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Magistrada del TEE Nuevo León denuncia persecución por parte de la Fiscalía

La magistrada relató que, alrededor de las 16:00 horas de este viernes, al menos 15 agentes ministeriales se presentaron en las instalaciones del Tribunal Electoral.

Orlando Maldonado Nuevo León /

Después de notificar al Congreso local sobre el incumplimiento de la sentencia que ordenaba la recomposición de la Mesa Directiva, la magistrada del Tribunal Electoral de Nuevo León, Claudia Patricia de la Garza Ramos, denunció públicamente una persecución en su contra y contra el magistrado en funciones, Fernando Galindo Escobedo, llevada a cabo por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

A través de diversas publicaciones en sus redes sociales, la magistrada relató que, alrededor de las 16:00 horas de este viernes, al menos 15 agentes ministeriales se presentaron en las instalaciones del Tribunal Electoral.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes, la visita de los ministeriales fue para hacer entrevistas al personal del tribunal al llevar un escrito por parte del Congreso a nombre de la presidenta, Lorena de la Garza.

"El día de hoy se notificó a las diputaciones integrantes del Congreso y al Oficial Mayor que deben convocar a Sesión para designar a una nueva mesa Directiva donde la presidencia la ocupe una diputación de la primera minoría. La notificación se realizó a las 16.00 horas."
"Hoy después de las 16.00 horas llegaron 15 ministeriales al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León", acusó en su cuenta de Facebook la magistrada.

En otra publicación más adelante, acusó que cuatro ministeriales acudieron a un domicilio que perteneció a ella en donde preguntaron por su persona.

Magistrada teme por su seguridad

Dado ese hecho, la magistrada advirtió que su seguridad, la de su familia, y la de su compañero magistrado en funciones está en riesgo, situación por la cual hizo un llamado a las autoridades competentes para que los dejen realizar su trabajo sin intimidaciones políticas.

"También me he enterado que el día de hoy cuatro patrullas con Ministeriales acudieron a un domicilio que fue mío hace muchos años preguntando por mi persona."
"Mi seguridad, la de mi compañero Magistrado y nuestras familias corren riesgo. Hago un llamado a las autoridades competentes para que nos dejen hacer nuestro trabajo y hagan el suyo apegado a la legalidad fuera de intimidaciones políticas."
"En este momento no puedo salir del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León hasta en tanto se nos otorguen medidas de protección", señaló en sus redes.

Solicitarán medidas de protección

Fuentes allegadas al caso afirmaron que los magistrados electorales permanecieron en el tribunal hasta la noche de este viernes resguardados para evitar cualquier hecho de inseguridad en contra de su persona.

A la par, otra fuente adelantó que a partir de este viernes estarían solicitando medidas de protección para ellos y sus familias para evitar cualquier riesgo en contra de su integridad física y psicológica.

Cabe recordar que por mayoría de votos ambos magistrados tumbaron la integración de la mesa directiva que preside la priista Lorena de la Garza al determinar que la bancada de Movimiento Ciudadano sí demostró que se vulneraron sus derechos político electorales ya que era a ellos a quienes pertenecía la presidencia de dicha mesa por ser la primera minoría en base a los votos que obtuvieron en las elecciones del pasado 2 de junio.

Posteriormente a esa resolución, el tribunal realizó la notificación respectiva en las instalaciones del Congreso local para ordenar la reintegración de la mesa y siendo presidida por un diputado o diputada de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, previamente la presidenta Lorena de la Garza acudió ante el Tribunal Superior de Justicia para interponer una controversia de inconstitucionalidad en donde le otorgaron una suspensión para efectos de que el tribunal electoral no emitiera sentencia hasta en tanto no se resolviera de fondo la controversia.

Incluso, interpusieron una denuncia contra estos dos magistrados electorales presuntamente por no haber acatado el ordenamiento de la suspensión.

bimc

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