Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos celebra sesión ordinaria en Durango

Durante la mañana de este jueves, el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario (CCB) fue sede de la Asamblea General y Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos humanos (FMOPDH).

Dentro de dicha convención lograron tratarse temas y avances referentes a las reformas legislativas que permitían agilizar los trámites que involucren la violación a los derechos humanos de la ciudadanía.

Marco Antonio Guereca Díaz, titular de la Comisión Estatal De Derechos Humanos (CEDH), declaró que la realidad que actualmente se vive en cuestión de materia de violación de derechos no ha permitido la obtención de una certeza jurídica y social, afectado principalmente a oficios como el del periodismo.

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En el tema referente a la privación de libertad y a la lentitud en la emisión de sentencias, el presidente de la comisión destacó que las cifras que se tienen respecto a este tipo de deliberaciones son altas, sin embargo, se espera que, con la nueva homologación del sistema penal, estas puedan reducir o acortar los plazos para así obtener una justicia más pronta y expedita.

Respecto a la cruzada emprendida por el Juez Ramon Guzmán Benavente, donde el mismo señalaba que debido al incremento de delitos y procesos judicializados se requería un aumento de Jueces en materia, Guereca Díaz, se pronunció a favor, argumentando que, no es justo que una persona permanezca años sin haber podido ser sentenciada.

Por último, el ombudsman duranguense agregó que actualmente, el ejercicio de la función como derechos humanos atraviesa por un gran obstáculo que es el de no intervenir en cuestiones administrativas del poder judicial, pese a que, hace aproximadamente un año, se emitió una recomendación que aun continua en litigio.

Por lo que una de las tareas con aun continua latente en el organismo es la de generar la cultura de entendimiento, crear puentes de comunicación y hacer los debidos señalamientos a favor de la ciudadanía que se ha visto afectada por el incumplimiento de sus derechos.