Guadalupe irá a juicio por deuda histórica con Simeprode

Al señalar que se trata de un adeudo histórico que data de administraciones anteriores, el municipio de Guadalupe adelantó que irán a juicio por los pasivos ante el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE).

Luego de los requerimientos emitidos por el estado a los municipios por una deuda total de 380 millones de pesos, 83 millones para el caso de Guadalupe, la alcaldesa Cristina Díaz, informó que buscarán la verdad jurídica en los tribunales.

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"En el caso de SIMEPRODE si, nosotros reconocemos que hay un asunto pendiente que es histórico, que data de otras administraciones a partir del 2009 en adelante, y hemos tenido un acercamiento para tratar de regularizar".

"Vamos a juicio (ante el Poder Judicial) para demostrar la verdad legal, la verdad jurídica sobre este asunto".

Cabe recordar que este fue uno de los motivos por lo que la autoridad estatal retuvo recursos a los ayuntamientos, que en el caso de Guadalupe ya fueron liberados gracias a un recurso legal.

"El día de ayer ya nos dieron la suspensión y eso permitió que quedaran liberadas las cuentas que estaban congeladas y eso fue como a las 4:30 de la tarde y con eso pudimos pagar a proveedores, pagar nuestra nómina a más de 4 mil 700 empleados".

"Y en cuanto a los recursos que le corresponde al estado habernos hecho la entrega, no llegaron el día último del mes, los depositaron el día 14".

Por otra parte, el ayuntamiento de Guadalupe fue multado con 47 millones de pesos por cubrir fuera de plazo los pagos del Impuesto Sobre Nómina, la edil defendió que esto obedeció a la poca recaudación durante la pandemia.

"Nosotros lo pagamos (Impuesto Sobre Nómina) extemporáneo en el 2020 y 2021, las razones son por todos conocido, fue una etapa muy compleja para todos por el tema del covid".

“Por ello, fuimos sometidos a una multa máxima, al cien por ciento, por eso Guadalupe fue requerido por 47 millones de pesos".

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Ayer, el tesorero estatal, Carlos Garza, aseguró que no hubo embargos a los ayuntamientos, y que la retención de recursos fue por adeudos de los municipios a la federación.

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