Retrasos en reforma judicial no afectarán a Nuevo León, asegura Arturo Salinas
En el programa Cambios, Arturo Salinas, presidente del Poder Judicial en Nuevo León, aseguró que la elección de los funcionarios federales del Poder Judicial servirá de aprendizaje para el estado.
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Arturo Salinas reiteró sobre la reforma federal al Poder Judicial que vendrá acompañada de varias complicaciones. / Especial
El hecho del vencimiento del plazo para que el Congreso local hiciera las modificaciones derivadas de la reforma judicial a nivel nacional no implica para la entidad ninguna consecuencia negativa, considera Arturo Salinas Garza, presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
En la emisión de ayer del programa Cambios, conducido por Víctor Martínez Lucio, Salinas aseguró que la elección de los funcionarios federales del Poder Judicial del próximo 1 de junio servirá de aprendizaje para el estado.
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“Venció el plazo, sí; ¿trae una consecuencia inmediata?, No. Y creo que al final lo que nos va a servir es el aprendizaje de la elección federal para adecuar nuestra legislación de una manera más sencilla para todos los ciudadanos”, manifestó a pregunta expresa del conductor.
Esta reforma ha sido rechazada por dos estados, Jalisco y Querétaro, pero ha sido aprobada por la mayoría de los estados gobernados por el partido Morena.
El Congreso local no ha abordado el tema, pero los senadores de Morena, Waldo Fernández y Judith Díaz, lanzaron la semana pasada su propuesta para hacer aquí una reforma más apegada a la que se votó a nivel federal.
De acuerdo con Salinas Garza, en la reforma judicial se establece que los estados pueden decidir el realizar la citada elección este año o hasta que coincidiera con elecciones en cada entidad.
En el caso de Nuevo León, añadió, se decidió que fuera hasta el año 2027 y que coincida con las demás elecciones que se tendrán en ese año en busca de la gubernatura, las alcaldías, diputaciones locales y federales.
“El tema de la adecuación de las Legislaturas locales se da en un contexto de dos situaciones: primero, la propia reforma establecía que en los estados el Poder Judicial se podía renovar de manera escalonada, ya sea en esta elección del 2025 o hasta el 2027 o en su caso cuando hubiese elecciones en sus estados”.
“En Nuevo León tenemos elección hasta el 2027 y plantear una elección en 2025 habría sido complicado”, indicó el titular del Poder Judicial estatal.
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Derivado de esa decisión, precisó, en la actualidad se están presentando iniciativas de reforma y en Nuevo León la reforma se discutirá a dos vueltas.
Luego, lo que el Congreso local deberá hacer es aprobar una primera vuelta para abrir la discusión, darle publicidad y empezar con las mesas de diálogo.
Una vez pasada la elección de junio de este año en muchas de las entidades del país, se verán las áreas de oportunidad que podrá aprovechar Nuevo León.
Arturo Salinas reitera que reforma al Poder Judicial traerá complicaciones
Por último, el presidente del organismo reiteró sobre la reforma federal al Poder Judicial que vendrá acompañada de varias complicaciones.
“Esta reforma creo que va a traer algunas complicaciones en la parte de administración de justicia. Primero, el gran reto que es la elección en sí misma; número dos, habrá un cambio abrupto en el sentido de decir ‘se renueva todo el Poder Judicial’ y esto traerá una etapa de ir consolidando o adaptando a esto”.
“Y número tres, y creo que es la preocupación mayor de los que formamos parte del Poder Judicial, federal o local, y es (saber): ¿Qué va a pasar con la carrera judicial? ¿Qué va a pasar con la independencia judicial y qué va a pasar con esta etapa, digamos de crecimiento dentro de las instituciones?”, destacó.
▶️ “El hecho de que el día 14 de marzo de 2025 venciera el plazo que nos daba el transitorio de la constitución para que las legislaturas de los estados pudieran legislar no nos genera un perjuicio ni a nosotros ni a los ciudadanos” Arturo Salinas, Presidente Poder Judicial… pic.twitter.com/Dq5v5cvvjE
— @telediariomty (@telediariomty) March 17, 2025
La reforma judicial fue una iniciativa que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su último año de mandato y fue aprobada en septiembre de 2024 por ambas cámaras, para convertir a México en el primer país del mundo que elegirá a todos sus jueces por voto popular.
La iniciativa fue impulsada en el marco del enfrentamiento entre López Obrador y la SCJN, Poder que bloqueó relevantes iniciativas presidenciales.
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