro de piso. 

En el mismo periodo se abrieron en el país 44 mil 886 carpetas de investigación por este delito y el Estado de México se ubicó en el sexto lugar con una tasa de 244 carpetas de investigación por cada 10 mil unidades económicas. Obtuvo el séptimo lugar de las 19 entidades que redujeron su número de carpetas al registrar una baja del 17.5 por ciento, y el segundo en robo a negocio con violencia con una tasa de 132.3 por cada 10 mil unidades económicas, aunque en comparación con el año pasado, el número de carpetas bajó 20 por ciento.

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