Kenia Hernández Guerrero, candidata al Senado de Jalisco, propone castigar el uso de réplicas de armas

La diputada Kenia del Refugio Hernández Guerrero, del Partido Verde Ecológico de México, es candidata al Senado de Jalisco a través de la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien está fomentando una iniciativa que plantea una pena de seis años de prisión y una multa a quien porte, fabrique o venda réplicas de armas de fuego o explosivos.

Esta propuesta en torno a la Comisión de Justicia para dictamen, reforma el artículo 160 del Código Penal Federal, con la finalidad de combatir el uso de armas réplica para cometer delitos en México, y cuidar a la ciudadanía de la inseguridad y la violencia.

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Hernández Guerrero confirma que este delito, aparentemente menor, se menosprecia o se deja de lado, hasta se atenúa cuando se ejecuta, ya que las víctimas agradecen que “sólo quedó en un susto” y en la pérdida de bienes materiales.

Pero señala que según el Inegi, en 2020, al menos 3 de cada 4 de los robos que se cometieron en la República, se hicieron con el uso de un arma de fuego. Asimismo, se calcula que el 50 por ciento de los robos en la Ciudad de México se ejecutan con el uso de un arma réplica.

Por lo anterior, la diputada confirma que no se puede omitir el uso de réplicas de armas, ya que ahora es un delito, asó que se debe prevenir, eliminando y sancionando con todo el peso de la ley, ya que su desatención hace tentadora y fácil la incorporación de los menores a la delincuencia.

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Ciberdelitos deben ser considerados amenazas a la seguridad nacional

Kenia del Refugio ha propuesto una iniciativa para que los ciberdelitos sean considerados como amenazas para la seguridad nacional, por lo que se plantea cambiar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece que se calificará como ciberdelito lo siguiente,

“Todo acto, conducta, incidente o amenaza ofensiva o maliciosa con la capacidad de provocar un efecto adverso, una falla, un acceso no autorizado, una vulnerabilidad, pérdida, daño o un delito desde el ámbito digital o ciberespacio, en contra de las personas, activos, información, infraestructuras de información, tecnologías de operación o instancias e instituciones del Estado mexicano".

Esta iniciativa detalla que esta clase de delitos deben ser considerados como una amenaza, ya que es un delito con orígenes y alcances no únicamente nacionales, sino internacionales, y los daños son no se pueden contar.

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