Diputados federales arremeten contra Samuel García por 'amenazar' a panistas

La disputa entre el Gobierno de Nuevo León y partidos de oposición escaló hasta la Cámara de Diputados, en donde legisladores panistas, arremetieron en contra del gobernador Samuel García.

El diputado federal Jorge Espadas, acusó al mandatario de utilizar el aparato estatal para ejecutar pesquisas sin fundamento contra sus detractores.

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"Se garantice la integridad y el desarrollo de las funciones de los legisladores federales y me refiero a mis compañeros Víctor Pérez, mi compañero diputado Héctor Castillo y Pedro Salgado quienes han sido blanco de un manejo mal intencionado de las instituciones de Samuel García, quien pretende sobornar y comprar lo que por ley y derecho no le corresponde, dedíquese a gobernar".

Además calificó como un "berrinche" el que constantemente le ponga lupa a sus compañeros panistas a quienes busca amedrentar, en vez de atender las diferentes crisis como el agua y la inseguridad.

"Un gobierno que amenaza, un gobierno que compra voluntades con el recurso público, que utiliza al Sistema de Administración Tributaria y la UIF local para amenazar a sus opositores ustedes pensarán que es un gobierno de Morena y no es así, hoy en Nuevo León tenemos un gobernador que ante su incapacidad política ha recurrido a la amenaza".

Al llamado también se sumó el diputado federal José Elías Lixa, quien cuestionó los ataques en contra de sus compañeros de partido, y advirtió que pese a ello, no van a ceder a las presiones.

"Que no renuncie a su inteligencia y conocimiento que dice tener de la Constitución, para convertirse en un pequeño dictador de caricatura si cree que sus bromas, chistes y desatinos en redes sociales los va a trasladar a partir de las instituciones como la UIF, Sistema Tributario para amedrentar a legisladores del PAN, está muy equivocado".

Lo anterior se da en un escenario ríspido que comenzó hace semanas por la migración de panistas hacia Movimiento Ciudadano, así como una serie de acciones emprendidas por el mandatario para fiscalizar los bienes de algunos líderes de Acción Nacional.

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