Se amparan funcionarios del gobierno de Samuel García contra actos de Fiscalías y autoridades municipales
Miguel Ángel Flores Serna, jefe de la Oficina Ejecutiva del gobernador y Félix Arratia, secretario del Medio Ambiente, así como miembros de grupos empresariales se ampararon contra actos de Fiscalías y autoridades municipales.
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Funcionarios del gobierno de Samuel García se ampararon contra actos de otras autoridades. | Leonel Rocha
El juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, Felipe V. Consuelo Soto, concedió una suspensión de amparo al jefe de la Oficina Ejecutiva del gobernador, Miguel Ángel Flores Serna, y al secretario estatal de Medio Ambiente, Félix Arratia Cruz, así como a otras personas y a un grupo de empresas contra actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de otras autoridades de los municipios de San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Cadereyta, Linares, Apodaca, Montemorelos, Agualeguas, Santiago, García, Bustamante, Pesquería, General Bravo, General Treviño, Juárez, Higueras, Lampazos de Naranjo, Parás, Rayones, Doctor Arroyo, Aramberri, Doctor González, Galeana, Hualahuises e Iturbide, todos ellos gobernados por presidentes municipales de filiación partidista diferente a Movimiento Ciudadano.
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De acuerdo con el juicio de amparo 1758/2023-VI, al cual tuvo acceso la plataforma MILENIO-Multimedios, los solicitantes de la protección federal se quejan de ser objeto de “infamia por parte de dichas autoridades”.
Por ello piden que “cesen de inmediato todo acto encaminado a inferir infamia a la parte quejosa, así como cualquier acto u omisión que atente contra su integridad física o derechos humanos, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, para los siguientes efectos:
“a) Abstenerse de expresar de palabra y por escrito en cualquier lugar, reunión o medio al que asistan terceros, declaraciones que impliquen infamar, denostar, ofender, desprestigiar o hacer escarnio a la parte quejosa.
“b) Abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento de obra o de palabra en redes sociales o en cualquier otro medio de comunicación, mediante los cuales se ataque el honor, prestigio o dignidad del quejoso.
“c) Abstenerse de ‘formular cualquier expresión o declaración que induzca o condicione a la opinión pública o a un tercero a actuar en contra del quejoso; y,
“d) Emprender de inmediato acciones objetivas y materiales para que se retiren o supriman todo tipo de ataques en los medios que hayan difundido las expresiones que constituyan los actos reclamados y, en su caso, tratándose de publicaciones hechas por terceros, la responsable les deberá enviar comunicación para establecer que al quejoso se le concedió la suspensión de plano contra esas declaraciones, precisándoles la fecha, lugar y momento de la declaración”.
De acuerdo con el documento, entre los quejosos también se encuentran. Carlos Eduardo Mendoza Cano, Héctor Mateos Urbina, Miguel Ángel Flores Garza, Marcelo Flores Serna, Luis Florencio Flores Garza, Jesús Vladimir Tamez Flores, Luis Alejandro Sánchez Lara, Eduardo Palomares Chapa, ‘Rafael’ Salinas Pérez, Aerolíneas Reyneras, Frupack, Fletera Nacional de Gases, Transportes Nacionales e Internacionales Regias, Flosser Logistics, Aerolíneas Regiomontanas, Transervicios Logísticos del Norte, Greenside, Xanax, Granfresch, Comercializadora Fepal, Slice Pack, Thirone Financial Services, Coel Abogados, Coef Contadores y Mateos Hoyt.
Al respecto, el juez Consuelo Soto considera que resulta procedente “conceder la suspensión de plano, en razón a que de acuerdo a lo que aducen los quejosos, resulta necesario evitar la vulneración a la dignidad, el honor y el prestigio de todos y cada uno de ellos”.
Sin embargo, el impartidor de justicia otorga un plazo de cinco días para que los promoventes del recurso aclaren si previamente han promovido otros juicios de amparo “sobre los mismos actos que están reclamando en el presente asunto y ante qué autoridad se tramitan o tramitaron”.
Asimismo, se les solicita precisar en su caso el estado procesal que guarda cada uno de los juicios que señalen.
La suspensión fue concedida el lunes 13 de noviembre, y notificada ayer a la parte quejosa.
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