Ernesto Canales, ex funcionario de NL, deberá comparecer para definir orden de aprehensión
El ex funcionario de Nuevo León lleva varias semanas ilocalizable, sin embargo al fin se le notificó para la diligencia que definirá su futuro legal.
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Ernesto Canales | Raúl Palacios
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Ernesto Canales Santos, ex subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, deberá presentarse el próximo 25 de mayo en una audiencia donde se resolverá si se ordena su aprehensión por el presunto delito de administración fraudulenta, luego de varias semanas de estar ilocalizable.
Un juzgado penal de la Ciudad de México fijó la fecha para que el ex funcionario acuda y presente sus argumentos ante los señalamientos del Ministerio Público en su contra.
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Después de semanas de estar ilocalizable, el ex funcionario por fin pudo ser notificado para la diligencia que definirá su futuro legal.
¿Por qué se notificó a Ernesto Canales?
Se trata del caso donde fue denunciado por Paula Cusi Presa Matute, quien lo señaló de haberse quedado de manera ilegal con 6.6 millones de dólares cuando era su abogado.
El asunto se dirime desde hace varios años, pero debido a recursos legales interpuestos por ambas partes, el caso no ha logrado ser definido.
Hace un par de meses, Paula Cusi obtuvo un amparo, sentencia que dejó abierta la posibilidad de que Ernesto Canales pueda ser procesado penalmente.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó un amparo otorgado a la mujer, que ordenó dejar sin efecto la resolución dictada por la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual determinó que no había elementos para procesar a Canales Santos.
El Tribunal de Alzada ordenó que se dicte una nueva determinación, de manera fundada y motivada, y con plenitud jurisdicción, para resolver si hay o no elementos para llevar a proceso al ex funcionario. Por ello, el juzgado penal citó a la audiencia el próximo 25 de mayo.
Paula Cusi señaló en su demanda de garantías que la jueza Cuadragésimo Noveno del TSJ de la CDMX realizó una incorrecta valoración de pruebas, al determinar que no había elementos para procesar al ex funcionario, resolución que después fue confirmada por la Sala Penal.
Sin embargo, el Tribunal ordenó dejar sin efecto la resolución en la que se confirmó el auto de libertad por falta de elementos para procesar.
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